Puente moderno de Ourense-Galicia-España(foto J.A.Miyares)
LOS BUCANEROS SE QUEDAN CON GIBRALTAR, LAS AGUAS JURISDICIONALES Y LO QUE PUEDAN ARREBATAR A LAS FRONTERAS ESPAÑOLAS, CONVIRTIENDO GIBRALTAR Y LA CUEVA DE ALIBABÁ Y LOS INFINITOS LADRONES, UN PARAÍSO FISCAL QUE TANTO PERJUDICA A ESPAÑA EN LA EVASIÓN DE IMPUESTOS.¿QUÉ PASARÍA SI LA SITUACIÓN FUERA A LA INVERSA?
El Rey visita Algeciras mientras Gibraltar estudia comprar guardacostas.
El Peñón ha creado una agencia de control de fronteras.
La visita del Monarca fue anunciada en medio de la escalada de tensión con el Peñón.
El actual conflicto entre los pescadores españoles y Gibraltar puede enconarse aún más si se materializa el proyecto de las autoridades del Peñón de crear una guardia costera con el objetivo expreso de ejercer la soberanía sobre unas aguas que España considera propias. El proyecto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue con recelo y preocupación, fue diseñado por el anterior ministro principal del Peñón, Peter Caruana, pero su sucesor, Fabian Picardo, que ganó las elecciones en diciembre pasado, aún no ha aclarado cuáles son sus intenciones.
El Rey tiene previsto visitar hoy a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que en las últimas semanas se ha encargado de proteger a los pesqueros españoles del acoso de la policía gibraltareña. La visita de don Juan Carlos se produce una semana después de la polémica estancia en Gibraltar del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, que el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, calificó de “inoportuna e inadecuada”. Sin embargo, la Casa del Rey ha intentado desvincular el viaje de estos hechos y ha asegurado que estaba previsto desde marzo, pero que tuvo que aplazarse por el accidente en Botsuana.
Un portavoz aseguró la semana pasada que el Monarca no se reuniría con los pescadores, aunque finalmente sí habrá encuentro. Don Juan Carlos llegará a Algeciras a las 12.30 y estará acompañado durante toda su visita por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
La creación del nuevo servicio de guardacostas está prevista en la Borders & Coastguard Agency Act (Ley de la Agencia de Fronteras y Guardacostas), en vigor desde noviembre pasado. Entre otras funciones, dicha ley habilita a la nueva agencia para “conducir patrullas en la BGTW (Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar) y las fronteras marítimas y terrestres de Gibraltar”, así como “vigilar y asegurar el cumplimiento” de las leyes gibraltareñas sobre protección medioambiental, seguridad marítima, embarcaciones de recreo y suministro de combustible en el mar (bunkering).
Por si quedara alguna duda, la norma define la BGTW como “el mar, fondo marino y subsuelo dentro de los límites del mar territorial adyacente a Gibraltar bajo soberanía británica que, según la convención de la ONU sobre derecho del mar de 1982, actualmente se extiende hasta tres millas naúticas y hasta la mitad de la bahía de Gibraltar [Algeciras]”. Esta tesis choca frontalmente con la posición de España, que considera que Gibraltar no tiene más aguas territoriales que las interiores del puerto, según el Tratado de Utrecht (1713).
Hasta ahora, los pescadores españoles no han tenido que vérselas con el nuevo servicio de guardacostas, sino con la Real Policía de Gibraltar que, al contrario que la agencia, depende del gobernador, nombrado directamente por Londres, y no de las autoridades del Peñón
Eso no significa que el proyecto esté parado. La agencia cuenta ya con un responsable (Andrew Bonfante, un exmilitar que era segundo jefe del regimiento británico de Gibraltar) y con un presupuesto que asciende a 3,2 millones de libras (casi cuatro millones de euros) para el año fiscal que acaba el 31 de marzo de 2013. Los 70 trabajadores de la empresa privada que se ocupaba del control de pasajeros y equipajes en el aeropuerto y el puerto del Peñón fueron transferidos en noviembre pasado a la agencia, que ha tomado el control de la nueva terminal inaugurada por el príncipe Eduardo en el istmo ocupado ilegalmente por Reino Unido.
“De momento no hemos visto al nuevo servicio de guardacostas intentando imponer su jurisdicción en las aguas en disputa, pero no sería extraño que los viéramos pronto”, admiten fuentes diplomáticas españolas. No lo sería, pues su ley de creación permite a la agencia la adquisición de embarcaciones y aviones.
Un portavoz del Gobierno gibraltareño precisó a EL PAÍS que la agencia ha asumido ya la gestión de la frontera terrestre, así como la aduana del puerto y el aeropuerto. Sin embargo, Picardo “aun no ha tomado la decisión política” de desarrollar el apartado de la ley que atribuye a la agencia el control de las aguas en disputa con España.
FAMILIAS EN SERIOS APUROS.
“250 euros en mi casa es la comida de más de un mes”.
La matrícula para FP Superior que prevé Aguirre dificulta el acceso a los alumnos más humildes.
Raúl Rivas, de 22 años, trabaja desde los 17 años para ayudar en casa y no le salen las cuentas.
En casa de Raúl Rivas, de 22 años y de Leganés, el dinero se cuenta euro a euro. “Que íbamos justos lo he sabido siempre. Nunca me han dado paga ni dinero para las excursiones y si necesitaba un libro tenía que sacarlo de la biblioteca”. Sus padres, divorciados, ingresan poco. Él está en paro y ella cobra una pensión de 590 euros. Raúl empezó pronto a ayudar en casa: a los 17 años, mientras se sacaba el Bachillerato a distancia. Ha trabajado poniendo ventanas, de comercial y de portero. Ahora lo hace en un restaurante de comida rápida. Su contrato es de entre 16 y 30 horas al mes. Ingresa, de media, 700 euros.
Sabe lo que es recortar de todos lados, también de la comida. “Digamos que no compramos el fuet de marca sino del Día, que por mucho que digan es peor”, sonríe. Cuando hace dos semanas se anunciaron las nuevas tasas del Gobierno de Aguirre, a Raúl se le cayó el alma a los pies. Su plan de estudiar Formación Profesional Superior para acceder a un puesto de trabajo “mejor pagado” y acorde con su vocación (la informática), peligra.
A partir del curso que viene la matrícula de este ciclo, que actualmente cursan 25.000 personas en Madrid, dejará de ser gratuita y costará 250 euros (previa modificación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, como ya ha solicitado CiU). Sin distinción de ingresos. “En un país en el que el mileurismo empieza a ser una utopía, no es una cantidad menor”, recalca José Luis Pazos, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos. “Entendemos que es un atentado contra el futuro de la juventud y causará la exclusión de los más desfavorecidos”, añade Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes.
“La Comunidad de Madrid no deja que los hijos de los trabajadores accedamos a un título superior”, dice el propio Raúl, que tiene muy claro a qué clase social pertenece y se apuntó al Sindicato de Estudiantes a los 14 años. “250 euros, en mi casa, es la comida de más de un mes. Y de eso sí que no se puede prescindir”, añade el madrileño, que mide 1,91 metros y come lo suyo. “Pero me gustan mucho la pasta y el arroz, que no son caros”, bromea.
No ha sido un gran estudiante (repitió dos cursos), “pero con tiempo para estudiar me puedo sacar un título superior de sobra”, dice. Sabe de lo que habla. Este curso ya ha intentado cursar un ciclo de FP, pero su horario de trabajo y el de las clases eran incompatibles. “Muchos días llegaba a mi casa a las cuatro de la madrugada y a la mañana siguiente tenía que estar en Getafe a las 8.30. Dos días lo aguantas. Y tres. Pero todo el año no te da el cuerpo”. Raúl no ha cumplido el requisito mínimo de asistencia (80% de las clases) y a pesar de haber aprobado todas las asignaturas salvo una, ha suspendido el curso.
Para el curso que viene había decidido recortar gastos para reducir sus necesidades económicas al mínimo y pasarse al turno de fin de semana en el trabajo. “Y cuando lo tenía ya calculado, van y anuncian lo de la matrícula de 250 euros... Y es que no me salen las cuentas. No me da para pagarlos”.
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