Interior encubrió al líder del Polisario tras ser introducido furtivamente en España
El comisario general de Información admite oficialmente que conocían la entrada de Gali y desplegaron vigilancia, pero no se lo comunicaron a la Audiencia Nacional, pese a que hacía semanas que les había pedido que lo buscaran
El Ministerio del Interior participó en la operación clandestina desplegada por el Gobierno para introducir furtivamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el pasado 19 de abril. Lo acaba de confirmar oficialmente, en sede judicial, el comisario general de Información, Eugenio Pereiro. Su declaración implica de lleno a la cúpula policial que está a las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlska. Además, evidencia una gruesa contradicción respecto a la versión que le dio al juez, semanas atrás, la jefa de gabinete del ministro: Susana Crisóstomo dijo que desconocían que Gali estaba en España y que se enteraron cuando trascendió por los medios de comunicación, días después.
Pereiro declaró este lunes como testigo ante el juez zaragozano Rafael Lasala, que investiga esa operación clandestina ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez en abril.
En aquel momento, el saharaui Gali era buscado por la Justicia esapñola, tenía abiertas varias causas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, entre otros, y unos meses antes había declarado la guerra a Marruecos. De ahí que, cuando trascendió su presencia en España, se desatara una grave crisis diplomática con Marruecos. Y de ahí, también, que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tuviera que tomarle declaración. Eso sí, tras testificar, Pedraz dio rápido carpetazo a las diligencias penales que pesaban contra Gali desde hacía años.
Para ocultar la entrada de Gali en España, el Gobierno decidió introducirlo a través de la Base Aérea de Zaragoza, con la cobertura de la cúpula del Ejército del Aire y sin someterlo a los preceptivos controles de pasaportes. Llegó gravemente enfermo de Covid, en un avión de la Presidencia de Argelia, país en el que Gali reside bajo la protección de sus autoridades.
Sin identificarlo ni registrar su entrada en España, el líder del Frente Polisario fue introducido en una ambulancia que lo trasladó al hospital público de Logroño, donde quedó ingresado con identidad falsa. Se usó para ello un pasaporte amañado en el que se hizo pasar por un supuesto embajador jubilado llamado Mohamed Benbatouche. Ese pasaporte fue fabricado en Argelia el mismo día que llegó a España. La ambulancia y la asistencia sanitaria que se le dio a Gali los costeó la Sanidad pública del Gobierno riojano, que preside la socialista Concha Andreu. Tras ser dado de alta, Gali regresó a Argelia el 1 de junio, en un avión que partió del aeropuerto de Noáin (Navarra). Tampoco fue sometido a los controles de pasaporte.
Tres ministerios implicados
La operación clandestina con la que fue introducido en España la coordinó el Ministerio de Asuntos Exteriores al máximo nivel, con la intervención directa de la entonces ministra, Arancha González Laya, y de su director de gabinete, Camilo Villarino. Ambos están imputados por el juez Lasala, que ha apreciado indicios de prevaricación, falsedad y encubrimiento en esa operación. Los datos destapados hasta la fecha implican ya a tres ministerios: Exteriores, Defensa e Interior. El caso compromete al presidente Pedro Sánchez.
El propio Villarino apuntó en su momento ante el juez que, al parecer, agentes de Interior habían dado cobertura a la entrada de Gali en España y a su traslado a Logroño. Ahora ha sido el propio comisario general de Información el que lo ha confirmado. Ya no es una suposición sino un hecho cierto, corroborado por este miembro de la cúpula policial.
Fue escoltado
Eugenio Pereiro ha confirmado que él supo con antelación que el líder del Frente Polisario iba a ser introducido en España. Pero se ha negado a desvelar quién se lo dijo. Ha dejado al margen al Gobierno, le ha dicho al juez que la información no le llegó por conducto oficial sino a través de un confidente y se ha negado a dar su nombre. Se ha acogido a la misma ley que ampara a los periodistas a no revelar sus fuentes.
El comisario general de Información también ha detallado que, tras conocer que Gali iba a llegar a España, se desplegó un dispositivo de vigilancia. La presencia policial fue, en la práctica, una cobertura paralela, como en su momento había apuntado también ante el juez Lasala el imputado Villarino. «Creo que esa ambulancia tuvo algún tipo de seguimiento policial, pero no lo sé. Lo que sí sé es que en el hospital de Logroño había vigilancia de personal del Ministerio del Interior», afirmó Camilo Villarino en su declaración judicial del pasado 13 de septiembre.
Unas semanas antes de que Gali fuera introducido furtivamente en España, la Comisaría General de Información había sido requerida por la Audiencia Nacional para que localizara a Gali, pero le remitió un informe en el que explicaba que en ese momento no estaba en España. Poco después, en abril, cuando la Policía supo que Gali había entrado en nuestro país, se desplegó un dispositivo de seguridad, pero sin practicar diligencia alguna sobre Gali ni comunicarlo a la Audiencia Nacional. El juzgado no se enteró de que el líder del Polisario estaba en Esaña hasta que se filtró a través de los medios de comunicación.
La cúpula policial debió estar perfectamente informada de toda la operación clandestina desplegada por el Gobierno, porque, aunque se llevaba preparando desde hacía días, se precipitó en cuestión de horas, el 19 de abril, domingo. Y, pese a que Pereiro asegura que supo de la operación por un supuesto confidente, quien desplegó el dispositivo policial sabía el momento en que Gali iba a aterrizar y que iba a ser trasladado a Logroño, tal y como había dispusto el Gobierno desde
Además, Eugenio Pereiro ha desvelado que de todo ello dio cuenta al jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez. El DAO forma parte del equipo directo del director general de la Policía y, por tanto, es un eslabón que entra de lleno en la cúpula de Interior, el organigrama del máximo nivel que cuelga del ministro Grande-Marlaska.
Las acusaciones ya han avanzado que, a la vista de lo desvelado por el comisario general de Información, van a pedir que el juez del caso Gali llame a declarar al DAO, José Ángel González Jiménez. Y también van a pedir que se identifique y se llame a declarar al jefe policial que dirigió el dispositivo de seguimiento y vigilancia de Brahim Gali.
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