Los expertos ofrecen vías para desmontar un "ya insoportable" Estado autonómico.
Televisiones, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias de protección de datos… todo multiplicado por diecisiete, tantas como comunidades autónomas hay en España. La crisis ha colocado al Estado de las autonomías en el punto de mira por los excesos, duplicidades y redundancias que de él se derivan. Además, el foco sobre el gasto extra que exige el actual modelo estatal se acentúa con las exigencias para reducir el déficit que llegan desde Bruselas, pero con todo el Gobierno sigue sin animarse a meter la tijera en esas redes.
¿Se puede desmontar el Estado de las autonomías? ¿Cómo? En éste, como en todo debate, existen posturas enfrentadas, pero también un punto en común: mejorar la eficiencia del modelo autonómico es una medida capital para salir de la crisis. “La estructura actual ya era insostenible antes de la crisis y ahora se ha tornado en insoportable”, apunta Juan Carlos Jiménez, profesor del Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.
Una opinión que ya comparte el 40% de los españoles, que prefiere "un Estado con un único Gobierno central, sin Autonomías", tal y como recoge el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sin embargo, no parece que la intención de los principales partidos políticos coincida con la de los ciudadanos. "Actualmente el Partido Popular tiene en sus manos frenar la sangría de gasto, aprovechando que disfruta del poder en la mayoría de las autonomías y, sin embargo, se está mostrando incapaz de hacerlo", analiza Jiménez.
Uno de los pocos intentos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy que ha protagonizado en esta línea es la reforma de la administración local, que sufrió el rechazo frontal de todos los alcaldes, incluidos los populares. Finalmente, y tras ceder ante los ediles, el Gobierno aprobó un recorte de la administración local para ahorrar 7.129 millones anuales, pero ni rastro de medidas para racionalizar el gasto autonómico.
La burbuja de la Administración pública
"Es necesaria una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas". Esperanza Aguirre, que se ha convertido en una auténtica china en el zapato de Rajoy, apuntaba esta semana directamente a la necesidad de acabar con el que supone uno de los mayores excesos para las arcas nacionales: una Administración sobredimensionada.
"En los años de bonanza la burbuja de la Administración creció sin control al erigirse como una vía para dar empleo fácil, siendo las CCAA las grandes generadoras de estos puestos. Ahora no saben qué hacer con toda esa gente, no pueden ponerles en la calle a todos y menos en un momento en el que España ya tiene más de seis millones de parados", analiza Jiménez. Una reflexión que le lleva a considerar "la aparición de auténticos brotes verdes" como el mejor momento para acometer recortes en este área.
Por su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero no considera que el elevado número de funcionarios sea el problema, sino la ingente cantidad de organismos que se han creado con la excusa de respetar la identidad de cada comunidad. "El Estado de las autonomías surge con el objetivo de limitar las aspiraciones de las nacionalidades históricas y, a partir de ese momento, nos hemos inventado la diferencia para identificarnos y en el empeño por ser más y más originales hemos creado televisiones autonómicas, consejos, observatorios, embajadas, etc., que lejos de satisfacer los intereses del colectivo sólo han servido para enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos", reflexiona Monedero.
Devolver al Estado la Educación, la Sanidad y la Justicia
Otra de las medidas que siempre aparece cuando se habla de reducir el gasto derivado de las comunidades autónomas es la de devolver al Estado algunas de las competencias que éstas ejercen. Sólo la independiente Aguirre se ha atrevido a verbalizar semejante supuesto, que el resto de la clase política obvió.
"Esta posibilidad tendría que partir de una reforma de la Constitución y, en este sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos treinta años ha quedado en evidencia la postura del Tribunal Constitucional ante los intentos de racionalización de las competencias: favorable a los intereses de las autonomías y contrario a los aires centralizadores", recuerda Juan Carlos Jiménez.
Por tanto, con la actual regulación la devolución tendría que partir de las propias comunidades algo que se antoja complicado. "Pensar en que la clase política de este país vaya a renunciar a sus asientos, sus coches oficiales, sus dietas y demás privilegios es una utopía. No va a pasar", sentenciaba un politólogo de la Complutense.
El papel de las diputaciones
Existen expertos, como el catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política, Víctor Sampedro,para quienes plantear un debate en torno a las comunidades autónomas es atacar el diseño constitucional: "Ni ciudadanos ni medios de comunicación debemos cuestionar las autonomías mientras se consiente una estructura franquista como son las diputaciones".
Más allá de su origen, el principal recelo que despiertan se puede resumir en una de las frases que más se ha repetido desde que empezó la crisis: ¿Para qué sirven las diputaciones? "Para nada. Forman parte de un legado autoritario y un presente corrupto que únicamente sirven como mecanismo para aumentar el poder central y los intereses particulares de los partidos políticos, ya que son ellos y no los ciudadanos los que las controlan de principio a fin. Hay que eliminarlas porque sólo favorecen políticas clientelares y corruptas de una clase política ineficaz", apunta Sampedro.
Sin embargo, la realidad es que a pesar de su irrelevancia, las diputaciones no han parado de aumentar su personal durante el proceso de consolidación del Estado de las autonomías, suponiendo un coste cercano a los 22.00 millones de euros anuales. Una cifra que indigna y lleva a la mayoría de expertos a apostar por la eliminación de las diputaciones como medida para reducir el déficit, antes que plantear recortes en el ámbito autonómico. "Tanto el Partido Popular como UPyD y también parte del PSOE están intentando convencer al ciudadano de que el centralismo es lo más democrático a la vez que aprovechan la crisis para desmontar la plurinacionalidad", critica Sampedro. "Quieren que todo cambie no para progresar, sino para volver a lo anterior".
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