Priorizar los derechos de unos sobre otros podría tener alguna justificación en determinados contextos. Pero lo que hoy muchos ciudadanos perciben no es una excepción puntual, sino un patrón. Una forma de gobernar donde el equilibrio ha desaparecido y la balanza siempre cae del mismo lado.
Porque lo que hace esta banda de sanchistas es colocar por delante a los okupas frente a los propietarios; conceder indultos y promover amnistías a corruptos, delincuentes y fugados de la justicia, para obtener su apoyo y aferrarse al poder -mayor corrupción institucional, imposible- y, al mismo tiempo, señalar, presionar y desacreditar a jueces, periodistas y a cualquiera que ose cuestionar su relato. Es que tragamos con todo.
Se condonan deudas generadas por el despilfarro de fondos públicos y se entregan competencias a quienes protagonizaron un golpe de Estado en Cataluña. Se pacta con Bildu, normalizando acuerdos que resultan moralmente inasumibles, mientras se facilita progresivamente la salida de prisión de terroristas, incluso de quienes asesinaron a compañeros socialistas. Y todo ello con un gobierno sostenido por partidos independentistas que no esconden su objetivo de romper España. Es, sencillamente, difícil de digerir. Pues los españoles tragamos sin rechistar todas estas indecencias.
En materia migratoria, la crítica es clara: una política que, con efecto llamada incluido, permite la entrada sin controles suficientes ni garantías de integración, trasladando la presión a servicios públicos ya tensionados, como la sanidad y una creciente inseguridad ciudadana. A la vez, se impulsa un modelo económico cada vez más dependiente de un turismo masivo e invasivo que expulsa a los residentes, encarece la vida, la vivienda y precariza el empleo. El resultado: un país que sustituye industria por servidumbre y convierte al trabajador en un camarero permanente con derecho a propina.
La política exterior tampoco escapa a la polémica. Se contempla con perplejidad cómo determinados regímenes o actores radicales en escenarios como Irán, Palestina, Líbano o Yemen muestran simpatía hacia el Gobierno español, alimentando la percepción de que España se desliza hacia posiciones cuanto menos cuestionables en el tablero internacional.
Mientras tanto, los casos de presunta corrupción se acumulan en torno al entorno político del presidente: Ábalos, Cerdán, Koldo -"los cuatro del Peugeot"-. Él los eligió, él los ascendió, y por tanto él debería asumir responsabilidades políticas por in eligendo e in vigilando, exactamente igual que exigía en su día a Rajoy. A esto se suman las sombras que afectan a su entorno personal: hermano, mujer, estructuras del partido. Para muchos, no son episodios aislados, sino parte de un clima donde la rendición de cuentas brilla por su ausencia y la estrategia parece clara: resistir a cualquier precio.
El resultado es un país que avanza en dirección contraria: derechos invertidos, privilegios selectivos para socios políticos, una igualdad ante la ley cada vez más discutida y una separación de poderes que muchos perciben erosionada. La sociedad se fractura en bloques enfrentados: buenos contra malos, izquierdas contra derechas, hombres contra mujeres, gobierno contra oposición, "progres" contra "fachas". Una dinámica de confrontación permanente como forma de supervivencia política.
Y cuando la confrontación se convierte en norma, llega la desconfianza. Se deja de creer en la independencia de los medios, en la neutralidad de los sindicatos, en la imparcialidad de instituciones como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Incluso la justicia en su conjunto queda bajo sospecha, aunque para muchos los jueces siguen siendo el último dique de contención.
En democracia no deberían existir zonas grises ante la duda. Cualquier cargo público bajo sospecha fundada debería dimitir o ser cesado de inmediato. No es una exigencia nueva: es exactamente la vara de medir que Pedro Sánchez utilizaba cuando estaba en la oposición. Conviene no olvidarlo: llegó al poder mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy apoyada en la corrupción.
Hoy, sin embargo, vemos a un presidente aferrado al cargo pese a todo. Y la pregunta se impone: ¿se gobierna para el país o se resiste por el poder?
La negativa a convocar elecciones, escudándose en evitar un gobierno de derechas, es interpretada por muchos como algo más que una estrategia: como un síntoma preocupante. Porque cuando se sugiere que hay que proteger al pueblo de sus propias decisiones, lo que se está poniendo en cuestión no es al adversario, sino a la propia democracia.
Y ahí reside el verdadero problema: cuando el poder deja de tener límites, deja también de tener justificación. Y entonces, sí, todo vale.
Un pueblo que acepta todo lo relatado es un pueblo que bien merece lo que traga.
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