Una ley estatal aprobada en 2006 excluye de tributación las asignaciones a todos los parlamentarios para gastos de viajes y desplazamiento.
La asignación que reciben los diputados asturianos para sus gastos de kilometraje, manutención y estancia está exenta de pagar el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). Los parlamentarios de la Junta perciben por esos conceptos una cantidad que ronda los 11.200 euros al año, según reveló ayer el colectivo de funcionarios Conceyu por Otra Función Pública. Una ley estatal, aprobada en 2006, excluye de tributación las cantidades abonadas para gastos de viaje y desplazamiento tanto de los diputados y los senadores nacionales como de los parlamentarios autonómicos y de los miembros de las diputaciones provinciales.
Los diputados asturianos perciben mensualmente una asignación base, que varía en función del puesto que desempeñan y de si tienen dedicación exclusiva en la Junta o no. Además, la nómina refleja una asignación para «gastos de viajes y desplazamiento», que se desglosa en dos apartados: uno para gastos de locomoción y otro para manutención y estancia con una cantidad fija de 933 euros. De hecho, el cálculo de las dos pagas extra anuales de los diputados tiene en cuenta también los ingresos por esos gastos de viajes y desplazamiento. Cabe recordar que los parlamentarios de la Junta han renunciado este año a la extra de Navidad, que fue suprimida por decreto ley a los trabajadores públicos.
El término dieta no aparece en el acuerdo de la Junta de Portavoces y de la Mesa de la Cámara que regula los ingresos de los diputados asturianos y que fue adoptado el pasado 7 de mayo, tras las elecciones autonómicas de marzo. En cambio, tanto el colectivo Conceyu por Otra Función Pública como los sindicatos de funcionarios sostienen que esas asignaciones «suponen en la práctica el cobro de dietas en la nómina de los diputados, mediante un concepto retributivo mensual para gastos de viaje y desplazamiento». Y en este punto es donde el colectivo de funcionarios llama la atención y pide explicaciones a la Junta General del Principado: «Lo peculiar de este sistema retributivo es que la dieta de manutención y estancia se paga a los diputados de la Junta con un complemento mensual por un importe fijo (933,74 euros), cuando las dietas son indemnizaciones eventuales y no permanentes. La Junta ha convertido en un complemento mensual fijo lo que debería ser una percepción esporádica, eludiendo así la necesidad de justificar los gastos que los diputados tuvieran en sus desplazamientos», sostiene Conceyu. «Esta ley permite tributar a la carta a nuestros diputados regionales que, encima, niegan cobrar dietas», expone José Luis González, de USIPA. Conceyu, por su parte, afirma que «la Junta debería clarificar si los diputados declaran esos ingresos fijos de 11.200 euros y, si no lo hacen, corresponde a la Inspección de Hacienda investigar esta clara apariencia de fraude fiscal».
La luz podría encarecerse hasta un 11% a partir de enero.
El aumento de la TUR rondaría el 4%, pero si el Gobierno sube los peajes el encarecimiento puede ser del 11%.
La subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en enero rondará el 4% con los actuales precios de mercado de la electricidad, que se han encarecido un 8% en el trimestre y que provocarán previsiblemente una subida de esta magnitud en la subasta eléctrica de este viernes, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
Como esta subasta tiene un peso cercano al 50% en la tarifa final, y como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido congelar la otra parte del recibo, la de los costes regulados, el encarecimiento de la energía acabará provocando una subida final del 4% en la TUR.
No obstante, esta subida no será ni mucho menos suficiente para lograr el objetivo del ministro José Manuel Soria de "taponar" el agujero eléctrico. Industria ha reconocido que en 2012 hay un exceso de déficit de 1.951 millones y, en su borrador de peajes eléctrico, ha trasladado este desajuste a los costes de 2013, lo que no ha pasado desapercibido para los departamentos jurídicos de las eléctricas.
Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.
La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si se cumple lo que muchos observadores dan por hecho, esto es, que los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se queden en la tarifa.
En este caso, el exceso de déficit sería de 3.500 millones y la subida de peajes para contenerlo debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.
Hay dudas de que Industria esté dispuesta a subir la luz en esta proporción, pero al mismo tiempo es muy probable que los PGE no asuman los costes extrapeninsulares y que sea la tarifa la que tenga que soportarlos.
Las fuentes del sector matizan que este ejercicio es hipotético, pero ni mucho menos improbable, ya que tarde o temprano Industria se verá abocada a subir los peajes eléctricos para contener la deuda de la tarifa.
Techos de deuda
Para las empresas del sector, sería deseable que Industria lograse encajar en los PGE los costes extrapeninsulares, pero dudan de que el Gobierno asuma costes eléctricos en unas cuentas públicas ya de por sí constreñidas por la situación económica.
Las opciones, señalan, pasan por las subidas de peajes o por modificar al alza, como ya hizo en su día el exministro Miguel Sebastián, los límites legales de déficit. Para ello, sería necesario un real decreto ley y, por tanto, la aprobación del Consejo de Ministros.
Peajes progresivos
Todas las hipotéticas subidas de peajes tendrían como objetivo poner orden en el desajuste de 2012, sin abordar el de 2013, en el que Industria ha confiado de nuevo la salud del sistema eléctrico a que los extracostes extrapeninsulares se carguen a los PGE y no a la tarifa.
Lo que sí servirá para contener el déficit, al menos en 280 millones de euros en 2013, es el nuevo mecanismo de peajes progresivos puesto en marcha por Industria, cuyos recargos por consumo encarecerán un 3% el recibo al consumidor medio, según los cálculos de la OCU.
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