3.000 EMPLEADOS DEL NARCOTRÁFICO EN LA LINEA.

Tres mil empleados del narco en La Línea

Una treintena de bandas con miles de colaboradores directos impone en la ciudad gaditana sus reglas, basadas en el clientelismo y el temor

De una calada honda, Pepe —tez morena de marcadas arrugas, 62 años y nombre ficticio— se mete en los pulmones un cóctel de tabaco y hachís. “Hoy la mitad de todo esto sería mío, pero lo dejé. El negocio ha cambiado mucho, ya no son narcos, son asesinos”, reconoce mientras exhala una narcótica nube, en una luminosa mañana en la playa de El Tonelero, en La Línea de la Concepción (Cádiz). Su parsimonia y sinceridad se cotizan al alza en el epicentro de la droga del sur de España, La Atunara. En pleno día y armados hasta los dientes, policías y guardias civiles han entrado a tropel en este barrio. Ha caído una colla (argot autóctono para referirse a una banda de traficantes) y hay 13 detenidos. Los vecinos se arremolinan alrededor. Algunos, caldeados, gritan “chivatos” a policías y periodistas.

“Habéis escogido un mal día. Debéis tener cuidado”, reconoce Pepe, lanchero de hachís en los ochenta que dice estar ya retirado. Sentado en el pretil de la playa, el linense contemplaba el pasado jueves la escena, como si no fuese con él. El operativo no parece casual. Después de que 20 encapuchados asaltasen el hospital local para llevarse a un narco, era perentoria otra estocada a la narcoeconomía, desplegada con agresividad y alevosía, en el Campo de Gibraltar. Tan solo en La Línea, con 63.278 habitantes, los sindicatos policiales estiman que existen unas 30 bandas con más de 3.000 colaboradores directos. “Se han echado a la poca vergüenza. Son mafias a las que les da igual matar o que les maten”, añade Pepe.

“El niño se ha hecho grande. Empezó con el trapicheo, siguió con el contrabando de tabaco y llegó al hachís”. Juan Franco, alcalde de La Línea, resume lo que está ocurriendo en su pueblo. Ciudad frontera por partida doble (con Gibraltar y Marruecos), es la puerta de entrada del chocolate en Europa. En 2017, se aprehendieron 145.372 kilos de hachís frente a los 100.423 de 2016, lo que supone un incremento cercano al 45%, con 755 detenidos, según ha reconocido este lunes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su visita a la localidad. Pero aunque el ministro se empeñe en resaltar que la zona “no va a estar dominada por los narcotraficantes”, los responsables de contenerlos sobre el terreno tienen una visión distinta. “Hay un evidente aumento de la agresividad. Embisten, usan armas y van sin piedad”, dice Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar.

“Cierta ética”

Criados en familias de gayumberos —palabra local para referirse al que trafica con droga—, el actual narco linense ha aprendido el oficio de sus mayores y lo ha llevado a otro nivel. “No es que quiera dar una imagen romántica, pero la anterior generación tenía cierta ética”, reconoce Franco. Pepe recorría 14 kilómetros “para bajarse al moro” en una patera y traer no más de dos o tres fardos de hachís. Trabajaba para jefes que preferían pasar desapercibidos y, aunque a él nunca le detuvieron, sabía a lo que se exponía: “Si un guardia te cogía, te rendías porque te habían pillado”. Pero eso se acabó, en el viaje de una embarcación neumática (gomas, en el argot) de hoy se transportan de dos a tres toneladas y la nueva generación hace lo que sea por protegerlas. No ayudó que el relevo se produjese en plena crisis, con tasas de paro en La Línea que rondaron el 42% (ahora está en un 33%) y plantillas de agentes seriamente tocadas. Hoy el sindicato policial SUP estima que en la ciudad faltan unos 100 policías. Se suman a los 300 que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cree que se necesitan en la Comandancia de Algeciras.

755 personas fueron detenidas en la localidad en 2017 por tráfico de drogas

Con las plantillas policiales esquilmadas y el kilo de hachís valorado en 1.640 euros, la empresa del narco ha invertido beneficios en sofisticarse. “Están a años luz. Su infraestructura está muy por encima de la nuestra”, asegura Arroyo. Además de radares, suelen emplear teléfonos encriptados, narcolanchas con hasta tres motores fueraborda y una amplia red de informantes. “Si te metes con el coche por sus zonas, cualquiera de los que estén vigilando enviarán tu matrícula a un grupo que tienen para ver si te tienen fichado. Incluso usan cámaras para controlar la ciudad”, reconoce un policía que pide ocultarse bajo el nombre de Eduardo. Un paseo por La Atunara descubre decenas de miradas furtivas de jóvenes, de entre 20 y 30 años, con caras de pocos amigos. Para foráneos o agentes, callejear más de la cuenta, preguntar en exceso o sacar una cámara puede conllevar amenazas o pedradas.

Eduardo ya ni se sorprende de lo ocurrido en el hospital. El año pasado, en una detención en la playa, vio cómo un grupo de vecinos acabó rodeando a seis policías para intentar llevarse del coche patrulla al apresado. En abril de 2017, un centenar de personas se liaron a pedradas contra otros agentes que intentaban frustrar un alijo en la zona de El Tonelero. En la madrugada del pasado lunes, tres encapuchados entraron en un depósito judicial en Conil para robar una narcolancha a punta de pistola. Las embestidas de todoterrenos a coches patrulla y las armas (en un registro aparecieron hasta cinco Kalashnikov) son ya comunes. “La impunidad es absoluta”, reconoce Juan, guardia civil linense. El agente estima que a las costas de La Línea arriban “hasta 10 gomas diarias cargadas de hachís”. Calcula que operan unas 30 collas y “cada una da trabajo directo a unas 100 personas”. Son una minoría, pero “han capilarizado la sociedad hasta tal punto que ya han llegado a todo”, asegura Franco.

“Hay un evidente aumento de la agresividad”, sostiene una fiscal

En los barrios en los que se asienta, el narco impone su ley, basada en la generosidad con el vecino, la connivencia y el silencio. Pero Juan lo tiene claro: “No es solidaridad, si dan algo, ya se lo cobrarán. Favor por favor”. Su interés por comprar ayudas incluso ha calado en los agentes. Policía y Guardia Civil ya se han visto obligadas a detener a varios compañeros, vinculados a tratos de favor con traficantes, reconoce José Encinas, de AUGC.

El traficante es capaz de imponer su narcocultura a golpe de chándal y coches lujosos. El alcalde da más señas: “Se creen que son nobleza y realizan matrimonios de conveniencia. Vinculan así las bandas y garantizan el silencio entre familias”. Su ideal de ostentación ha llegado incluso a tiendas del centro. En una —bajo sospecha por pertenecer a la mujer de un capo— los escaparates son una oda a prendas deportivas y deseadas marcas para narcos. “Les gusta hacer ostentación”, reconoce Juan mientras no pierde ojo de su alrededor. “Cuando veas a uno con chándal negro, reloj vistoso, pelo y barba perfecto… Ya sabes”, tercia con media sonrisa.

Zoido anuncia refuerzos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, regresó ayer a La Línea. El ministro sacó pecho: “La eficacia policial ha conseguido incrementar un 300% las incautaciones de cocaína —estas, a través del puerto de Algeciras— y un 45% las de hachís en el Campo de Gibraltar”. La visita se produce en medio de la indignación de sindicatos policiales por la falta de medios. En verano, se llegó a desplegar hasta 150 agentes de forma temporal. Sin embargo, todos se marcharon por el conflicto catalán.

El ministro anunció ayer el regreso de nuevos equipos, aunque no ha precisado cuándo, cuántos o si llegarán para quedarse, como reclaman los sindicatos. Igualmente, avanzó que se estudiará prohibir la navegación de las narcolanchas, una medida ya tomada por Gibraltar hace años.

También tienen un ejemplo a seguir: el clan de Los Castañas, capitaneado por los hermanos Antonio y Francisco Tejón, los señores del narcotráfico linense. Controlan el 60% del hachís y “son héroes para su entorno”, dice José Encinas, de la AUGC. En La Línea, éstas y otras andanzas de los narcos están en boca de muchos. Y el pueblo ya no puede más. “Sentimos alarma, asco, desesperanza y sensación de abandono”, reconoce Franco. La tarde del próximo 27 de febrero ya hay convocada una manifestación para decir ‘basta’. Exigen la declaración de La Línea como zona de especial singularidad, el refuerzo de los cuerpos de agentes, la creación de unos juzgados especializados y la adopción de medidas económicas y sociales para la localidad.

Mientras, la rueda sigue girando. La colla desmontada el jueves pasa a disposición judicial un día después. En los juzgados, grupos de familiares y amigos de los detenidos esperan a saber qué será de los 13 apresados. Dentro, Arroyo está a punto de pedir prisión incondicional sin fianza para 10 de ellos. Tras más de un año de investigaciones, 30 registros y cuatro toneladas de hachís incautado, el proceso ya está judicializado. Los abogados entran en escena para intentar dilatar el procedimiento o invalidar alguna prueba, especialmente, los pinchazos telefónicos. En dos años, el caso que ahora destempla los nervios en los feudos del narco llegará a los tribunales. Para ese entonces, nadie se atreve, siquiera, a vaticinar qué habrá sido de La Línea. “Como no se actúe, el futuro pinta muy negro”, remacha Encinas con gesto sombrío.

AHÍ PARECE QUE SI HAY EMPLEO.DE ESTO NO SE HABLA,MENUDA MARCA ESPAÑA SR.RAJOY