EL PSOE NIEGA QUE LAS PENSIONES Y SUELDOS TENGAN QUE PAGAR LA FALTA DE GOBERNO

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saenz de Santamaria, en el Congreso de los Diputados.

El PSOE niega que las pensiones y sueldos públicos deban pagar la falta de Gobierno.

Los precedentes permiten aprobar un decreto-ley de revalorización incluso aunque esté en funciones, aseguran.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido en varias ocasiones en los últimos meses que si no se aprueban los Presupuestos para 2017 por falta de acuerdo para la investidura no será posible revalorizar las pensiones ni subir el sueldo de los funcionarios. Sin embargo, fuentes del PSOE y del Congreso de los Diputados explican que sí sería posible hacerlo incluso aunque se prolongara la situación de Gobierno en funciones. La fórmula sería aprobar decretos-leyes por “razones de interés general”.

La vicepresidenta aseguró la semana pasada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si no se aprueban los Presupuestos se verían afectados los empleados públicos y los pensionistas. “España y muchos españoles —los pensionistas es un importante número y funcionarios es otro importante número— pueden verse muy afectados por la no presentación de los Presupuestos o la no aprobación de un Real Decreto-Ley que solvente estas cuestiones”, aseguró.

Hasta ahora se han producido cuatro prórrogas de Presupuestos: en los años 1983, 1990, 1996 y 2012. En todos estos ejercicios se dictaron normas, en forma de decretos-leyes, para adoptar medidas urgentes en materia presupuestaria por parte de gobiernos de uno y otro signo. En la mayoría de ellos se incluyeron disposiciones en materia de retribuciones de funcionarios y cuantía de las pensiones.

“En todos los supuestos, excepto en uno, la prórroga vino acompañada de otros tantos decretos-leyes sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que suponían un valor añadido sobre la prórroga automática prevista en la Constitución. En los tres casos, el Gobierno justificó la aprobación del Real Decreto-Ley en la insuficiencia de la previsión constitucional, puesto que la misma no resuelve ciertos problemas que la aprobación de los reales decretos-leyes permitía resolver”, explica Andrés Jiménez Díaz, letrado de las Cortes Generales en el análisis de la Constitución de la web del Congreso.

Precedentes

Jiménez Díaz añade que este mecanismo se aplicó, por ejemplo, para las retribuciones de los funcionarios o las pensiones de jubilación, que hubiesen permanecido congeladas hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos de no haberse acordado un incremento inmediato, como hicieron los reales decretos-leyes de 1989 y 1995. “Lo mismo podría decirse de las autorizaciones para emitir deuda pública o prestar avales, lo que también fue objeto de modificación y actualización en los reales decretos-leyes”, detalla el letrado de las Cortes.

La duda es si eso puede hacerlo un Gobierno en funciones como el actual. El PSOE sostiene que sí sería posible. De hecho, hay cinco precedentes de decretos-leyes que se aprobaron con Gobierno en funciones y que fueron convalidados en el Congreso como el resto.

El último se aprobó en el mes de abril de la pasada legislatura, cuando se estaba a la espera de un acuerdo para proceder a la investidura, es decir, como ahora. Era el Real Decreto-Ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. La norma fue convalidada en el Pleno del Congreso tras ser defendida en la tribuna por la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez.

Lo demás precedentes son tres de 1993 y uno de 1989. Uno era de medidas urgentes para reparar los daños causados por unas lluvias torrenciales en Andalucía; otro sobre concesión de un crédito extraordinario para atender insuficiencias producidas durante 1991 en el Instituto Nacional de Empleo, en materia de gestión de prestaciones por desempleo; un crédito extraordinario por importe de 31.804.000.000 de pesetas y autorización para concertar operaciones de crédito al ente público Radio Televisión Española y sus sociedades estatales; y el quinto, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza.

La Ley del Gobierno no concreta si es posible hacerlo o no. Sí establece que el Gobierno en funciones no puede enviar a las Cortes un proyecto de ley de Presupuestos, pero el punto tres del artículo 21 señala que “facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. En ese capítulo de “razones de interés general” pueden caber esos decretos-leyes.

La prórroga de los Presupuestos es automática si a finales de septiembre no se presentan las cuentas en las Cortes o no se aprueban en el Parlamento antes de final de año.

LO QUE FALTABA CULPABLES LOS CIUDADANOS DE LA NEGLIGENCIA POLÍTICA

RAJOY NO PODRÁ GOBERNAR EN MINORÍA

La mayoría de españoles cree que Rajoy no podrá gobernar en minoría.

El 55% piensan que corresponde al Partido Popular intentar poner en marcha un gobierno.

Mariano Rajoy no es el único en dudar aún si hay suficiente agua en la piscina. Una mayoría de españoles (55%) cree que el candidato del PP no logrará su pretensión de gobernar con el único apoyo de sus diputados, según la encuesta de Metroscopia realizada para EL PAÍS. Y eso a pesar de que esa misma mayoría sigue convencida de que, tras el resultado del 26-J, le corresponde al PP la tarea de dirigir el país. Para ello se verá obligado a buscar el apoyo de otros partidos en todo lo que pretenda hacer, dicen la práctica totalidad de los encuestados, que vaticinan además una legislatura más corta de lo normal.

 Siguen siendo mayoría (55%) los que piensan que, tras el resultado electoral, corresponde al Partido Popular intentar poner en marcha un Gobierno. Esa convicción, sin embargo, comienza a descender ligeramente respecto al sondeo de Metroscopia del pasado 6 de julio. La razón: van pasando las semanas sin percibirse avances, y los electores del Partido Socialista, fundamentalmente, se han ido atrincherando en la misma medida en que lo hacía la dirección del partido. Mariano Rajoy va a tener que realizar un esfuerzo extra para intentar convencer a las formaciones de las que espera obtener un apoyo expreso o una abstención, Ciudadanos y el PSOE, porque su falta de pasos concretos durante estas semanas solo ha servido para que ambos se encastillen en una posición de rechazo en la que les siguen sus propios votantes. El simple cálculo de los votos que tiene cada partido, y la propia insistencia del PP en señalar cuál sería la solución para desenredar este nudo, han llevado a la mayoría de los consultados al convencimiento de que la respuesta está en manos de los socialistas.

La abstención del PSOE

Un 66% de los españoles cree que, para evitar que hubiera terceras elecciones, el PSOE debería abstenerse y dejar gobernar a Rajoy a cambio de una serie de reformas pactadas. Los socialistas descartan radicalmente esta opción porque, según ha explicado Pedro Sánchez, “no vamos a votar a quien queremos quitar”. Argumentan además los dirigentes de este partido que sus militantes no entenderían ni perdonarían un movimiento así. Por eso resulta llamativo que, en la encuesta de Metroscopia, son mayoría los votantes socialistas (63%) los que defienden la opción de una abstención a cambio de exigir al PP reformas concretas, para permitir de este modo que eche a andar un nuevo Ejecutivo.

Salvo los votantes de Unidos Podemos, partidarios en su mayoría de que se repitan las elecciones antes de que haya un Gobierno del PP (59%), la base electoral de los principales partidos señala como opción más deseable una abstención del PSOE.

No toda la responsabilidad por la parálisis política recae sobre los socialistas. Excepto los votantes del PP, que están convencidos de que Rajoy debe ocupar la presidencia del Gobierno —es llamativo sin embargo que casi un 30% de ellos ponga en duda su figura—, la gran mayoría de los seguidores del PSOE, de Ciudadanos y de Unidos Podemos se muestran partidarios de que el líder del PP debería renunciar a su aspiración si eso contribuyera a facilitar la formación de un Ejecutivo.

Una legislatura difícil

Los españoles tienen claro, igual que parece tenerlo el propio Rajoy, que incluso si el candidato del PP logra su propósito, no va a tener las cosas fáciles.

Un 87% de los consultados sabe que el Partido Popular no podrá gobernar con comodidad, y que para cualquier medida concreta, cualquier iniciativa legislativa o cualquier acción política no le va a quedar más remedio que buscar constantemente el apoyo parlamentario de otras formaciones.

Por todas esas dificultades que aparecen en el futuro cercano y a medio plazo, un 69% de los españoles intuye, y así lo expresa en el sondeo, que la legislatura que ya ha arrancado será corta, y que no tardará demasiado en convocarse una nueva cita electoral.

Y sin embargo, a pesar de dos convocatorias a las urnas en un breve espacio de tiempo y de largos meses de bloqueo político en institucional, los electores se refirman en su predilección por el multipartidismo. Son mayoría (61%) los que piensan que es mucho mejor para el sistema democrático que tengan representación parlamentaria varios partidos de tamaño similar, ya que eso aumenta el pluralismo.

Esa preferencia por un escenario político más diverso, sin embargo, no es uniforme. En la división bipartidismo/multipartidismo se aprecia con claridad una brecha generacional y educativa. Los partidarios de que haya más de dos formaciones en liza son votantes jóvenes, con un nivel de estudios medios y altos y, en su mayor parte, votantes de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Los defensores del bipartidismo son gente mayor, con un nivel de estudios medio y bajo, y en su mayoría votantes del PP. En este contraste entre la política tradicional y la nueva realidad, sin embargo, no es relevante, según el sondeo, ser hombre o mujer.

PERO TIENE QUE INTENTAR FORMAR GOBIERNO PRESENTANDO PROGRAMA DE GOBIERNO NEGOCIADO.

¿QUIÉNES SON LOS PATRIOTAS?

Hillary y Bill Clinton, durante la Convención Demócrata de Filadelfia.

¿Quiénes son los patriotas?

El verdadero propósito de los republicanos es trazar una línea entre los cristianos blancos y el resto

Ha sido una semana de lo más interesante en lo que a política se refiere. Por un lado, la Convención Nacional Demócrata fue una gran celebración de Estados Unidos. Por otro, el candidato republicano a la presidencia insistió en el evidente apoyo que está recibiendo de Vladimir Putin, elogió una vez más el liderazgo de este, insinuó que no le parece mal la agresión rusa en Crimea, e instó a los rusos a hacer de espías para él. Y no, no estaba bromeando.

Sé que algunos republicanos se sienten como si estuvieran en un mundo al revés. Después de todo, por lo general son ellos los que cantan "¡USA! ¡USA! ¡USA!". ¿Y acaso no llevan años insinuando que Barack y Michelle Obama odian a Estados Unidos, y hasta es posible que apoyen a los enemigos del país? ¿Cómo han acabado los demócratas por parecer los patriotas?

Pero los partidos no están experimentando realmente un cambio de papeles. El discurso pronunciado el jueves por el presidente Obama fue maravilloso e inspirador, pero cuando declaró que "lo que oímos en Cleveland la semana pasada no fue especialmente republicano" estaba mintiendo un poquito. La verdad es que fue muy republicano en esencia; la única diferencia era que la esencia estaba menos disfrazada de lo habitual. Porque el "avivamiento del rencor" denunciado por Obama no empezó con Donald Trump, y todo ese ondear de banderas nunca tuvo en su mayor parte nada que ver con el verdadero patriotismo.

Pensemos en ello: ¿qué significa amar a Estados Unidos? Sin duda significa amar el país que de hecho tenemos. No sé los demás, pero yo, siempre que vuelvo de un viaje al extranjero, me lleno de orgullo al ver la enorme variedad de conciudadanos, tan diferentes en apariencia, en herencia cultural, en su vida personal, y sin embargo, todos ellos —todos nosotros— estadounidenses.

Ese amor por el país de uno no tiene por qué ser (ni debería ser) ciego. Pero los fallos que uno encuentra, las críticas que uno plantea, deberían referirse a aquello en lo que no estamos a la altura de nuestros propios ideales. Si lo que nos preocupa de Estados Unidos es, en cambio, el hecho de que no sea exactamente igual que en el pasado (o como imaginamos que fue en el pasado), entonces no amamos a nuestro país y lo único que nos importa es nuestra tribu.

Y demasiadas figuras influyentes de la derecha son tribalistas, no patriotas. Recibimos una demostración gráfica de esa realidad tras el discurso de Michelle Obama, cuando habló de la maravilla que suponía ver a sus hijas jugar en el césped de "una casa construida por esclavos". Fue una imagen edificante y, sí, patriótica, la celebración de una nación que siempre intenta mejorar, superar sus fallos.

Pero todo lo que oyeron muchos en la derecha —en especial las figuras mediáticas que establecen el programa republicano— fue una acusación contra los blancos. "No pueden dejar de hablar de la esclavitud", se quejaba Rush Limbaugh. Los esclavos tampoco vivían tan mal, insistía Bill O'Reilly: "Estaban bien alimentados y vivían en casas decentes". Lo que en realidad estaban diciendo ambos hombres era que los blancos son su tribu y nunca se les debe criticar.

Este mismo impulso tribal seguramente explica buena parte de la retórica derechista sobre la seguridad nacional. ¿Por qué están los republicanos tan obsesionados con la idea de que el presidente debe utilizar la expresión "terrorismo islámico", cuando los verdaderos expertos en terrorismo coinciden en que esto perjudicaría de hecho a la seguridad nacional, al contribuir a la marginación de los musulmanes pacíficos?

La respuesta, creo yo, es que la marginación no es un efecto secundario que estén pasando por alto, sino el verdadero propósito; se trata de trazar una línea entre nosotros (los cristianos blancos) y ellos (todos los demás), y la seguridad nacional no tiene nada que ver con el tema.

Lo que nos devuelve al intenso vínculo afectivo entre Vladimir y Donald. La voluntad de Trump de dejar a un lado nuestra bien ganada fama de aliado fiable es notoria. Al igual que la extraña especificidad de su apoyo a las prioridades de Putin, que contrasta drásticamente con la vaguedad de todas sus demás declaraciones en materia política. Y solo ha ofrecido medias respuestas evasivas a las preguntas sobre sus lazos empresariales con oligarcas relacionados con Putin.

Pero lo que más me llama la atención es el silencio de tantos republicanos importantes ante un comportamiento que habrían tachado de traición si procediese de un demócrata, por no hablar del apoyo del que Trump disfruta entre muchos republicanos de base.

Lo que eso nos dice, pienso, es que todo ese ondear de banderas y todo el postureo militarista no tenían nada que ver con el patriotismo. Se trataba, por el contrario, de utilizar la supuesta debilidad demócrata en materia de seguridad nacional como porra con la que golpear a la oposición en su propio país, y proteger los intereses de la tribu.

Ahora llega Trump, cumpliendo las órdenes de una potencia extranjera e invitándola a intervenir en nuestra política, y a eso no le ponen objeción, porque también sirve a la tribu.

De modo que si a alguien le extraña que hoy en día los demócratas parezcan patriotas y los republicanos no, es porque antes no prestaba atención. Quienes ahora parecen amar a Estados Unidos siempre lo han hecho; los que de repente ya no parecen patriotas, nunca lo han sido.

DESDE QUE EL HOMBRE RENUNCIÓ A  LOS PRINCIPIOS MORALES  Y ÉTICOS, EL MUNDO PARECE QUE GIRA AL REVÉS.

LAS GRANDES EMPRESAS SÓLO PAGAN EL 6,9% DE LO QUE GANAN

Panel informativo de la Bolsa española que muestra el IBEX 35 en una jornada.

Las grandes empresas pagan al fisco el 6,9% de lo que ganan.

El tipo efectivo sobre la base imponible asciende al 19,2%, por encima del gravamen medio que pagan los trabajadores y la mayor tasa desde 2010.

El impuesto de sociedades es una de las figuras tributarias que más secuelas arrastra de la crisis. Los grandes grupos empresariales solo pagan al fisco el 6,9% de su resultado contable en 2014, según figura en el informe anual de recaudación difundido ayer por la Agencia Tributaria. Se trata del tipo efectivo que pagan las multinacionales sin aplicar los créditos fiscales y sin tener en cuenta el impuesto que abonan sus filiales o el que liquidan en otros países. Si se consideran estas circunstancias, el tipo efectivo ascendería al 19,2%.

A pesar de que esta tasa del 6,9% resulta nimia comparada con el tipo nominal del impuesto de sociedades del 30% que estaba vigente en 2014, es la mayor de, al menos, los últimos siete años. Es casi el doble que el 3,8% que pagaron en 2011, con el anterior Ejecutivo socialista.

Las críticas por lo poco que pagan los grandes grupos empresariales que consolidan su contabilidad son frecuentes y numerosas. Sin embargo, si se tiene en cuenta los ajustes que realizan por los resultados de las filiales ya declarados y que por tanto ya han pagado impuestos (73.834 millones), los que abonan las sucursales en el extranjero (17.447 millones), y las bases imponibles negativas de periodos anteriores —pérdidas contables de otros años que se descuentan a efectos fiscales— (unos 5.432 millones) el tipo efectivo sube al 19,2%. Los trabajadores pagan de media en el Impuesto sobre la Renta un 16,64%. Las empresas más pequeñas pagan en sociedades como promedio un 13,9%.

El impuesto de sociedades es uno de los tributos más sensibles a las turbulencias de la economía. Entre 2007, justo antes de la recesión, y 2014, la recaudación de este impuesto disminuyó cerca de un 60%. Casi ocho años después del inicio de la Gran Recesión aún no se han recuperado los niveles de recaudación de entonces que rondaban los 44.800 millones. El año pasado el Estado ingreso 20.649 millones, un 10,3% más que en 2014 por el sustancial aumento de los beneficios empresariales.

Es habitual que los grandes grupos aprovechen los vericuetos que deja la normativa fiscal para reducir al máximo el pago de impuestos. Incluso se traspasan los beneficios de forma legal a otros países con fiscalidad más baja para cargar en España la mayor parte de los gastos deducibles. Además, durante los años de crisis muchas empresas acumularon pérdidas que ahora pueden deducirse para reducir su factura fiscal, aunque con límites.

La deducción por vivienda se reduce un 37%

La deducción por adquisición de primera vivienda, una de las ayudas fiscales más atractivas durante los felices años del boom inmobiliario, se ha reducido un 37% desde 2010, cuando se inauguró la etapa de recortes en el gasto público y la subida de impuestos.
La deducción por adquisición de vivienda ascendió a 3.160 millones de euros durante 2014. Esta ayuda consistía en una deducción del 15% sobre la cantidad pagada cada año por la vivienda con un máximo de 9.050 euros.
La deducción se eliminó definitivamente en 2013, con la primera oleada de ajustes del PP, “por lo que las deducciones corresponden a las adquisiciones hechas con anterioridad, que irán menguando paulatinamente hasta su extinción”.

6.600 millones abonados

Estas grandes multinacionales declararon un resultado contable de 96.218 millones, tras aplicar las correcciones fiscales extracontables redujeron su base imponible —la cantidad sobre la que se aplica el tipo del 30%— a una cuantía de 34.406 millones. Sobre la cuota íntegra restaron otros 3.698 millones de deducciones: por doble imposición, plusvalías reinvertidas, y otras bonificaciones. Finalmente, solo pagaron 6.609 millones. Hacienda también muestra el tipo efectivo sobre la base imponible que pagan el conjunto de las empresas: el 21,3%, quizá la mejor referencia para ver realmente cuánto revierten al fisco.

El informe también ofrece algunos datos de 2015. El conjunto de las empresas declaró unos resultados contables de 209.361 millones pero terminaron pagando 20.649 millones de euros, un 10,3% más que el ejercicio precedente. La mayor parte ya lo habían desembolsado a través de los pagos a cuenta del año anterior.

Hacienda reconoce que la bajada de tipos que se produjo el año pasado, del 30% al 28%, y otros cambios normativos tuvieron "un impacto global en el impuesto de sociedades muy negativo, por valor de 3.041 millones". Es el coste de la reforma fiscal en vísperas de las elecciones.

POR ESTE MOTIVO LA CLASE MEDIA BAJA EN ESPAÑA HA DESAPARECDO PORQUE LOS IMPUESTOS DE LA CRISIS HAN RECAIDO SOBE ELLA Y LOS TRABAJADORES ASALARIADOS.

EL GOBIERNO PIDE AL CONSTITUCIONAL QUE ABRA LA VÍA PENAL CONTRA FORCADELL

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. 

El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell.

El Consejo de Ministros reclama al tribunal que documente ante la fiscalía las actuaciones ilegales de la presidenta del Parlament.

El Gobierno en funciones ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y por ser "la persona claramente implicada y afectada" que lidera una institución que vulnera "de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional". La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado tras el Consejo de Ministros de que este es uno de los puntos clave del incidente de ejecución aprobado hoy, que se presentará de manera inmediata ante el Constitucional y que el presidente Mariano Rajoy ha comunicado posteriormente a los demás líderes políticos.

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno busca con esta actuación la nulidad y suspensión inmediata sin ningún efecto de la resolución 263/11 de 27 de julio del Parlament aprobada para iniciar la desconexión con España, pero también un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara, el secretario general de ese organismo, el presidente catalán y todos sus consejeros para que se abstengan de realizar a partir de ahora cualquier iniciativa relacionada con esa resolución. En el último punto del incidente de ejecución el Gobierno demanda del Tribunal Constitucional que deduzca "testimonio de particulares" para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Carmen Forcadell por incumplir ya sus mandatos.

El término jurídico "deducir testimonio de particulares" quiere decir, según la versión que ofreció Santamaría tras el Consejo de Ministros, que el tribunal se ocupe ahora de documentar de manera precisa todos los incumplimientos en los que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore cómo debe actuar penalmente contra la presidenta del Parlament catalán. Santamaría aclaró que han apuntado directamente a Forcadell por permitir esta misma semana la celebración de un debate en esa institución para favorecer la llamada desconexión y porque al ser la presidenta de la cámara "ejerce el liderazgo en la ordenación de los debates".

"No estamos solo ante un desafío institucional, aquí hay un desacato ante el Tribunal Constitucional", enfatizó Santamaría. La dirigente popular subrayó asimismo que el Constitucional deberá discernir sobre la gravedad de que "una institución y sus miembros se quieran poner por encima de la voluntad de todos los españoles".

El ejecutivo reclama, además, y en su segunda demanda al tribunal, que se advierta a la propia Forcadell, a la Mesa de esa Cámara, al secretario general del Parlament, al actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros, que está en vigor la prohibición expresa de que actúen o promuevan cualquier iniciativa que favorezca las pretensiones separatistas. Santamaría recordó así que tras esa advertencia se engloba la posibilidad de que el tribunal decida imponer multas económicas y coercitivas contra los afectados que podrían abarcar desde los 3.000 euros y hasta los 30.000 e incluso la suspensión de sus funciones.

Carmen Forcadell, por su parte, ha considerado que "sería profundamente antidemocrático" ser inhabilitada a causa de la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que se votaron a pesar de que el Constitucional había advertido de que vulneraban la Constitución. La presidenta de la Cámara ha señalado, además, que la decisión del Gobierno central no servirá para resolver la cuestión catalana. "El Gobierno está coartando la libertad de expresión del Parlament y de los diputados. No quieren que debatamos. Es muy triste", ha dicho en declaraciones a TV3, justo después del anuncio de la vicepresidenta. Según Forcadell, ella se limitó a "hacer lo que tenía que hacer". "No se puede pedir ni a la presidenta del Parlament ni a nadie que renuncie a sus ideas", ha dicho.

La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont. La unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar

ESPAÑA VIVE EN UNA ANARQUÍA TOTAL NO FUENCIONAN LAS INSTITUCIONES NI EL GOBIENO EN FUNCIONES, NO FUNCIONA NADA,TODO ES CORRUPCIÓN Y NO LE VEO SOLUCIÓN AL CAOS, NIGÚN PARTIDO QUIERE GOBERNAR POR LO DEIFICIL QUE ESTÁ EL PAIS, CON MUCHOS PROBLEMAS CASI INSALVABLES.

RAJOY ACEPTÓ EL ENCARGO DEL REY TRAS VER QUE SÁNCHEZ NO SE DESCARTABA,

Mariano Rajoy, este jueves en La Moncloa.

Rajoy aceptó el encargo del Rey tras ver que Sánchez no se descartaba.

El presidente del PP convocó la semana pasada una reunión secreta para discutir todas las opciones.

Rajoy acudió el jueves a despachar con el Rey con varios escenarios posibles en su carpeta. Quería escuchar primero si el monarca le hacía algún encargo. Cuando lo recibió concluyó que debía intentar formar un Gobierno, pero también que no podía permitirse acudir sin más a una votación de investidura en el Congreso para perder y activar la posibilidad de que el socialista Pedro Sánchez presentase su candidatura alternativa. Ese temor fue clave y sigue vigente.

Han pasado más de siete meses desde las elecciones del 20-D pero sus complicados resultados aún siguen provocando coletazos. Entonces, Mariano Rajoy, cuando acudió a la ronda convocada por el rey Felipe VI, optó por declinar la oferta de ponerse a pergeñar un Gobierno porque calculó rápido que tenía enfrente en el Congreso una mayoría en contra pese a haber ganado los comicios con 123 escaños. La solución que planteó para salir airoso este jueves de su nueva cita con el Rey fue una derivada de aquella retirada, según fuentes de su equipo en La Moncloa. Y el detonante fue escuchar y ver en la mañana del jueves la rueda de prensa del socialista Pedro Sánchez en la que rechazó descartar claramente, y varias veces, que está dispuesto a presentar su alternativa si Rajoy fracasa.

Desde hace semanas Rajoy llama, charla y se reúne con dirigentes de su partido y de otras formaciones y sectores sociales para contrastar distintas opiniones sobre cómo salir de este atolladero político que vive el país. El jueves 21 de julio decidió incluso organizar una reunión, sin convocatoria oficial ni comparecencia posterior, con el comité de dirección del PP en la sede central de la calle Génova en Madrid. El asunto fue monotemático. El presidente popular empezó por plantear una pregunta muy directa y nada confusa: “¿Qué hago?”.

Cogió su cuaderno de notas y se apresuró a escuchar y subrayar la tormenta de ideas que se desató. Hablaron todos los miembros del comité. Fue una discusión amplia. Rajoy evitó intervenir. Se concatenaron opiniones de todo signo, pero la conclusión fue casi unánime: “No puedes volver a decirle no al Rey y no debes ir a una investidura sin la seguridad de ganarla y solo para favorecer la alternativa de Pedro Sánchez”. Rajoy calló mucho y anotó casi todo. Retornó a su despacho en La Moncloa y mandó llamar a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para buscar refugio en su brigada jurídica.

Los dirigentes del PP ya se percataron en aquella primera cita y en la subsiguiente de este pasado martes que asumir el encargo real y no formalizar una sesión de investidura podría traer problemas legales o constitucionales. La cuestión se suscitó en el primer encuentro secreto y en el siguiente: “¿Hay obligación legal de ir a la investidura?”. Las primeras respuestas no aclararon nada el panorama. Se convino que habría que preguntar a expertos constitucionalistas y así se hizo. Santamaría le preparó incluso un papel con sus conclusiones al presidente en el que se asumió que el artículo 99.2 de la Constitución no obliga a nada aunque apunta a que el candidato formal debería presentar su programa ante las cámaras. El Gobierno se agarra a esa presunta ambigüedad y a la decisión política de que ahora lo relevante y la prioridad para el Rey, para el Gobierno, para todos los partidos y para los españoles es que haya un Ejecutivo con capacidad de decisión cuanto antes.

Rajoy mantuvo varias reuniones de trabajo en La Moncloa con la vicepresidenta y su equipo jurídico este miércoles y jueves por la mañana antes de ir a despachar con el Rey. El jueves, además, siguió atentamente la rueda de prensa en el Congreso del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras salir de La Zarzuela. Sus colaboradores llevaban días advirtiéndole de que Sánchez tenía en mente toda “una operación para forzar su investidura y utilizar esa baza de su fracaso en la votación para alentar una vía alternativa con Ciudadanos, Podemos y los grupos nacionalistas”.

El candidato del PP y de Felipe VI

En el Gobierno no son capaces de determinar bien cuáles serían los aliados preferentes para esta ocasión de Sánchez, pero sí manejan la teoría de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, podría no estar ahora tan renuente a facilitar un Gobierno de Sánchez con Rivera como lo estuvo cuando ambos lo intentaron en marzo.

Rajoy escuchó a Sánchez y observó que el líder socialista no descartaba totalmente esa opción pese a las insistentes preguntas. Fue la confirmación que le hacía falta para ratificarse en su voluntad. Dejó La Moncloa, llegó a Zarzuela, recibió el encargo, volvió a su despacho, se reunió otra vez con Santamaría y también con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, contrastaron los últimos datos y compareció. Aceptó el envite de intentar formar Gobierno sin plazo fijo para ganar tiempo y, sobre todo, para meter más presión a Sánchez y a Rivera en la negociación que emprenderá la próxima semana, ya como el candidato del PP y del Rey.

PARECE EL PERRO DEL HOTELANO NI COME NI DEJA COMER.