ALEMANIA CON DOS VARAS DE MEDIR.
El ministerio de Sanidad de Alemania publica en la prensa de ese país un anuncio en el que aparece una joven cuidadora junto a una anciana, ambas sonrientes. La leyenda que acompaña la imagen reza: «Más individualidad en los nuevos cuidados».
El anuncio explica a continuación que la nueva ley sobre el cuidado de personas necesitadas de ayuda -algo parecido a nuestra ley de dependencia- ha introducido «muchas mejoras», incluidas las pecuniarias, para aquellas y sus familiares a fin de aliviar la carga.
El Gobierno de coalición entre cristianodemócratas y liberales ha eliminado, por otro lado, y gracias al superávit de las cajas aseguradoras, las tasas que debían pagar trimestralmente los pacientes para acudir al médico de cabecera porque entrañaba costes burocráticos para esos profesionales y no tenía ningún efecto disuasivo sobre los pacientes.
Otras medidas populares son el incremento de las pensiones más bajas y la nueva subvención de 150 euros al mes para aquellas madres que se abstengan de enviar a sus hijos de menos de tres años a la guardería y acepten criarlos en casa.
El Gobierno de Angela Merkel está adoptando con vistas a las próximas elecciones medidas que van en la dirección opuesta a la de las que se nos imponen aquí con el manido argumento de que son absolutamente necesarias y nos las reclaman además desde Europa.
Mientras tanto, la Agencia Federal del Trabajo de Alemania toma buena nota de la existencia de una gran reserva de profesionales en nuestro país y en otros castigados por la crisis. Miles de ingenieros españoles están sin trabajo y lo mismo ocurre con los médicos griegos o el personal sanitario portugués, señalan en ese organismo.
No deja de ser un drama que nos hayamos convertido de un tiempo a esta parte -y sin que ello parezca preocupar demasiado a nuestro Gobierno- en un país exportador de técnicos, de científicos y de otros profesionales cualificados que tanta falta nos harían aquí en un futuro si es que aspiramos a ser algo más que un país de fontaneros y camareros.
Durante el franquismo exportábamos albañiles y otros trabajadores apenas cualificados, muchos de ellos con estudios primarios, en el mejor de los casos. Hoy se busca a nuestros médicos, ingenieros o arquitectos. Jóvenes a los que hemos formado con dinero de todos y cuyo talento y capacidades van a aprovechar otros.
Es un drama -el de la fuga de cerebros- que conocen muchos países en desarrollo, pero al que aquí un Gobierno mínimamente responsable debería esforzarse en poner remedio cuanto antes. Sobre todo porque, de seguir las cosas como hasta ahora, muchos de esos profesionales no van a regresar. Y las ganancias de unos serán pérdidas para nosotros.
Cuando menos te lo esperas salta un economista y dice que una de las razones por las que España no cumplirá en 2014 el objetivo de déficit pactado con Bruselas es por la reforma de la administración pendiente. No cuesta mucho trabajo creerlo; dado que de la elefantiásica burocracia administrativa y política de este país el Gobierno no ha dado muestras de estar dispuesto a recortar nada. Se ha limitado a quitarles las pagas extra y rebajarles los salarios a los funcionarios, y a exigir una reducción de gasto a las autonomías y a los ayuntamientos que se traduce básicamente en tijeretazos sociales. Pero de los privilegios de la casta, ni hablar. ¿Han visto los lectores algún tipo de recorte sustancial en relación a sus señorías, sueldos y privilegios?
Italia, Inglaterra y Grecia, por poner tres ejemplos a mano, han reducido provincias y ayuntamientos. Evidentemente no cuentan con diecisiete gobiernos autonómicos glotones, como sucede aquí, donde los asesores superan en número a los diputados. Tampoco están tan desasistidos de transparencia hasta el punto de que el contribuyente, con la que está cayendo, no tenga siquiera el derecho a saber en qué emplean los partidos y sus grupos el dinero extra que reciben aparte de los salarios. En el caso de Asturias, 2,79 millones de euros anuales que no se sabe a dónde van a parar. De todos ellos, sólo el PP se ha dignado a explicarlo.
¿Qué es la transparencia? En el Principado, al menos, una palabra con la que se ha enjuagado la boca desde Javier Fernández, pasando por todo el elenco, a UPyD. Este último partido, un diputado y seis asesores para atenderlo, como se ve todo un equilibrio ecoparlamentario, ha hecho de la transparencia un mensaje de captación de voto. Pero se ha quedado, por lo que parece, sólo en eso ¿Se puede pretender ser transparente y, al mismo tiempo, no explicar con el debido detalle a qué se dedican los 11.747 euros mensuales que embolsa la organización? Se observa sordina; las dos veces, creo, que tuve la oportunidad de entrevistar a Rosa Díez la música no sonaba así.
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