Hay que tener un morro astronómico. El máximo responsable de que Ceuta esté sufriendo esta situación es Pedro Sánchez, sin ninguna duda. No porque sea responsable de que haya personas que quieran salir de la pobreza y buscar una vida mejor, sino porque es el presidente del Gobierno y quien tiene la responsabilidad última de la política migratoria, del control de nuY estras fronteras y de las consecuencias de sus decisiones.
Toda Europa se ha enterado ya de ese efecto llamada continuo y de la permisividad ante una inmigración sin control. Y aquí es donde conviene aclarar algo que parece que algunos no quieren entender: cuando se ocupa un cargo de responsabilidad, no basta con apelar a la sensibilidad, la humanidad, la solidaridad o los derechos humanos. También hay que ejercer la responsabilidad que ese cargo conlleva.
Porque una cosa es la moralidad y otra la responsabilidad.
Si alguien llega huyendo de la pobreza, merece humanidad. Pero eso no significa que un país tenga recursos ilimitados ni que pueda asumir indefinidamente la llegada de personas sin controlar sus fronteras. Tampoco significa que la responsabilidad de los países de origen desaparezca en cuanto esas personas pisan España.
Si hablamos de solidaridad, hablemos de ella en todas las direcciones.
¿Por qué España tiene que hacerse cargo de los menores que llegan desde Marruecos mientras nadie parece exigir al Gobierno marroquí que cuide de sus propios menores y evite que tengan que huir de la pobreza?
¿Por qué a España se le exige sensibilidad, humanidad, solidaridad y cumplimiento de los derechos humanos, mientras a quienes gobiernan los países de origen se les exige tan poco?
Algo no encaja.
España es la frontera más golosa de un mundo empobrecido por sistemas políticos, desigualdades, fanatismos religiosos y dirigentes que no han sido capaces de ofrecer a muchos de sus ciudadanos unas condiciones de vida dignas. Pero no podemos pretender solucionar desde España todos esos problemas.
Ningún país tiene recursos ilimitados.
Ya vemos lo que ocurre con la vivienda, la sanidad, los servicios sociales y tantos otros recursos. Se saturan y se hacen cada vez más difíciles para quienes llevan años construyendo y sosteniendo este país. Y mientras tanto, también hay ancianos, enfermos, familias que no pueden tener hijos porque económicamente no pueden permitírselo y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda.
¿También ellos tienen que quedar siempre en segundo plano?
No se trata de negar ayuda a nadie. Se trata de entender que un país tiene unas posibilidades determinadas y que gobernarlo implica establecer prioridades.
Imaginemos una familia que, después de mucho esfuerzo, consigue prosperar hasta tener una gran casa, coches, quizá incluso un avión privado. ¿Significa eso que cualquiera puede entrar en su casa, utilizar sus bienes e instalarse allí porque quiere vivir como ellos?
No.
Lo razonable sería intentar aprender de su éxito, pedir ayuda, consejo o colaboración para conseguir mejorar. Pero invadir su espacio para vivir como ellos no sería ni solidaridad ni justicia.
Con los países ocurre algo parecido.
Y mientras España afronta esta presión, Marruecos se arma hasta los dientes, pretende construir un estadio gigantesco para albergar la final del Mundial de 2030 -una final que también quiere llevarse- y mantiene ambiciones territoriales que afectan directamente a nuestros intereses. Sin embargo, a su Gobierno parece que nadie le exige con la misma intensidad que cuide de sus menores para que no tengan que huir de la pobreza.
¿Por qué?
¿Por qué España tiene que asumir las consecuencias de problemas que también corresponden al país de origen?
Y aquí también hay que hablar de quienes, desde España, han hecho de la inmigración una especie de cuestión moral absoluta: ONG, activismos y chiringuitos de todo tipo. No meto a todos en el mismo saco, porque sería injusto. Hay personas que ayudan de forma desinteresada y merecen todo el respeto.
Pero también existen estructuras que viven de estos problemas, que obtienen cargos, protagonismo o financiación y que parecen más preocupadas por mantener un determinado relato que por preguntarse si las soluciones que defienden son realmente sostenibles.
Porque resulta muy fácil exigir solidaridad cuando los recursos que se ponen sobre la mesa son los de los demás.
Y si tan sencillo es, hagamos la prueba.
Primero el Vaticano lleno.
Primero las casas de esas barbis y feministas.
Primero los casoplones de Pablo, Irene y todos aquellos que defienden que España debe abrir sus puertas sin límites.
Después nosotros.
No porque haya que dejar de ayudar, sino porque quien exige una determinada política debería estar dispuesto también a asumir personalmente parte de sus consecuencias.
Lo que no puede ocurrir es que la solidaridad se convierta en un escaparate moral mientras quienes la predican siguen viviendo exactamente igual y los problemas los soportan otros.
Y tampoco puede utilizarse la inmigración para mantener un Gobierno en el poder.
Porque detrás de todo esto veo una huida hacia ninguna parte de un Gobierno que parece buscar una última indecencia para aferrarse al poder, conseguir unos pocos votos más y mantener un relato que le permita presentarse como moralmente superior.
Mientras tanto, las consecuencias son reales.
Las ve Ceuta.
Las ven quienes trabajan en nuestras fronteras.
Las ven quienes necesitan una vivienda.
Las ven nuestros servicios públicos.
Y las ven también los propios inmigrantes, que muchas veces terminan siendo utilizados como piezas de un problema político que ellos no han creado.
Por eso no sé a dónde vamos, pero no me gusta lo que veo.
Y que nadie me llame inhumano, racista o insolidario.
No estoy diciendo que haya que abandonar a nadie.
No estoy diciendo que una persona valga menos por haber nacido en otro país.
No estoy diciendo que no haya que proteger a un menor que llega a España.
Estoy diciendo algo mucho más sencillo: hay que separar responsabilidad de moralidad.
Podemos ser humanos y responsables al mismo tiempo.
Podemos ayudar y poner límites.
Podemos defender los derechos humanos y defender nuestras fronteras.
Podemos acoger a quien corresponda y exigir al mismo tiempo que los países de origen cumplan con sus propias obligaciones.
Y podemos exigir a nuestro Gobierno que haga política de verdad, no política de cara a la galería, lavando conciencias mientras los problemas se acumulan y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias.
Porque ningún país puede tener recursos infinitos.
Y si seguimos actuando como si los tuviera, llegará un momento en que no podremos garantizar ni siquiera aquello que hoy consideramos básico.
La solidaridad es necesaria.
La humanidad también.
Pero la responsabilidad no puede desaparecer detrás de ellas.
Cada país debe cuidar de los suyos, cada Gobierno debe asumir sus obligaciones y España debe cuidar también de sus ciudadanos.
Eso no es ser inhumano.
Eso es gobernar.
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