Si será Alfredo Sáenz un superbanquero, que les ha vendido la aspirina a Botín, el Banco de España y el Gobierno estatal por 88'1 millones de euros. Al cambio y sin descontar la devaluación interior, casi 15.000 millones de pesetas. Esta salvaje grosería pudo sortearse hace años sin coste alguno, con la simple ejecución de una sentencia penal. Pero el insostenible indulto concedido por Zapatero fue parte de la herencia envenenada. En los manejos de su ex banco para compensar la pensión, mejor será no pensar. Los bancos nunca pierden y el Estado los tutela engordando una deuda que pagamos todos aunque no sepamos para qué sirven, puesto que ciegan la circulación del crédito. El poder político ha querido meter mano en las indemnizaciones, pensiones y bonus de algunos delincuentes autoblindados antes de hundir las cajas y los bancos que, según los ínclitos Aznar y Zapatero, integraban el sistema financiero más sólido del mundo. A saber cómo están esos expedientes y denuncias, tristemente cosméticos si no hay devolución de lo afanado. Del no resarcimiento monetario podemos estar segurísimos; el desenlace penal de las denuncias habrá que olvidarlo para no caer en depresión. Ejemplarizar no está de moda.
Como el banco del señor Sáenz parece próspero y no ha sido rescatado, las indemnizaciones y pensiones a los dirigentes que liquida competen al consejo de administración de una empresa privada. Ignoramos el número de trabajadores que ha despedido en sus numerosas fusiones y, sobre todo, durante una crisis de seis años que no tiene final. Aún en la ilusoria hipótesis de que no haya despedido a nadie, esos 88 millones de euros son una ofensiva procacidad en la coyuntura española, europea y mundial. Es sencillamente insoportable que en medio de un desempleo de más de seis millones de españoles y con dos millones de familias al albur de la caridad se haga tan provocadora la campana neumática en la que viven determinados profesionales, sobre todo banqueros, inmunes al cáncer de la austeridad y libres de la responsabilidad, directa o indirecta, que les toca en la quiebra mundial del sistema capitalista.
El Gobierno tendría algo que decir de la pensión de Sáenz, pero no dice nada. Ha muerto el capitalismo, y de poco vale demorar el certificado de defunción porque el mundo necesita recomponerse con nuevas ideologías y distintos sistemas. Pero los capitalistas salvajes aún gozan de buena salud y morirán matando. Que el presidente Rajoy nos pida paciencia el mismo día que se da a conocer esta liquidación bancaria también tiene algo de obsceno. Están dejando para basura una concepción del mundo que creímos necesaria en los principios, pero en los hechos nos ha traicionado miserablemente.
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