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lunes, 2 de marzo de 2015

CORRUPCIÓN-110 DETENIDOS MÁS EN ANDALUCÍA

Foto: Imagen de archivo de la primera fase de la operación (Efe)

La UDEF agita la campaña andaluza con 110 detenciones más por los cursos falsos

A las 8.00 horas, la Policía ha desplegado un dispositivo en Granada, Córdoba y Jaén que prevé arrestar en los próximos días a 110 empresarios y funcionarios de la administración andaluza,
La operación Edu sigue con paso firme y seguro. A las 8.00 horas de esta mañana, la Policía ha puesto en marcha el dispositivo que llevará a cabo la segunda fase de las redadas iniciadas el pasado 10 de febrero. La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), tiene previsto detener en los próximos días a más de 110 empresarios, promotores de asociaciones y fundaciones e incluso altos funcionarios de la administración andaluza que presuntamente se han beneficiado de las subvenciones irregulares otorgadas por la Junta.
Esta segunda fase afectará a las provincias de Granada, Córdoba y Jaén -después de que la primera se desarrollara en Cádiz, Málaga y Almería y conllevara el arresto de 87 personas- y será ejecutada durante las próximas dos semanas. En cada uno de los nuevos territorios que la Policía abordará ahora han sido investigadas en torno a una veintena de entidades que impartían entre 25 y 30 cursos de formación que teóricamente debían servir para facilitar un primer empleo a los alumnos, pero que en realidad únicamente ayudaban a que los organizadores ingresaran fondos sin cumplir con la finalidad prevista.
El hecho de que la cifra de detenciones previstas supere el centenar sitúa a esta fase como la mayor oleada de arrestos llevados a cabo hasta el momento en el marco de la operación Edu, que la Policía inició el pasado mes de abril y que sigue el ritmo pausado pero seguro que inicialmente pronosticaron los investigadores, que miden los tiempos en función de sus avances y sin cálculos políticos, por mucho que esta nueva tanda se ejecute a pocas semanas de los comicios autonómicos.
En concreto, las fuentes consultadas estiman que haya más o menos la misma cifra de detenidos en cada una de las provincias en las que se desarrolla este segundo capítulo: Granada, Córdoba y Jaén. Aunque será en la primera provincia donde se produzcan las encarcelaciones más sonadas, que tendrán relación con altos funcionarios de la administración regional.
Cuando concluya esta segunda fase que hoy comienza, la cifra de detenidos en el marco de la operación Edu superará los 250 (los 110 previstos para estos días más 87 de la redada iniciada el 10 de febrero más 52 de anteriores capturas), a falta aún de que se desarrolle la tercera oleada de arrestos que albergará a las dos provincias restantes, Huelva y Sevilla, y que cerrará el círculo de esta primera batida que conllevará la pena preventiva para decenas de niveles medios de la administración regional así como de empresarios afines que presuntamente habrían montado academias con el único fin de recibir ayudas.
El dinero que iba a parar a las entidades promotoras de los cursos fraudulentos correspondía al montante concedido por el fondo social contra el desempleo de la Unión Europea programado para el periodo 2007-2013, que incluía la concesión de más de 8.000 ayudas, de las que la Policía apenas analiza unas pocas decenas, dada la enorme complejidad de las investigaciones, que han conllevado un notable refuerzo de las plantillas de la UDEF destinadas a estas tareas, además del apoyo que en exclusiva dedican funcionarios de las unidades provinciales del cuerpo.
Según las investigaciones policiales, las entidades que recibían las subvenciones incumplían numerosas irregularidades que han sido destacadas tanto por la Policía como por la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta durante los ocho procesos de instrucción abiertos en paralelo en las ocho provincias andaluzas. Entre estas ilegalidades, las tres entidades subrayan que un gran número de asociaciones o fundaciones subcontrataban a empresas de familiares sin tener siquiera autorización del Gobierno regional, que inflaban las facturas para justificar gastos que no se habían producido o que incumplían los plazos legalmente establecidos, irregularidades que no impedían, sin embargo, que la Junta les abonara el total de las ayudas acordadas.
La operación Edu se puso en marcha en abril del pasado año (aunque las pesquisas de la Fiscalía de Málaga -donde estalló el caso- y de la Policía fueran previas), justo cuando Díaz decidió cambiar el Servicio de Formación para el Empleo de la Consejería de Empleo a la de Educación, lo que algunas fuentes policiales califican como llamativo, ya que se trata paradójicamente del departamento que concedía las polémicas subvenciones a la formación que investiga la UDEF, que se ha centrado en los años 2009, 2010 y 2011 y que estima que estas prácticas irregulares hayan defraudado más de 3.000 millones de euros.
NO VEO QUE LOS PARTIDOS SE TOMEN EN SERIO LA CORRUPCIÓN VAN A SEGUIR EN LAS MISMAS.SER CORRUPTO EN ESPAÑA ES MUY RENTABLE Y AUNQUE VAYAS A LA CÁRCEL TE QUEDAS CON LO ROBADO ,SI TRABAJARAS HONRADAMENTE NUNCA LOGRARÍAS TANTO DINERO.

MONEDERO NO PERDIÓ EL TIEMPO EN VENEZUELA

Juan Carlos Monedero, el pasado 20 de febrero en una rueda de prensa

‘El Nacional’ vincula a Monedero con el cobro de 3,2 millones

El diario venezolano afirma que el cofundador de Podemos cobró de un 'think tank' chavista del que fue directivo.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero recibió cerca de 3,2 millones de euros del Gobierno de Venezuela para ejecutar, entre 2008 y 2010, un programa de formación ideológica en un think tank chavista del que el propio Monedero fue fundador y directivo.
Así lo recogía ayer una investigación de El Nacional de Caracas, el único diario independiente que queda en Venezuela tras las presiones a las que ha sometido a los medios el Gobierno venezolano. El reportero Franz von Bergen tuvo acceso a las partidas presupuestarias del Centro Internacional Francisco de Miranda (CIM). El centro, bautizado con el nombre del precursor venezolano de la independencia americana, es una institución creada por el chavismo para darle forma a un cuerpo ideológico propio, con el concurso de consultores extranjeros. Monedero fue uno de sus fundadores en 2006, después de haber prestado servicios a la presidencia de la república.
El profesor de la Universidad Complutense se hizo cargo del Programa de Formación Socialista Sociopolítica del CIM desde su fundación hasta una fecha que el reportaje no precisa. Sin embargo, la información comprueba que en 2008 y 2010, el receptor de los fondos destinados para la ejecución del programa es Juan Carlos Monedero en persona, y no la unidad que dirigía, como aparece en otros años fiscales. Esos fondos suman un total de 10.542.730 bolívares, el equivalente a 3.485.052 dólares al cambio oficial vigente durante el periodo (unos 3 millones de euros).

Otros gastos.En esos dos años señalados, además, Monedero figura como ejecutor de la mitad de los gastos del CIM, en 2008, y de la totalidad en 2010.

Aparte de lo relacionado con el Centro Miranda, la investigación de El Nacional se hace eco también de otros datos que ya han sido publicados en España como el desembolso de 3,9 millones de dólares (3,5 millones de euros) aprobados por Cadivi (la Comisión de Administración del Régimen de Cambio de Divisas, que funcionó entre 2003 y 2012). Estos fueron el pago de asesorías prestadas por la Fundación CEPS, a la que estuvo vinculada buena parte de la cúpula de Podemos, y para sufragar un premio de 134.000 dólares (120.000 euros) otorgado en 2010 a Luis Alegre, actual secretario de Participación Interna del movimiento.
BUSCO UN HOMBRE HONRADO DENTRO DEL MARCO POLÍTICO

¡ESTAFADORES¡ MÁS IMPUESTOS NO, MAS CUIDADOS SI

La OCDE pide a España que acometa una reforma fiscal verde

El organismo advierte de que las presiones sobre el medio ambiente aumentarán a medida que la economía se recupere.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha pedido a España que amplíe y perfeccione "el uso de los impuestos relacionados con el medio ambiente en el marco de una reforma fiscal integral". Entre los cambios que el organismo propone está el aumento de los impuestos al gasóleo, la reestructuración del impuesto de circulación, o la creación de nuevas tasas sobre la extracción de agua, los vertidos de aguas residuales o la utilización de pesticidas y fertilizantes. 
La sugerencia de acometer una reforma fiscal verde se incluye en el informe Evaluaciones del desempeño ambiental en España, presentado este lunes en Madrid por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.Se trata del tercer análisis de este tipo al que se somete España desde 1997. El anterior data de 2004. Según la organización, la reforma fiscal aportaría "beneficios ambientales e ingresos adicionales para reducir presión fiscal para la creación de empleo sobre todo para salarios bajos", ha indicado Gurría. Además, el organismo propone que se acometa en un momento en el que la fiscalidad verde es baja comparada con la de las rentas del trabajo.
 En el informe de 2015 se resaltan los "avances" en materia medioambiental en la última década. Pero se advierte de que "a medida que la economía se recupere, es probable que aumenten las presiones sobre el medio ambiente". Para evitarlo, la OCDE considera "importante" que el Gobierno español integre "las políticas industriales y ambientales para garantizar la aplicación de un sistema de protección del medio ambiente fuerte".
El informe presentado este lunes contiene 28 recomendaciones. En el apartado fiscal, se señala que "desde 2007 han disminuido las ecotasas y ahora se sitúan entre las más bajas de la OCDE". Se sugieren algunos cambios. Por ejemplo, un aumento de los impuestos "sobre el gasóleo utilizado en transporte hasta por lo menos el mismo nivel que el de la gasolina". La OCDE apuesta también por reestructurar "el impuesto de circulación de vehículos para reflejar mejor el coste ambiental del uso del vehículo". Y pide que se incluyan nuevos impuestos "sobre el uso de los recursos y la contaminación". Se trataría de tasas sobre la extracción de agua, los vertidos de aguas residuales o la utilización de pesticidas y fertilizantes.
La OCDE solicita al Gobierno que identifique y elimine "las medidas fiscales y subsidios que son perjudiciales para el medio ambiente y económicamente ineficientes". Y resalta que dentro de esta categoría están las ayudas a "la producción de carbón nacional y la generación de electricidad con carbón". Gurría ha reconocido que algunas medidas pueden tener efectos "explosivos". "Pero el mundo se está moviendo inevitablemente hacia esa dirección", ha señalado.
En el informe se recuerda que "las emisiones de gases de efecto invernadero han ido en disminución desde 2000". Pero se añade: "No lo suficiente como para alcanzar los objetivos de reducción del protocolo de Kioto fijados para España". Para cumplir con esos compromisos, el Gobierno ha tenido que recurrir a la compra de derechos de emisiones en otros países.
Uno de los asuntos en los que el informe incide de forma reiterada es la descoordinación entre los 17 gobiernos regionales y el Estado en las políticas ambientales. También ocurre con los impuestos. Por ello, la OCDE apuesta por "fortalecer la coordinación" en materia fiscal. "El Consejo de Política Fiscal y Financiera podría ayudar en este sentido", se apunta en el texto.
El organismo internacional también pide al Gobierno que solucione el problema de las cargas burocráticas a las empresas que imponen las Administraciones. Según el informe, España es el país de los 32 miembros de la OCDE analizados donde las empresas soportan más cargas. "La complejidad de su normativa y la gestión descentralizada continúan imponiendo a las empresas una carga burocrática gravosa en materia ambiental", se indica en el informe.  
Respecto a la biodiversidad, en el informe se apunta al impacto de los recortes en la financiación. Y se apuesta por buscar "fuentes alternativas de financiación" en el sector privado.
QUIEN PERJUDICA EL MEDIO AMBIENTE ES PETRONOR CON SUS REFINERÍAS Y OTRAS GRANDES EMPRESAS COMO TÉRMICAS, NO LA EXTRACCIÓN DE AGUA QUE BIEN CARA ESTÁ CON LOS IMPUESTOS  MUNICIPALES ¡ESTAFADORES¡ QUIERO PODER COMER TODOS LOS DIAS ALGO PORQUE ME ETAIS QUITANDO TODO EL DINERO VIA IMPUSTOS.

domingo, 1 de marzo de 2015

GANANDO LA REPÚBLICA

Villa Mir junto a Don Juan Carlos en un acto en la Fundación Cotec (EFE).

La megafundación del hada Cristina para que el rey emérito salga en la foto

La Fundación Cotec es el escenario elegido por las grandes empresas del Ibex para impulsar la restauración pública de Don Juan Carlos. En Zarzuela la iniciativa no hace ninguna gracia.
Las apariencias engañan, como suele ser costumbre generalmente aceptada, pero algunas veces es mejor que el embeleco no mienta demasiado, no vaya a ser que el pueblo soberano termine de nuevo confundido con todo lo que ha costado seducirle. El nuevo y enigmático jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, gallego donde los haya y abogado del Estado para más señas, no quiere que una carta mal jugada le estropee la partida que con tanto aplomo ha permitido recuperar la imagen de la institución monárquica desde la proclamación de Felipe VI el pasado mes de junio. En escasos ocho meses, la España republicana que se presumía tras la abdicación de Don Juan Carlos ha dado paso a una era de respeto, cordialidad y simpatía hacia la Corona como no se conocía desde hace años.
Los más viejos del lugar, inquilinos y transeúntes de esa Cuesta de las Perdices que enlaza el Palacio de la Moncloa con el más solemne de La Zarzuela, se pellizcan de satisfacción cuando comprueban los niveles de aceptación que atesoran los flamantes Reyes de España. Don Felipe y Doña Letizia están todavía lejos del record que Juan Carlos I alcanzó en sus momentos de mayor esplendor ciudadano pero han superado con creces el bajonazo que provocó el relevo en la Jefatura del Estado y no están dispuestos por nada del mundo a poner en riesgo un logro tan repentino e inesperado pero que, al mismo tiempo, se considera decisivo para la estabilidad futura del reinado.

Jaime Alfonsín ha pedido a la exministra Cristina Garmendia que se olvide de convertir a Cotec en una megafundación para mayor gloria de Don Juan Carlos
El maná caído del cielo no se puede desperdiciar y eso obliga a repartir con mucho cuidado los papeles que cada uno de los actores debe interpretar dentro de la función pública e institucional de la Monarquía parlamentaria. El Rey emérito ha empezado a sacar la cabeza del tiesto con despachos intermitentes en el Palacio Real de Madrid, allá en la Plaza de Oriente, donde su imagen puede todavía aprovechar la inercia positiva de confines lejanos, distintos y distantes de los grandes problemas que acucian al país. Nadie es profeta en su tierra pero el que tuvo, retuvo y guardó para la posteridad, algo que en el caso del rey padre otorga crédito suficiente para una puesta en valor al margen  de que exista o no suficiente liquidez.
Don Juan Carlos cuenta con los mejores avalistas que a día de hoy se pueden encontrar en el olimpo empresarial y financiero, hombres curtidos en mil batallas de negocios que no reniegan de su pasado porque tampoco están dispuestos a renunciar a su futuro. Por lo menos, mientras el Gobierno de la nación siga esmerándose en buscar correas de transmisión de una política económica que se consiente y proclama mejor en casa ajena que en carne propia. Los filántropos del rey saliente se resisten a emplearse como benefactores de una máscara de hierro y tratan ahora de hacer votos para sacar de su callado retiro y dar algo de nutriente contenido al monarca vacío.
Villa Mir junto a Don Juan Carlos en un acto en la Fundación Cotec (EFE).
Villa Mir junto a Don Juan Carlos en un acto en la Fundación Cotec (EFE).

De Cotec al cielo

Una plataforma elegida como trampolín para la restauración pública y notoria de Don Juan Carlos se ha ubicado en Cotec, esa fundación creada en 1990 a iniciativa del entonces rey único para levantar el pulso de la alicaída investigación tecnológica en España. La verdad es que las cifras del célebre I+D+i están petrificadas en el 1,2% del PIB desde tiempos inmemoriales y los incansables esfuerzos de la institución presidida sucesivamente por José Ángel Sánchez Asiaín y Juan Miguel Villar Mir no han servido para superar el síndrome de Unamuno. El invento de Cotec funciona desde junio del pasado año bajo la dirección experta de Cristina Garmendia, cuya visibilidad política y empresarial es la mejor baza que las lumbreras del Ibex han encontrado para bajar el puente levadizo de esa cueva donde anda encerrado su antigua majestad.

Cotec se mantiene aún bajo la presidencia de honor del antiguo jefe del Estado gracias a un cambio estatutario impulsado por Juan Miguel Villar Mir
Una vez más César Alierta es la mano que intenta mecer la cuna para proporcionar desde Cotec una varita mágica al hada Cristina, de modo y manera que la presidenta de la fundación pueda convertir las calabazas de Don Juan Carlos en una suntuosa carroza, dotada con un presupuesto no inferior a los 100 millones de euros, donde el monarca emérito se sienta real y verdaderamente confortable. La primera parte del trabajo está hecha desde el momento en que Villar Mir adaptó los estatutos de la Fundación, cuya presidencia de honor ya no recae necesariamente en el jefe del Estado, sino en la persona que éste designe. A partir de ahí es el presidente de Telefónica el que debe tomar la iniciativa para que Zarzuela cumpla la segunda mitad de la tarea pendiente.
El objetivo es convencer a Felipe VI, lo cual no va a ser nada sencillo si atendemos a la estricta delegación de funciones que el Rey efectivo concede a su secretario de toda la vida, Jaime Alfonsín. El actual jefe de la Casa del Rey reconoce, como no podía ser de otra forma, las buenas intenciones de los grandes amigos empresarios, pero no ve con los mejores ojos una iniciativa que, a la postre, puede desnaturalizar los vientos de cambio que soplan tras la tempestad de la pasada primavera. La calma siempre será bienvenida pero todavía no ha llegado la hora del anticiclón y ya se sabe que las cosas de Palacio, ahora más que nunca, deben ir despacio.

Don Juan Carlos y Don Felipe en un acto de 2010 en el que el segundo todavía era príncipe. (EFE)
Don Juan Carlos y Don Felipe en un acto de 2010 en el que el segundo todavía era príncipe. (EFE)

La foto que todo el mundo espera

Don Juan Carlos puede seguir desempeñando la presidencia de honor de Cotec y de hecho ha asistido en vivo y en directo a alguno de sus más recientes comités ejecutivos. Incluso, si no hubiera sido por las tarjetas black, hasta podría haber estado acompañado de su fiel Rafael Spottorno como secretario general de la fundación. Eso sí, tendrá que hacerlo en calidad de emérito y ni por asomo con las pretensiones planeadas por el tándem formado por la exministra de Zapatero y el primer y más conspicuo representante del mundo corporativo en España. La institución podrá disponer, como mucho, de un fondo de cobertura de 10 a 15 millones que permita andar por casa sin mayores alharacas, de manera acorde con la actual etiqueta de prudencia, templanza y sobriedad que imponen las circunstancias.

Zarzuela quiere que Felipe VI presida junto a su padre la próxima reunión del patronato de Cotec, con toda la corte empresarial como testigo del acontecimiento
Los deseos expresados por Alfonsín a Cristina Garmendia deberán ser acatados hasta nueva orden como si fuera una instrucción procedente de la superioridad. En su momento, además, se fijará la fecha del nuevo patronato de Cotec que, en el mejor de los casos, podría servir para inmortalizar por vez primera el momento sublime de los dos reyes juntos. Padre e hijo bajo un mismo techo institucional y ante lo más granado de la corte empresarial en un retrato de época merecedor del mejor pintor de cámara. Pero dejando siempre las cosas claras porque mientras la autopista del Rey puesto siga en construcción, su antecesor deberá conformarse con marchar por el arcén. Sólo así podrá salir en la foto.
LA FAMILIA REAL LUCHANDO POR ESTABLECER LA REPÚBLICA EN  ESPAÑA QUE SIGAN ASÍ Y EN MENOS DE 10 AÑOS ESPAÑA ES REPUBLICANA.

EL GOBIERNO PREMIA LA REBELIÓN

Foto: Artur Mas y Montoro, en una imagen de archivo. (Efe)

Artur Mas y Montoro, en una imagen de archivo

Hacienda destina 40.000 millones en cuatro años a salvar las cuentas de Cataluña

No habrá reforma del sistema de financiación, pero las comunidades concluirán la legislatura habiendo recibido 110.000 millones con los fondos de liquidez y de facilidad financiera y los planes de pago a proveedores.
No habrá reforma del sistema de financiación autonómica, pero las comunidades concluirán esta legislatura habiendo recibido 110.000 millones de euros en préstamos del Gobierno, obtenidos por el Tesoro en los mercados, para poder cuadrar sus cuentas. Un 36% del total ha ido destinado a Cataluña, 40.144 millones en cuatro años, y otro 25%, a la Generalitat Valenciana, 27.694 millones de euros. Se trata de tres herramientas: el fondo de liquidez autonómica (FLA), mantenido de 2012 a 2015, el fondo de facilidad financiera, abierto sólo este año, y los planes de pago a proveedores de 2012, 2013 y 2014.
Exceptuando el País Vasco, todas las autonomías se han sumado a una de estas modalidades en algún momento, aunque las diferencias son abismales entre unas y otras. ¿Qué se ha pagado con este dinero? Las comunidades han podido cubrir vencimientos de deuda, devolver el dinero de más que recibieron por el sistema de financiación en años pasados, pagar intereses y cumplir con miles de proveedores de la educación, sanidad y servicios sociales, pero también obras, suministros o subvenciones.
Tanto la oposición como varias comunidades han criticado al Gobierno que estas vías de liquidez multimillonaria hayan suplido la reforma del sistema: en vez de repartir el dinero según nuevos criterios de financiación, para que cada cual lo gaste con independencia, Hacienda ha diseñado unas herramientas para prestarles dinero que implican un control, elaborar planes de ajuste, cumplir algunas condiciones y enviar periódicamente información al Gobierno.

Fondo de liquidez y de facilidad financiera

El ministerio de Cristóbal Montoro ha dado a conocer el reparto del 75% del FLA de 2015. Sumados todos los ejercicios, con este fondo se habrán repartido casi 70.000 millones entre las comunidades que no cumplían el objetivo de déficit y no lograban financiación en los mercados. Cataluña recibirá en los cuatro años 33.678 millones de este fondo, la mitad del total, y la Comunidad Valenciana otros 20.174. Andalucía habrá obtenido 11.434 millones de euros; Castilla-La Mancha, 4.537; Murcia, 3.231; Baleares, 2.613 Canarias, 2.577; Cantabria, 1.224; Asturias, 782 y Extremadura, 178 millones. Ni Madrid ni Galicia, Aragón, Castilla y León y La Rioja han recurrido al FLA.
Sin embargo, todas ellas menos Madrid se han sumado al nuevo fondo de facilidad financiera creado este año para las comunidades cumplidoras con el déficit y la deuda, que logran así un tipo de interés cero. La excepción, Madrid, mantiene una oposición dura frente a estos fondos de Hacienda: el Gobierno autonómico argumenta que prfiere financiarse por sí solo y que los mercados le penalizarían por sumarse en algún momento a estas vías de liquidez.
Ignacio González ha criticado duramente las medidas de Hacienda. (Efe)
Ignacio González ha criticado duramente las medidas de Hacienda.
Este fondo repartirá en 2015 un total de 11.400 millones y a él se han pasado comunidades que han estado hasta 2014 en el FLA, pero que ahora cumplen con el déficit y la deuda, como Andalucía (obtendrá 2.962,84 millones), Baleares (998,71 millones), Canarias (958,14) y Asturias (508,84). Se suman también Castilla y León (2.003,63 millones); Galicia (1.542,5); Aragón (1.193,51), Extremadura (476,51 millones), Navarra (446 millones) y La Rioja (245).
Hacienda ha puesto en marcha este año un tercer fondo, llamado Social, con el que facilitará financiación a las autonomías para que salden deudas con las entidades locales por convenios que no les hayan pagado. Se trata de la mitad de las comunidades (Aragón, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) y las cifras finales están a la espera de que las entidades locales revisen los datos. 
La otra gran pata de la liquidez facilitada a las autonomías la han formado los planes de pago a proveedores, creados para saldar sus deudas con miles de empresas y autónomos. Todas las autonomías del régimen común salvo Galicia se han sumado a estos planes, aunque no todas en todos los años: 17.704 millones en conjunto en 2012, 4.544 millones en 2013 y 7.970 en 2014. En total, 30.218 millones de euros que han pagado millones de facturas sobre todo en la Comunidad Valenciana (7.519 millones en tres años), Cataluña (6.465 millones) y Andalucía (4.955 millones). Del resto de comunidades cabe señalar que Madrid ha obtenido con estos planes 1.346 millones, Castilla y León 1.052 o Aragón 512. 
COMENTARIO:
¿Y por qué será que mucha gente piensa que el problema de este país son las Autonomías? Si tu tienes un sistema de organizar el Estado, y creas otro en paralelo, pero sin suprimir el anterior, tienes dos sistemas y dos problemas de gasto. Bueno, pues eso, exactamente, es lo que ocurre en España. Y, hasta ahora, ningún gobierno se ha atrevido a racionalizar eso bisturí en mano. Todo lo más, se ha producido algún maquillaje cosmético. Y encima, las Autonomías vienen acompañadas de su deficitaria red de empresas públicas y clientelismos varios. ¡Hay que colocar a tantos políticos, familiares y cargos de confianza!

LA DESIGUALDAD SOCIAL EN ESPAÑA ES TREMENDA

Centro de asistencia Pinar de San José, en Madrid, en febrero

Cómo cerrar la brecha

La emergencia social por paro, pobreza y exclusión obliga a los partidos a asumir como prioridad la lucha contra la desigualdad.

Esta es una historia triste, de exclusión, pobreza, paro, precariedad laboral…, de desigualdad, en definitiva. La historia empezó a agravarse en 2008 y se disparó entre 2010 y 2014, por la crisis económica y los recortes sociales, pero llevaba muchos años instalada en la sociedad española, escondida tras la borrachera provocada por la bonanza económica, la burbuja inmobiliaria y el consumo disparado a golpe de crédito. La pobreza existía en España en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas, pero no nos dábamos cuenta a pesar de los avisos de organizaciones humanitarias como Cáritas, Intermón-Oxfam o Cruz Roja. Los pobres eran invisibles. Además, pensábamos que era solo cosa de inmigrantes. Estábamos muy ocupados disfrutando de unos años boyantes y los políticos habían dejado de pisar la calle, para gobernar desde la moqueta y el coche oficial.
Mientras tanto, las calles se llenaban de personas sin techo que dormían en soportales o túneles, los comedores sociales no daban abasto y las familias iban acabando con su hucha y no podían ya ser la red de apoyo de sus hijos, hermanos o nietos que dejaron de cobrar las prestaciones sociales.
Pero en el año con más citas electorales desde que estrenamos democracia (andaluzas, autonómicas, locales, catalanas y generales), los partidos políticos parece que se han dado cuenta de la gravedad de la situación y empiezan a incluir en sus programas preelectorales diversas medidas para atajar la situación. Son conscientes de que, ante este panorama de auténtica emergencia nacional, o proponen cambios de peso en la política económica y social o se exponen a una revolución. Incluso en el debate sobre el estado de la nación de esta semana la desigualdad ha sido uno de los asuntos más citados.
No es para menos. Ahí van algunos datos que pueden definir la situación de auténtica emergencia social que vive España:
» Una de cada cuatro personas que quieren trabajar está en paro.
» Uno de cada tres parados no cobra prestación alguna.
» Uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo.
» 526 personas perdieron su vivienda cada día en 2012, año récord de los desahucios. Ahora son unos 120 diarios.
» 2,3 millones de niños viven por debajo del umbral de pobreza.
» 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y cinco millones se encuentran en situación de exclusión severa.
» 1,3 millones de personas recibieron en 2014 la ayuda básica de emergencia de Cáritas, tres veces más que en 2007. Y 2,5 millones de personas fueron atendidas por esta organización por distintos motivos.
» España suspende, con un 4,85 sobre 10, en el índice de justicia social de la Unión Europea.
» El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%.
» Tres comunidades autónomas tienen un 30% de su población en riesgo de pobreza, y otras dos, el 25%.
Con esos titulares, no es de extrañar que los políticos se hayan dado cuenta de que no pueden ni plantearse una campaña electoral sin ofrecer por lo menos un poco de esperanza a los ciudadanos más golpeados por la crisis. Otra cosa es que esa famélica legión les crea, porque buena parte de la desafección de los españoles hacia los políticos y las instituciones viene del empobrecimiento que ha causado la crisis económica y los recortes sociales llevados a cabo en los últimos cinco años.
Los primeros en recordar la desigualdad social, económica y territorial que existe en España fueron los representantes de Izquierda Unida (IU). La verdad es que nunca han dejado de ondear esa bandera, sobre todo desde el famoso 10 de mayo de 2010 en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio un volantazo a su política económica, forzado por la Unión Europea, iniciando una política de recortes sociales que luego fue multiplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. IU ha sido la fuerza política que más se ha enfrentado a la política de austeridad promovida por el eje Bruselas-Fráncfort.
Luego apareció en el escenario político Podemos, formado por militantes de la izquierda anticapitalista que se hicieron mayores con el chavismo; un partido que formuló grandes promesas de política social en los pasados comicios al Parlamento Europeo, consiguiendo enormes réditos electorales. Al poco tiempo se dieron cuenta de que sus recetas para luchar contra la desigualdad eran imposibles de cumplir (sobre todo la llamada renta básica universal) y las devaluaron notablemente, pero no cabe duda de que su irrupción en la política (y sobre todo las previsiones de las encuestas) ha agitado las conciencias de los partidos de izquierda y de centro izquierda.
El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%
El PSOE de Pedro Sánchez ha sido uno de los partidos que más ha pisado el acelerador en los últimos meses en busca de propuestas que corrijan la brecha creciente de desigualdad en España. Tal vez por la presión de IU y de Podemos, por los resultados de las encuestas o sencillamente porque han considerado que sus siglas exigen una apuesta seria por una de las señas de identidad de la socialdemocracia: la igualdad de oportunidades. En esa línea, Sánchez ha llegado a proponer hasta la modificación del artículo 135 de la Constitución, relativo al equilibrio presupuestario, que se aprobó en la anterior legislatura por consenso entre su partido, que entonces gobernaba, y el PP. Además, desde hace meses el aparato del PSOE no para de producir papeles sobre desigualdad, y el propio Sánchez ha viajado este fin de semana a Brasil a preguntarle al expresidente Lula da Silva cómo consiguió cambiar la tendencia de desigualdad en su país, uno de los más pobres del mundo.
Ciudadanos ha irrumpido también con fuerza en el panorama de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral. Lo quisieron dejar muy claro en la presentación, hace dos semanas, de su programa económico. Su competencia con UPyD (partido que desde su nacimiento ha defendido las tesis socialdemócratas y ha hecho innumerables propuestas contra la desigualdad en el Parlamento) les exige un movimiento hacia el centro y no han querido quedarse cortos. Hasta los partidos soberanistas catalanes han hecho un alto en el camino hacia la independencia para centrar sus acciones en la política social.
¿Y el PP? El partido del Gobierno mantiene la teoría de que la mejor forma de luchar contra el paro, la pobreza y la desigualdad es recuperar la senda del crecimiento económico (parece que lo ha conseguido, ¡seamos justos!) y que cuando las cifras macroeconómicas empiecen a cuadrar y la creación de empleo alcance una buena velocidad de crucero, la brecha de la desigualdad empezará a cerrarse. Algo cierto solo a medias, porque Estados Unidos, que disfruta de una magnífica posición económica y ha llegado prácticamente al pleno empleo (5,6% de tasa de paro), es uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Por si acaso, Mariano Rajoy anunció el martes pasado algunas medidas sociales que pondrá en marcha en los escasos nueves meses que restan para unas elecciones generales en las que tanto el PP como el PSOE se juegan su propia existencia como partidos hegemónicos.
Entre los detractores de esa filosofía de que para luchar contra la desigualdad hay que fomentar el aumento de la riqueza desde arriba, porque antes o después llegará a todas las capas de la sociedad, está el economista Thomas Piketty. Uno de los escritores más citados de los últimos años con la publicación de su libro El capital en el siglo XXI, en el que desarrolla algunas de las teorías de Karl Marx dos siglos antes. Para Piketty, la desigualdad es una tendencia estructural en la sociedad capitalista, derivada de lo que denomina su fuerza fundamental de divergencia. Lo que viene a decir el economista francés es que cuando el rendimiento del capital es mayor que el propio crecimiento de la economía, la riqueza heredada crece más rápidamente que la producción y la renta y, por lo tanto, aumenta la desigualdad. Y para solucionarlo, propone una drástica reforma fiscal con altos tipos marginales para los ricos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el de patrimonio.
Ahora es posible tener un trabajo precario que no dé para salir
de ese pozo oscuro de la desigualdad
Hace menos de un mes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias compitieron por hacerse la foto con el exitoso Piketty cuando vino a presentar su libro a Madrid. Los dos consiguieron sentarse a su lado y abrazar su doctrina con auténtica pasión. Una doctrina que tiene muchos adeptos, pero también detractores. De hecho, los países de la Unión Europea llevan meses debatiendo sobre si las políticas de austeridad llevadas a cabo para estabilizar las cuentas públicas no han causado males mayores sobre la población. Keynesianos y liberales mantienen la discusión en Europa, con los ojos puestos en Estados Unidos, en donde hay toda una escuela de pensamiento que defiende que para luchar contra la pobreza hay que crear riqueza y que es mejor centrarse en el crecimiento económico que en la redistribución y corrección de las desigualdades.
El director de BBVA Research para España, Rafael Doménech, ha estudiado en profundidad el problema de la desigualdad en España y próximamente publicará un libro sobre el tema con otros profesores de Economía. A su juicio, la desigualdad en España está absolutamente vinculada a dos factores: el desempleo y el capital humano. “Antes de la crisis de 2008”, explica Doménech, “ya había mucha desigualdad encubierta, aunque siempre ha evolucionado en paralelo a la tasa de paro. En estos momentos estamos en una situación muy alta comparada con los países a los que queremos parecernos, especialmente los nórdicos, y en un nivel similar al de Italia o Portugal. De todas formas, es mayor la desigualdad de riqueza que la de rentas”.
Doménech insiste en que el bajo nivel de capital humano (educación) hace que la desigualdad sea un problema crónico y que “cuando vienen mal dadas, como esta última crisis económica, hay una parte de la sociedad española que lo pasa muy mal. Se han creado dos tipos de colectivos: los insiders del sistema, que son los que tienen un trabajo indefinido, los funcionarios y los pensionistas, que afrontan las crisis con ciertas garantías, y los outsiders, un amplio grupo formado por los parados, los empleados temporales y los precarios”. Es ese segundo grupo el que ha crecido de forma espectacular en los últimos años, formando una masa de pobreza que tardará años en reducirse. Y hay un último grupo de pobres con trabajo. Antes, si se tenía trabajo se salía de la pobreza, pero ahora es posible tener un trabajo precario que no dé para salir de ese pozo oscuro de la desigualdad.
A su juicio, “recomponer la situación nos va a llevar mucho tiempo porque hay que tomar medidas que solo tienen efectos a medio y largo plazo, como la reforma de la educación, para conseguir unos ciudadanos con habilidades profesionales vinculadas a los nuevos tiempos”. Este economista de BBVA recuerda además el drama que sufren millones de jóvenes españoles que abandonaron sus estudios entre los noventa y los primeros años del nuevo siglo, incentivados por los sueldos que les ofrecían en la construcción en pleno boom inmobiliario (casi siempre en negro), y cuando llegó la crisis se encontraron en la calle, sin prestación por desempleo ni una formación que les permita conseguir un nuevo trabajo.
En el debate del estado de la nación de esta semana la desigualdad ha sido uno de los asuntos más citados
“Además de las medidas ex post como los subsidios o las ayudas”, añade Doménech, “hay que plantearse medidas ex ante que ayuden a afrontar el grave problema de la desigualdad desde su propia raíz”. Para lograr el objetivo de mayor equidad fiscal, el papel del Estado es crucial. Además de la mejora del capital humano y la calidad de las instituciones, Rafael Doménech se refiere a medidas fiscales (empezando por la lucha contra el fraude) y reformas estructurales.
En la misma línea, el economista de Cáritas Guillermo Fernández Maíllo se reafirma en que “la desigualdad no se va a reducir solamente con la recuperación del empleo en España. El problema es más grave y la fractura social viene aumentando desde hace años; antes de que llegara esta última crisis económica”.
Fernández Maíllo forma parte del equipo que elabora el Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, que lleva siete años llamando la atención sobre estos problemas. “Cuando lo presentamos por primera vez en 2007”, explica, “el Gobierno socialista ponía nuestros datos en tela de juicio porque decíamos que el 17% de la población española estaba en situación de exclusión social. Hoy, el dato llega hasta el 25%”. Para elaborar este índice, Cáritas trabaja con ocho dimensiones y más de 35 fenómenos sociales diferentes referidos al empleo, el consumo, la vivienda, la salud, el acceso a la política, las redes familiares y sociales, la conflictividad social y la salud. Y estos indicadores muestran que la desigualdad y la exclusión han estado presentes en la sociedad española durante toda la etapa democrática, aunque en los años ochenta se produjera un descenso notable por las políticas sociales desarrolladas por los sucesivos Gobiernos de Felipe González.
La última crisis económica que estalló en 2008 ha disparado todos los índices de desigualdad, pobreza y exclusión social en España, especialmente por el aumento del desempleo y por los recortes sociales en sanidad y educación. “Hay una generación transversal expulsada del mercado del trabajo y condenada a la exclusión”, dice Fernández Maíllo.
Inmigrantes encaramados en la valla de Melilla, junto al campo de golf situado al lado de la alambrada. /
Según Cáritas, la crisis está causando un riesgo de falta de cohesión social en España, con consecuencias graves. Este riesgo se fundamenta en el incremento de la desigualdad y de la pobreza, el aumento del paro, el descenso de los sistemas de protección social, el desgaste de los mecanismos de protección familiar, las desigualdades territoriales y la crisis recaudatoria por la economía sumergida y el fraude fiscal. “Todos estos factores unidos”, explica el economista de Cáritas, “han llevado a que la pobreza sea más extensa, más intensa y se pueda llegar a cronificar. Es más extensa porque aumenta el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, aumenta el número de hogares con todos sus miembros activos en el paro, aumenta la tasa de paro y se multiplica por tres en diez años el número de ejecuciones hipotecarias. Es más intensa porque cae la renta disponible por persona en valor real, cae el umbral de pobreza y aumenta el número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes o sencillamente sin ingresos. Y, por último, la pobreza se cronifica, como lo prueba que casi el 50% de las personas que reciben ayudas de nuestra organización lo llevan haciendo tres o más años”.
Para el célebre autor Thomas Piketty, se trata de una tendencia estructural en la sociedad capitalista
En definitiva, el paro, el endeudamiento de los hogares y los insuficientes sistemas de protección social han llevado a que la fractura social se siga ampliando, creando importantes problemas para las familias que repercuten especialmente en los niños. “Entrar en la exclusión social es muy fácil y salir es muy difícil, casi imposible”, dice Fernández Maíllo. “Los millones de personas que están en esa situación en estos momentos lo tienen más difícil que en las anteriores crisis”. En cuanto a los niños, el economista defiende que no se debe hablar de pobreza infantil, sino de pobreza de las familias y que en estos momentos “existe un riesgo claro de transmisión intergeneracional de la pobreza, como ya ocurrió en las crisis de los ochenta y los noventa, pero más grave porque este pico de pobreza es más intenso, extenso y crónico”.
El Informe Foessa enuncia varias propuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión: revisar el sistema de garantía de rentas, implementar políticas públicas de ayuda a las familias, lanzar nuevas políticas públicas de creación de empleo y reducción de la pobreza y recuperar los servicios sociales públicos que se han perdido por los recortes llevados a cabo desde 2010.
Otra organización no gubernamental, Intermón-Oxfam, coincide bastante con Cáritas tanto en el diagnóstico como en las recetas para solucionar el problema. La economista de Oxfam Teresa Cavero explica que “España llegó a esta última crisis con unos niveles de pobreza muy altos, por lo que las consecuencias han sido muy graves. La mezcla de desempleo más recortes sociales ha hecho un daño irreparable en la población, porque cada vez hay más gente con necesidades de ayuda y menos fondos para prestaciones y políticas sociales”.
Cavero enumera las propuestas para afrontar este problema: “En primer lugar, es imprescindible una nueva política fiscal sostenible, progresiva y equitativa, unida a la lucha contra el fraude y la implantación de la tasa Tobin [impuesto a las transacciones financieras]. En segundo lugar, hay que blindar las políticas sociales para que no puedan volver a reducirse como estos últimos años; hay que garantizar la educación y la sanidad universal y de calidad, recuperar la protección social, garantizar unos ingresos mínimos y lanzar políticas públicas de empleo. Y, por último, reclamamos un auténtico refuerzo democrático de las instituciones”.
Las propuestas de Cáritas, Intermón y otras ONG parece que han sido escuchadas por los distintos dirigentes políticos, según se desprende de las últimas declaraciones y documentos presentados por el PSOE, IU, Ciudadanos, UPyD y Podemos. Aunque todavía hay que concretar más las propuestas y cuantificarlas. Lo que ya nadie duda, a estas alturas, es que “hemos llegado a un nivel excesivo de desigualdad que no solo es injusto, sino que pone en peligro la democracia”, como decía hace pocas semanas la catedrática de Ética Adela Cortina en una entrevista a este periódico.
COMENTARIO:
Me alegro que muchos se hayan dado cuenta de la terrible desigualdad social que padecemos en España gracias a los lamentos perennes de muchas ONG ¡Por fin se han quitado la venda de los ojos! Ahora se trata de diferenciar a los oportunistas del blablabla y a los que proponen medidas efectivas para iniciar el camino hacia una sociedad más justa. Sea como sea, la terrible desigualdad que padecemos es la consecuencia del fracaso del actual sistema en el que convivimos. Urge cambiarlo, atacar el problema de raíz. Los paños calientes de los del blablabla no servirán para nada. Los electores lo debemos tener en cuenta.