ANNA GABRIEL TAMBIÉN HUYE DE LA JUSTICIA.

Anna Gabriel también huye de la Justicia y baraja solicitar asilo en Suiza.

La exdiputada de la CUP comunica por escrito al Tribunal Supremo que no acudirá a la citación de este miércoles.

La decisión estaba tomada desde hace tiempo y algunas fuentes jurídicas lo daban por hecho desde este lunes, pero faltaba la confirmación. Esta ha llegado a través de la propia Anna Gabriel en una entrevista publicada este martes por el periódico suizo Le Temps, en la que la dirigente de la CUP asegura que su intención es quedarse escondida en Suiza. La exdiputada ha comunicado también mediante un escrito presentado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo que no comparecerá ante el juez Pablo Llarena para declarar como imputada en la causa contra los dirigentes del procés. "No iré a Madrid", titula el diario que ha avanzado la noticia en un recuadro en primera página. "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", explica al diario la exdiputada. "Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado", añade desde Suiza. En el avance de una entrevista que se emitirá este martes por la noche en la cadena de televisión RTS afirma además que si solicitan su extradición pedirá asilo político.

El texto cuenta que Anna Gabriel hace alusión a las recientes filtraciones en la prensa sobre la investigación policial. "En su informe, la Guardia Civil dibuja el retrato de una activista feroz. La acusa de haber participado en la formación de un consejo de dirección de la rebelión independentista y de haber alentado a la población a la desobediencia", agrega el texto. Ella responde a tales acusaciones: "Siempre he hecho campaña por el referéndum, pero de manera pacífica. La cuestión de Cataluña debe resolverse políticamente, mientras que las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión".

La exdiputada anticapitalista reconoce que este miércoles el juez podría anunciar una orden de extradición contra ella. Gabriel ha comunicado al Tribunal Supremo que no comparecerá ante el juez al no tener garantías de que sea un proceso justo y porque sus derechos se verían comprometidos en el caso de participar voluntariamente. "Mis abogados y yo creemos que una extradición sería ilegal porque no hay ninguna base para sostener que yo haya cometido ningún delito. Y tenemos toda la base para defender que se trata de una persecución política", afirma en la televisión pública. "Suiza no acepta las extradiciones de personas que son perseguidas políticamente y ese es mi caso", añade, aunque admite que si Suiza acepta una hipotética solicitud de extradición, podría ingresar en una cárcel helvética.

Asilo político

Gabriel, de 42 años, afirma en la misma conversación grabada en Ginebra que no ha pedido asilo político, aunque es una cuestión que no descarta. "Si me quedo aquí voy a intentar retomar la vía académica -yo era profesora de derecho en la Universidad de Barcelona-, voy a intentar trabajar e instalarme aquí. Si no puedo porque hay una orden de extradición, pediré asilo político".

La dirigente de la CUP se marcha a Suiza porque allí será "más útil" para su movimiento "que detrás de las rejas", según ha dicho al diario Le Temps. "Cuando he visto el destino de algunos de mis colegas, que se encuentran en prisión desde diciembre pasado, me he dado cuenta de que debía irme. No solo estoy arriesgando yo, sino que todo el gobierno [de la Generalitat de Cataluña] está amenazado", agrega.

La exdiputada, en la misma línea que en la carta de este pasado lunes de Oriol Junqueras, compara la situación de Cataluña a la de Turquía, donde se está desarrollando "una caza de brujas con casi 900 personas bajo investigación, entre ellas maestros, policías, políticos e incluso simples votantes". Además, dice ser víctima de "la violencia de los fascistas", de quienes asegura que recibe diariamente amenazas de muerte.

La estancia de Anna Gabriel en Suiza se conoció el pasado sábado. Ese día, la CUP informó de que su dirigente se había desplazado a Ginebra "en las últimas semanas" para preparar su estrategia de defensa. La formación justificaba la decisión en la necesidad de dar una "dimensión internacional" a la situación judicial y señalaba que había en el país helvético "entidades, instituciones internacionales y abogados" vinculados con la "defensa de los derechos civiles y políticos", tanto para la estrategia de la defensa de la formación como para "consolidar su posicionamiento político".

Gabriel está siendo asesorada, además de por su abogado en España, Benet Salellas, por el letrado suizo Olivier Peter, que ha llevado casos de extradición de colaboradores de ETA como Nekane Txapartegi, arrestada en el 2016 en Zúrich. En el mismo artículo de Le Temps, Peter subraya que no teme una petición de extradición sobre su ahora defendida, a la que, asegura, España no garantiza un juicio justo. "Mi cliente está siendo procesada por razones políticas, lo que haría ilegal una solicitud de extradición. Confiamos en que las autoridades suizas se nieguen a legitimar el encarcelamiento de parlamentarios por defender el derecho al voto".

La CUP denunciaba las "altísimas" penas de prisión que acarrean los delitos de los que se acusa a Gabriel y los otros encausados, entre los que se encuentra su compañera de partido Mireia Boya, que sí acudió a declarar la semana pasada. Además, añadían que las medidas cautelares adoptadas como las fianzas altas, la prohibición de salir del país o la prisión incondicional para dos exconsejeros y dos líderes de las entidades soberanistas ponen de manifiesto el "carácter ejemplificador" que quiere dar el juez al caso. 

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