Silencio del Gobierno ante la nueva trampa lingüística
Es una cuestión de derechos fundamentales lo que está en juego, no un nuevo capricho del independentismo
Ya se sabía que la Generalitat catalana idearía cualquier farsa pseudojurídica para tratar de eludir el cumplimiento de la sentencia que obliga a dedicar un 25 por ciento de la enseñanza en castellano en las aulas. Y se sabía que iba a instruir, más bien a ordenar, a los centros de enseñanza para que incumpliesen el fallo judicial. Les ha bastado un decreto que el Gobierno ni siquiera ha discutido. No consta que el Ministerio de Educación vaya a recurrir la ilegalidad flagrante de ese decreto, y menos aún su inconstitucionalidad. De nuevo la Generalitat se sitúa en rebeldía frente a los jueces, frente al Estado, y frente a mandatos constitucionales transparentes. No es de recibo esta inacción del Gobierno, como tampoco lo sería que en los próximos días el Tribunal Superior catalán no tome nota de esta desobediencia de facto y ordene ejecutar la sentencia en sus justos términos.
Es una cuestión de derechos fundamentales lo que está en juego, no un nuevo capricho del independentismo.
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