LA CORRUPCIÓN EN ASTURIAS

El juicio de "Marea" se abre con la revelación de un desfase de 5 millones en el Adolfo Posada

Las acusaciones critican la "inactividad culpable" del Principado, que presenta un informe con nuevas irregularidades, pero el juez lo rechaza - Las defensas se ceban en la "caótica, personalista y defectuosa" instrucción, que arrastra "vicios de nulidad" desde el principio

El juicio del "caso Marea" empezó ayer a lo grande en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, con nuevas revelaciones de posibles desfalcos en la administración regional. El letrado del empresario Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Miguel Valdés-Hevia, desveló un desfase de más de 5 millones de euros en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Los datos proceden del propio Principado, que remitió un inventario de adquisiciones. "Tenía un presupuesto de 6 millones, y en el periodo de 2006 a 2009 gastó 11,5 millones, 8,8 de ellos en mobiliario, lo que hace un gasto de 8.800 euros por metro cuadrado", indicó Valdés. "Hay un sinfín de compras cargadas ahí, como los espejos de la Consejería de Cultura, el stand de la Feria de Muestras, la caldera del edificio de Presidencia y 100 papeleras", añadió. "Estamos ante un fraude catedralicio, o ante un caos contable también catedralicio", sentenció el letrado, que anunció más sorpresas durante el juicio. Valdés-Hevia pidió la comparecencia de la antigua directora del instituto, Soledad Saavedra, esposa del expresidente regional Vicente Álvarez Areces. Las acusaciones populares no se oponen y la sección tercera de la Audiencia decidirá en los próximos días si la cita a declarar como testigo.

En la vista de ayer, dedicada a las cuestiones previas, se puso en solfa la "extravagante, caótica, personalista y defectuosa" instrucción llevada a cabo por los jueces del caso. Primero, Ana López Pandiella, del Juzgado número 4 de Gijón, que inició la investigación en febrero de 2010, y que según las defensas continuó las diligencias pese a que no tenía competencia -dado que los hechos investigados se habían producido en Oviedo-, ordenó escuchas telefónicas en base a "conjeturas" y se convirtió en "una máquina expendedora de autos". Y Ángel Sorando, extitular del Juzgado número 2 de Oviedo, que se enfrentó a la Fiscalía y "maltrató" a los acusados, tachándolos de "mafiosos" y utilizando términos como "los chanchullos", "los sobornos" o "la omertá", según Valdés-Hevia.

El letrado Esteban Aparicio, de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), habló de "inactividad culpable" del Principado, que esperó al pasado mes de marzo para presentar un nuevo informe sobre irregularidades en 53 colegios donde no se sirivió material de Igrafo y APSA, que amplía el monto del fraude en 2,5 millones de euros (un segundo informe eleva los centros a 87 y las cantidades malversadas a 4 millones). La fiscal Carmen Rodríguez se mostró especialmente dura con el Principado, que "desde mayo de 2011 tenía conocimiento de las irregularidades y no aportó la documentación pertinente".

ASTURIAS TAMBIÉN TIENE SU BUENA CORRUPCIÓN QUE TODO EL MUNDO CALLA Y EL GOBIERNO TRATA DE OCULTAR Y SE OPONE A QUE SE JUZGUE.