EL GOBIERNO QUIERE PRIVATIZAR LA SANIDAD PÚBLICA.¡DEFENDAMOS LO POCO PÚBLICO QUE NOS QUEDA¡
De la pública a la privada y al revés.
El trasvase de directivos y gestores entre la Administración y las empresas de la sanidad evidencia sus estrechas relaciones y la falta de control y transparencia.
Manuel Marín Ferrer fue entre 2000 y 2007 el hombre de la Generalitat valenciana en el departamento de Salud de la comarca de La Ribera, de gestión privada. Durante este tiempo ocupó el cargo de comisionado. Su trabajo consistía en supervisar desde la Administración a la empresa privada adjudicataria de la atención sanitaria: Ribera Salud UTE. En septiembre de 2007 esa misma operadora sanitaria le fichó para ocupar el cargo de mayor responsabilidad: la dirección del departamento de Salud. Y pasó, sin etapas intermedias, de vigilar a la empresa desde su puesto de la Administración pública sanitaria a estar en nómina de la compañía.
La prensa británica se ha hecho eco recientemente de casos que los anglosajones denominan gráficamente “puerta giratoria (revolving door)”: el tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las empresas a trabajar para ellas. The Guardian publicaba el pasado 23 de noviembre que un exasesor de salud del Gobierno de Cameron acaba de ser fichado por un lobby de la sanidad privada.
En España también existen casos similares, como muestra el caso de Marín Ferrer. Tanto de personas que ponen al servicio de las firmas privadas todo el conocimiento adquirido en la sanidad pública como al contrario, cargos que desde la Administración impulsan iniciativas privatizadoras que benefician a las empresas del sector sanitario y que algunos han bautizado como “la estrategia del caballo de Troya”.
Esto sucede en un momento muy convulso para la sanidad pública, azotada por los recortes de gasto y con la mayor apuesta privatizadora registrada hasta ahora. La gestión de 10 hospitales en Madrid y Castilla-La Mancha está a punto de cambiar de manos: de las públicas a las privadas. El rechazo a estas políticas ha sacado a la calle en bloque al sector sanitario madrileño.
Valencia y Madrid destacan por la ida y vuelta de sus ejecutivos sanitarios.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), de la que forman parte 12 sociedades científicas, es más explícita. Primero, destaca la falta de información sobre el resultado de las experiencias privatizadoras: “Contrariamente a lo que publicitan sus defensores, en la práctica no se han demostrado ventajas que aconsejen su adopción”. Esta información tan limitada “solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios puede suponer al reducir la eficacia de la supervisión sobre los servicios prestados”, añade. Y aún va más lejos al avisar del “enorme riesgo de captura del regulador”, fenómeno que se da cuando la influencia de las empresas [en este caso el sector privado sanitario] es tal que tiene la capacidad de someter a la Administración, anular su función inspectora y convertir al regulador “en casos extremos en defensor de los intereses de la empresa dominante”, en lugar del interés general. “Puede tener sentido separar el proveedor de los servicios [privado] del financiador [público], pero siempre que exista un control estricto del segundo respecto del primero”, añade Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (de ámbito estatal, tiene unos 900 socios, médicos o economistas, y forma parte de SESPAS). “El problema de fondo es que faltan normas de buen gobierno” respecto a este modelo, añade. En especial cuando pocos operadores sanitarios copan el mercado y, gracias a ello, adquieren gran capacidad de influencia sobre las Administraciones que contratan sus servicios, como sucede en España con el peso de Ribera Salud y Capio, los dos principales grupos que gestionan hospitales públicos.
Un ejemplo de presunto “caballo de Troya” es Antonio Burgueño,director general de Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña desde 2008, ideólogo del plan sanitario madrileño para 2013 (privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud), que pasó más de 20 años trabajando para empresas del sector. En su época como director asistencial en Adeslas puso en marcha el hospital de Alzira. Después asesoró a Capio en la construcción del hospital de Valdemoro —traslación del modelo Alzira a Madrid—, inaugurado en 2007. Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja para Ribera Salud, a la que asesoró en el proyecto del hospital de Torrejón (recién comprado por Sanitas), que la Consejería de Sanidad adjudicó cuando Burgueño padre estaba en el cargo.
Los expertos alertan de la "excesiva proximidad" de firmas y autoridades.
“Hay que distinguir entre incompatibilidad legal e incompatibilidad ética y política”, señala el profesor del IESE José Ramón Pin. “El trasvase de directivos es bastante natural en Estados Unidos, pero lo resuelven con transparencia. Un secretario de Estado, por ejemplo, pasa antes por una comisión parlamentaria. En España sería bueno tener más transparencia, un organismo que juzgara posibles conflictos de intereses”. Pin considera que restringir excesivamente ese trasvase es negativo porque “se pierde talento”: “Lo relevante no es el paso al sector privado, sino que haya mecanismos para descubrir si alguien ha pasado como una devolución de favores o solo porque es buen profesional”.
En Capio, la transferencia desde el sector público se encuentra en el mismo origen de la compañía en España. Uno de sus socios fundadores es Fernando Largo (abandonó la compañía en 2005). Antiguo militante del PSOE, este cardiólogo ocupó el cargo de director provincial del Instituto Nacional de Salud en Toledo a principios de los años noventa del pasado siglo, y fue subdirector general de conciertos del Insalud entre 1993 y 1996. Dos años después de abandonar el cargo público, colgó la chaqueta de médico y se convirtió en socio de una clínica en Castilla-La Mancha llamada Recoletas. Ese fue el germen de Capio. Casi 15 años después, el 67% de los ingresos de esta empresa provienen de las concesiones y conciertos con las Administraciones.
Entre los empleados de Capio se encuentra Teresa Echániz, hermana de José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad en Madrid cuando la empresa se hizo con el control de la Fundación Jiménez Díaz (da cobertura sanitaria a más de 400.000 madrileños), y actual consejero de salud de Castilla-La Mancha, donde se ha anunciado la privatización de la gestión de cuatro hospitales. “La contratamos cuando su hermano no tenía ningún cargo sanitario. Ella es farmacéutica y conoce el sector”, afirma Víctor Madera, el presidente del grupo. Pese a los intentos de este periódico, Capio no le facilitó hablar con la aludida, que tiene un cargo intermedio.
Entre los 10.000 trabajadores de la compañía también aparece Elena Arias, que abandonó en 2007 su puesto como directora de Recursos Humanos en Capio para asumir la gerencia del servicio de Salud del Principado de Asturias. Regresó a la empresa en 2011. Sin paradas ni descansos entremedias.
El año pasado, cuando la empresa Capio salió al mercado en busca de un nuevo comprador, llamaron a su puerta “cuatro o cinco” fondos de capital riesgo, según un consejero de la compañía. Se dice que la sanidad pública no es rentable, pero sí parece un negocio desde el punto de vista de la privada. “La prueba es que todos los fondos de inversión mundiales quieren invertir en la sanidad privada”, añade. Y eso porque en tiempos de recortes públicos, aumenta la demanda de atención privada y, además, la posibilidad de estas empresas de ganar dinero con las privatizaciones públicas. La salud puede ser un negocio en doble dirección.
La sanidad pública, intocable
El 92% de la española evalúa de forma claramente positiva la preparación y competencia de los médicos y del personal de enfermería de los centros públicos
Los españoles vivieron inicialmente la actual crisis económica como una especie de sunami: algo imprevisto, súbito y devastador. Luego, tras tomar gradualmente conciencia de la catastrófica situación resultante, concluyeron que el país había quedado tan dañado y empobrecido que tardaría muchos años en recuperarse. Y eso empezó a dar gradualmente paso, en el ánimo colectivo, a un sentimiento nuevo y crecientemente detectable en los sondeos: irritación, y aun cólera, ante la persistente total impunidad de todos los que provocaron el actual drama colectivo, o lo permitieron o de él sacaron provecho. Los ciudadanos soportan cada vez peor —los datos de opinión son cada vez más rotundos— que el Gobierno tenga que dar sucesivos, y al parecer inacabables, giros de tuerca en los recortes de prestaciones y en las subidas de impuestos, en gran medida como consecuencia del dinero público que fue preciso bombear a determinadas instituciones financieras mal gestionadas y expoliadas sin que, a cambio, se haya exigido reparación alguna a quienes las condujeron a tan crítica situación.
Pero hay una línea roja que la ciudadanía no parece dispuesta a permitir, resignadamente, que se traspase: la que delimita a la Sanidad Pública tal y como hasta ahora ha venido funcionando. Una reciente encuesta de Metroscopia mostraba que dos de cada tres españoles creen preferible que se deje quebrar los bancos y cajas que se hayan hecho merecedores de ese final antes que dañar nuestro actual sistema público de salud. Este constituye un intenso motivo de orgullo nacional, la auténtica joya de nuestra corona institucional. Y en este tema la ciudadanía sabe de lo que habla: el 69% de todos los españoles utiliza solamente la sanidad pública; un 24% utiliza tanto la sanidad pública como la privada, según los casos; y solo un 7% utiliza exclusivamente la sanidad privada.
El mensaje ciudadano es claro:No la toquen. Al precio que sea.
Los datos del actual sondeo son inequívocos: el 92% de toda la población española evalúa de forma claramente positiva la preparación y competencia de los médicos y del personal de enfermería de los centros públicos; un 90% evalúa también así la atención hospitalaria que reciben los enfermos; en caso de urgencia o emergencia, un 71% preferiría acudir —si le diesen a escoger— a un hospital público antes que a uno privado; y en caso de una operación —grave o no—, más del 70% seguiría optando por el hospital público. ¡Y esto lo dice incluso la mayoría (el 54%) de quienes solo utilizan la sanidad privada!
La privatización de la gestión de los hospitales públicos despierta un recelo claramente mayoritario tanto entre quienes solo utilizan la sanidad pública como —significativamente— entre quienes acuden únicamente a la sanidad privada. Ni unos ni otros creen que con esa gestión privatizada se vaya a mejorar el sistema sanitario, ni las listas de espera ni los medios técnicos ni el material, ni la atención médica ni los tratamientos.
El mensaje ciudadano parece claro: dejen la sanidad pública así, no experimenten con ella, no la toquen. Al precio que sea.
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