LOS QUE PAGAN LA PARÁLISIS POLÍTICA.

Los que pagan la parálisis política

La falta de acuerdos entre los partidos prolonga la asfixia de las comunidades y paraliza medidas sociales.

Este jueves, como todos desde hace meses, N. M. S. fue con su hija de nueve años a un punto de encuentro familiar de su ciudad. No pasaron de la puerta. La escena se ha convertido en habitual. La pequeña se niega a ver a su padre, condenado en 2014 por malos tratos a su madre. Una medida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, contempla la suspensión de las visitas de los niños a los padres maltratadores, pero su desarrollo está paralizado. Como casi todo en España desde las elecciones de diciembre de 2015, que dieron comienzo a un periodo estéril marcado por Ejecutivos en funciones, una moción de censura y tres —a punto de cuatro— citas con las urnas. Un bloqueo político que marca la vida de un país y que, en el caso de muchas personas, condiciona la propia. Como la de N. M. S. y su hija, que esperan que la política les devuelva pronto la tarde de los jueves.

N. M. S. estuvo siete años conviviendo con su expareja. Cuando la hija (de ambos) tenía tres, su madre relata que reunió “la fuerza suficiente” para denunciarlo por malos tratos. Él se declaró culpable en el juicio y fue condenado a realizar trabajos para la comunidad, a pagarle una multa de 120 euros y a una orden de alejamiento de un año. El juez le dio a ella la custodia pero le permitió a él estar con la niña los fines de semana.

Hace dos años la menor empezó a resistirse a ver su padre. El pasado mes de octubre llamaron del colegio a su madre para que fuera a recogerla. Ese día le tocaba a él, pero la pequeña ofreció tal resistencia que el hombre, según la versión de la madre, trató de arrastrarla. No pudo.

N. M. S. puso una nueva denuncia por el incidente. A la espera de que se celebre el juicio, el juez ordenó que las visitas al padre continuaran en un punto de encuentro. Madre e hija nunca faltan a la cita de los jueves a las 18.30. “He solicitado que se suspendan, pero es mi obligación llevarla”, dice ella. Hace semanas que, pese a la insistencia de los técnicos del centro, la niña no pasa de la puerta.

Todos los partidos políticos, con la abstención de Unidas Podemos, aprobaron a finales de 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 213 medidas. Una de ellas incluye la suspensión de las visitas al padre maltratador en “todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”. Casi dos años después, la mayoría de las medidas del pacto no se han puesto en marcha.

Promesas olvidadas para la España vacía. Cada mañana Álvaro Tomás llega a su puesto de trabajo al frente de su empresa en Rubielos de Mora (Teruel). Enciende el ordenador y espera varios minutos a que se descargue el correo electrónico, con un Internet a pedales como si volviera a 1985, cuando su padre creó de la nada Turomas. La compañía ha valorado la opción de trasladarse a México o de moverse a una gran capital para mejorar su rendimiento, pero hasta ahora ha pesado el arraigo. “Si solo miráramos el aspecto económico, nos habríamos ido ya”, dice.

La historia del empresario Miguel Tomás es de esas que les gusta contar a los gurús en las charlas de motivación. En los ochenta, en una visita a una fábrica, a Tomás le llamó la atención que el vidrio se seguía cortando a mano. Pasó dos años dándole vueltas hasta que en 1985 creó la primera mesa para cortar cristal de España. Tres décadas después  su creación da forma al vidrio en todo el mundo. Una historia de éxito que, pese a todo lo que ha cambiado la industria en 34 años, mantiene su origen por pura cabezonería del jefe: “Las máquinas se hacen en Rubielos de Mora o no se hacen”.

La promesa de una red de banda ancha de calidad en el mundo rural ha transitado, como casi todo en España, a través de una situación política que empezó a atragantarse con las elecciones de 2015 y la repetición electoral de junio de 2016. En una visita a Teruel como presidente del Gobierno en 2018, Mariano Rajoy prometió 300 megas de velocidad. Dos meses después se produjo la moción de censura. La promesa cayó en el olvido hasta que a principios de 2019 empezó el sonar el runrún de la España vacía.

Tomás padre, de 67 años, viajó el pasado marzo a Madrid para unirse a la multitudinaria marcha que inundó el centro de la capital con las reivindicaciones del mundo rural. “Algo va a cambiar”, le anunció a su hijo a su vuelta al pueblo. Ese convencimiento sorprendió a Álvaro. ¿Y si esta vez era verdad?

España estaba ya en plena precampaña electoral. La imposibilidad del presidente Pedro Sánchez de sacar adelante los Presupuestos de 2019 abrió la puerta a otras elecciones, las terceras en cuatro años. Los cuatro candidatos de los principales partidos se llenaron entonces la boca con la despoblación. Beneficios fiscales, banda ancha, servicios públicos de calidad. Albert Rivera se fotografió al volante de un tractor y Pablo Casado acariciando un ternero. Los nuevos partidos —Ciudadanos y Podemos— habían logrado romper el bipartidismo por primera vez en el mundo rural y los pocos escaños que reparten las provincias más despobladas de España se tornaron decisivas en las encuestas. Ningún político quería perderse el nuevo maná electoral.

Llegó el 28 de abril. Los españoles acudieron a las urnas. Y el resto ya es historia. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada, ni en el Congreso ni en la red wifi del pueblo.

Una consejera con la calculadora. Para la consejera de Hacienda del Gobierno balear (PSOE), Rosario Sánchez, la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2020 se está convirtiendo en un rompecabezas. El veto a los Presupuestos de 2019 y la prórroga de las cuentas de 2018 supone recibir 177 millones menos respecto a las previsiones iniciales. Además, el bloqueo de las transferencias del Gobierno central a las autonomías aumenta la asfixia de los Ejecutivos regionales. La consejera balear y sus colegas autonómicos se han visto obligados a echar mano de la calculadora para esquivar los temidos recortes. “Es fundamental para todas las comunidades tener Gobierno en plenas funciones. Para nosotros es irrenunciable poder disponer de los recursos pendientes de la financiación y el IVA y se debe dar una solución lo antes posible”, asegura Sánchez, en plena elaboración de las cuentas autonómicas de 2020.

La situación, dice, “obliga a realizar unos presupuestos prudentes” a la espera de poder concretar las previsiones de ingresos de la financiación para el próximo año. Y aunque no habla de recortes, reconoce que prepara “medidas de control del gasto” que, asegura, serán compatibles con los “compromisos con las políticas sociales y con el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales”.

SON UN DESASTRE Y EL PUEBLO ESTÁ CANSADO.