EL AYUNTAMIENTO DE MADRID APRUEBA LA NORMATIVA QUE CERRARÁ MÁS DE 10.000 PISOS TURÍSTICOS.

El Ayuntamiento de Madrid aprueba la normativa que cerrará más de 10.000 pisos turísticos.

El pleno da luz verde al Plan Especial para este tipo de alojamiento con los votos de Ahora Madrid y PSOE.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado el plan especial que regula los pisos turísticos. La normativa, que ha salido adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y en contra de PP y Ciudadanos, obligará a los alojamientos de este tipo a tener un acceso diferenciado del resto de vecinos, lo que en la práctica supone que el 95%, según el Ayuntamiento, no logrará obtener la licencia necesaria para ejercer esta actividad. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha asegurado que la normativa es necesaria porque "la masificación turística acaba con el turismo, no genera un valor añadido a las ciudades, sino muy por el contrario, degrada". "En el barrio de Sol, hoy, hay dos turistas por cada residente; en Cortes, 1,3 por residente. Esto se llama turistificación", ha asegurado.

El PSOE ha apuntado que hay más de 15.000 viviendas que operan de forma alegal en Madrid, más del 10% de ellas en el distrito Centro. El PP ha señalado sin embargo que son 10.467, según el registro de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento rechaza apuntar a ninguna cifra, porque se trata, como ha insistido Calvo, de una actividad no regulada, pero estima que hay entre 10.000 y 12.000. Como mínimo, quedarían fuera de la norma unas 10.500 viviendas pero, como señala el PSOE, el dato sube con los alojamientos no registrados.

El plan equipara viviendas turísticas con una ocupación superior a 90 días al año, según la definición actual de la Comunidad de Madrid, con otras formas de hospedaje, como pensiones y hoteles, cuando se compartan edificios de uso residencial. Se aplicará cuando entre en vigor —desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en dos o tres días— a todos los apartamentos turísticos que operen en la ciudad de Madrid. Lo que hace el Ayuntamiento es exigir y regular la licencia de cambio de uso, de residencial a terciario de hospedaje, que antes no necesitaban. En enero de 2018 el Ayuntamiento empezó a trabajar en el plan que regula la obligatoriedad de tener una licencia y que ha aprobado hoy, pero a la vez estableció una moratoria en la concesión de esos permisos. Quienes operan sin licencia lo hacen en la ilegalidad desde hace más de un año; la diferencia es que ahora pueden solicitarla, aunque los requisitos son casi imposibles.

Desde julio de 2018 un equipo de 22 inspectores de la Agencia de Actividades (ADA) ha revisado 11.936 viviendas en 502 edificios. De estas, ha determinado que 1.729 se dedican al alojamiento turístico, el 14,48%, y ha ordenado el cierre de 500 de ellos. El Ayuntamiento no tiene competencias para aplicar multas en este ámbito, pero lo que hace, en respuesta a denuncias de vecinos, policía municipal e inspectores, es iniciar expedientes individuales que pueden terminar en el cierre de los negocios de alojamiento por carecer de permiso, pero que según el concejal es un proceso muy garantista que se puede extender varios meses.

La concejal de PSOE, Mercedes González, considera urgente esta regulación para frenar que el centro de la ciudad de convierta en un "parque turístico" donde impere "la ley de la selva". Es "un primer paso, necesario, imprescindible para empezar a caminar hacia otra ciudad donde los vecinos puedan vivir en paz". La concejal socialista ha asegurado en el debate del pleno que la proliferación de pisos turísticos tiene un "claro impacto" en el mercado inmobiliario, que se traduce en la subida de los precios del alquiler de un 8% anual, que llega al 17% en algunos casos, problemas de convivencia vecinal, una sustitución de los vecinos por otros de mayor nivel adquisitivo y una modificación del tejido comercial. "El efecto más perjudicial es la gentrificación", ha denunciado.

PP y Ciudadanos aseguran que están de acuerdo en que el sector necesita una regulación, pero están en contra de la que ha planteado el equipo de gobierno. El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida, cree que "la alcaldesa Manuela Carmena quiere expulsar a un sector económico como las viviendas de uso turístico". "Sí queremos vecinos en el centro" y "hay que primar el descanso de los vecinos", asegura Almeida. Pero su grupo está en contra de que se exija un acceso independiente que, en la práctica, interpreta como una prohibición. "Hay un uso terciario, con ánimo lucrativo, desde el primer día, no desde el día 91", ha señalado también.

Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, asegura que el plan especial municipal no regula, sino que prohíbe que haya pisos turísticos en Madrid. "No se puede jugar a la saturación, vaciar de vida los barrios, y hay cuidar la convivencia", ha dicho Villacís, pero su grupo ha votado en contra de la normativa, que, ha augurado, anularán los tribunales porque "confronta con la legislación autonómica y estatal". Villacís se ha preguntado qué va a pasar con las más de 40.000 reservas que se han hecho en alojamientos de este tipo para las fiestas del Orgullo Gay.

Tres zonas de aplicación

Las competencias en turismo son de la Comunidad, que prepara su propio decreto para regular los pisos turísticos. La capital lo que hace es aplicar sus poderes en materia de urbanismo en cuanto a la regulación de los usos del suelo. Según el concejal de Urbanismo, se equiparan los pisos turísticos con otros alojamientos como hoteles y pensiones. Esto supone, según él, una vuelta a las normas anteriores a la etapa de Gallardón, que las flexibilizó cuando Madrid aspiraba a alojar los Juegos Olímpicos y el comité de organización señaló que hacían falta plazas de hospedaje.

Madrid queda dividida en tres anillos concéntricos, según la densidad de este tipo de alojamiento, que se concentra en el centro. Los apartamentos de las zonas 1 y 2 requieren accesos independientes, pero el Ayuntamiento apunta a que los hostales que ya cuenten con licencia pueden mantener su actividad, aunque pueden tener problemas si necesitan renovarla. En el anillo 3, la exigencia de acceso independiente se mantendrá cuando el hospedaje pretenda implantarse en sitios donde no estén permitidos otros usos terciarios, incluso dentro del mismo edificio. Por ejemplo, en un edificio de cuatro plantas, en el que en la primera se admite hospedaje y oficinas y en la cuarta solo hospedaje, en los anillos 1 y 2 harían falta accesos independientes en los dos pisos, pero en el anillo 3, solo en el cuarto.

El Ayuntamiento recibió más de 600 alegaciones a la norma, de las que ha incorporado parcialmente 41. Entre ellas había una del PSOE, que ha aceptado, para que los pisos que se encuentren en locales comerciales con entrada directa a la calle no necesiten un acceso extra.

Cuando se plantee cambiar el uso residencial por el de hospedaje en edificios completos, para instalar un hotel o pisos turísticos, será necesario un plan especial que estudie el impacto en el entorno y que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno y el pleno. A no ser que el edificio ya tenga un uso terciario, en cuyo caso podrá obtener licencia directa, excepto en los edificios protegidos. Cuando se trate de un edificio protegido de uso residencial, el plan especial deberá demostrar que no es viable rehabilitarlo para el uso residencial.

Recursos del sector

Manuel, un propietario de una vivienda turística miembro de la plataforma Madrid Aloja, que ha acudido al Palacio de Cibeles a protestar contra la medida, ha afirmado que los propietarios irán a juicio para defender su actividad.

La plataforma de alquiler temporal de apartamentos Airbnb ha tildado la nueva regulación municipal de "poco clara", "injusta" y con "restricciones desproporcionadas". "Airbnb sigue dispuesto a trabajar con el Gobierno de la ciudad en una mejor manera de avanzar y colaborar en normas claras que verdaderamente funcionen para todos”, afirman fuentes de la empresa.

El concejal José Manuel Calvo cree que la normativa que se ha aprobado hoy tiene una base sólida. "Esta normativa lo único que hace es equiparar las condiciones para una vivienda de uso turísitico con las que ya tiene obligado cumplir cualquier otra actividad terciaria", ha insistido. "Está muy armado jurídicamente", asegura, pero "como cualquier instrumento urbanístico puede y será recurrido". Calvo confía, sin embargo, en que los tribunales le den la razón.
NO CREO QUE ESTA NORMATIVA ABARATE LOS ALQUILERES POR  TEMOR A  LOS OKUPAS.