Al menos 150.000 empleos y medio punto de PIB: la factura económica de la inestabilidad política
Economistas, asociaciones empresariales, agencias de rating y fundaciones reclaman un gobierno estable y fuerte que afronte las reformas estructurales pendientes.
España ya ha superado buena parte del camino empedrado de la recuperación. Impulsada por las reformas emprendidas en lo más crudo de las crisis (sistema financiero, mercado laboral...) y los vientos de cola como el precio barato del petróleo o la política monetaria ultraexpansiva, la economía española avanza liderando el crecimiento en la Eurozona y comienza a contemplar la crisis como un fantasma del pasado guardado en un recoveco oscuro de nuestra historia. Pero las curvas vuelven a asomarse en el horizonte. Fenómenos como la desaceleración del motor alemán o la guerra comercial anuncian baches en el pavimento de la reactivación económica. El problema es que España acumula casi cuatro años de marasmo político que ha impedido afrontar las reformas de calado que hubieran permitido amortiguar un cambio de ciclo que siempre acaba por llegar antes o después. Sea cual sea el final del culebrón veraniego, los problemas de Pedro Sánchez para recabar apoyos para su investidura solo confirman que el inestable equilibrio político alimenta una incertidumbre que pasa factura a la economía.
«Las reformas estructurales y las restructuraciones financieras y empresariales llevadas a cabo en los años de la recesión han permitido que el crecimiento económico sea ahora más sólido y sostenible. Sin embargo, la inestabilidad política ha supuesto un claro freno al proceso de reformas estructurales que podrían hacer nuestra economía más competitiva y resiliente de cara a futuros periodos recesivos», asegura Íñigo Fernández de Mesa, presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE y vicepresidente de la Comisión de Economía de Business Europe.
Todos los expertos coinciden en la necesidad de profundizar sin dilación en reformas esenciales como el sistema de pensiones, la financiación autonómica, la educación... Una senda en la que nuestro país ha de centrarse para minimizar los eventuales daños sobre el crecimiento y frenar un déficit y una deuda que siguen configurándose como una gran asignatura pendiente.
«Creemos que España se beneficiaría de nuevas reformas, como en el sistema educativo y la financiación de las comunidades autónomas, así como en el mercado laboral. El sistema de pensiones, que ahora tiene un déficit estructural de alrededor del 1,5% del PIB, necesita medidas para restablecer el equilibrio, para lo cual se necesita un consenso político. Las reformas mejorarían la resistencia de la economía y las finanzas públicas, y la falta de estabilidad política impide que se sigan estas reformas», comenta Kathrin Muehlbronner, analista principal de soberano de Moody’s para España.
Cuantificando la parálisis
De los efectos de la falta de Gobierno y la dificultad para llegar a acuerdos, BBVA Research ha elaborado sus cálculos de cuánto le ha costado a nuestro país. Desde las elecciones de 2015 España no ha disfrutado de un Gobierno sólido, de amplias mayorías, como en antaño. Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han irrumpido en la escena política, traspasando los efectos más nocivos de la inestabilidad a la economía. «Ligado a estos eventos electorales de inestabilidad, vienen asociados el aumento de la prima de riesgo y efectos en indicadores como la confianza. El efecto sobre el PIB de esta combinación de mayor percepción del riesgo ha venido lastrando la actividad entre dos y tres décimas anualmente desde 2015-2016. Al ser de manera persistente, ya suma entre medio punto y un punto del PIB; y en empleo hablamos de 150.000-200.000 puestos de trabajo. Los costes han sido y están siendo fuertes», asegura Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Los efectos ya se dejan sentir en forma de ligera desaceleración en el PIB y en el ritmo de creación de empleo. «El Círculo de Empresarios viene insistiendo desde hace tiempo en que la inestabilidad está perjudicando seriamente el crecimiento y la creación de empleo», defiende Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Bonet va más allá y asegura que «desde hace un lustro no se ha abordado ni una sola de las reformas estructurales que necesita nuestro país y, en las actuales circunstancias, mucho nos tememos que estas van a seguir sin abordarse por falta de mayorías adecudas para ello».
España, perpetuada en la coletilla «en funciones». Aun así, desde Funcas, María Jesús Fernández, su economista sénior, advierte de que «el efecto sobre el crecimiento a corto plazo ha sido inapreciable o inexistente». Pero añade: «Los efectos no han sido sobre el crecimiento, sino sobre aspectos cuyas consecuencias se verán a más largo plazo», como puede ser la reversión de ciertos acuerdos de reforma -con las pensiones, por ejemplo-, lo que impacta por añaduría en toda la economía.
Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), destaca que «hay que hacer reformas estructurales de calado que flexibilicen los mercados y mejoren la competitividad de las empresas, estimulen la inversión privada y eliminen la burocracia necesaria». Una tesis en la que coinciden todos los expertos consultados: lo más urgente es que alguien coja las riendas, se asegure las mayorías suficientes para tomar decisiones y las lleve a cabo. El dilema está en cómo lograrlo en el convulso panorama político actual.
Mañana empieza la sesión de investidura, tras semanas de idas y venidas, requiebros y regates. Pero... ¿qué prefieren las instituciones españolas: un Gobierno con el inestable equilbrio actual o ir a elecciones? Todas coinciden en que lo que se necesita es estabilidad, con matices en función del color político del posible futuro Gobierno. BBVA Research, Funcas, CEOE, Círculo de Empresarios, IEE... hay unanimidad en que los partidos deberían buscar acuerdos transversales, pactos de Estado, para sacar adelante la economía española.
Gobierno sólido
En las escuelas de negocios, el panorama difiere entre los expertos. Javier Díaz Giménez, profesor de Economía del IESE Business School, advierte del riesgo de ceder ante los independentistas para formar Gobierno, con el consiguiente problema de gobernabilidad. Y hace hincapié en que los Presupuestos Generales del Estado estarían en riesgo en caso de conformarse un Ejecutivo con ese tipo de apoyos. «El problema de Sánchez no es la investidura, es intentar aprobar los Presupuestos junto a los que tienen como objetivo destruir el Estado español», afirma. Rafael Pampillón, profesor de Economía del IE Business School, destaca que «a lo mejor son preferibles unas elecciones que hagan un Gobierno fuerte más bipartidista, con una agenda de reformas sólidas que necesita España». Y remarca que la paralisis política está afectando a la inversión extranjera. «La incertidumbre provoca que los empresarios desconozcan cuales son los marcos regulatorios en muchos sectores», precisa.
Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade, comenta que «no está garantizado que repetir elecciones mejore la estabilidad, como ya pasó en la última legislatura de Rajoy, con dos repeticiones electorales. Un mayoría parlamentaria clara favorece establecer y aplicar políticas económicas, un Gobierno con una minoría como el actual está mucho más sujeta al debate entre fuerzas políticas y hace más difícil tanto llegar a consensos como aplicar determinadas políticas con celeridad y de manera clara». Y Aurelio García del Barrio, director del MBA con especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), concluye que «es mejor tener un Gobierno con una mayoría más sólida, pero unas nuevas elecciones podrían desacelerar la economía, ya que las reformas de los campos laboral, energético y Seguridad Social no pueden esperar y ya no hay vientos de cola que aúpen PIB y empleo en ausencia de nuevas medidas».
La vuelta a una «normalidad» política que propicie un Gobierno fuerte y estable es la reclamación común de expertos e instituciones, en un momento en el que los vientos de cola comienzan a cambiar de dirección. Pese a todo, el PIB aún creció en el primer trimestre de 2019 al 0,7%, un porcentaje no visto desde el cuarto trimestre de 2017. Asimismo, la deuda pública ha seguido creciendo en volumen, pero bajando poco a poco en peso sobre el PIB, desde el 100,4% en 2013 hasta el 97,1% del PIB en 2018. Sin embargo, en el primer trimestre de este ejercicio volvió a escalar hsta el 98,7%. El alivio sobre los intereses que ha propiciado las políticas del BCE ha diluido uno de los grandes problemas de la economías española. Y la última variable que tienen los expertos en la diana es el déficit. Por fin España ha logrado salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, del brazo corrector de Bruselas, al bajar del 3% de déficit sobre el PIB, el límite máximo para no verse inmiscuido en esa «lista negra» de países a vigilar. Ahora se mueve en el 2,5% sobre el PIB, con estimaciones no del todo halagüeñas; y su principal problema radica en que, según instituciones como el Banco de España, el déficit estructural de España está en el 3%.
Objetivo común
En pleno marasmo político, las llamadas a la unidad se repiten. «Es prioritario ahora centrarnos en lo que nos une, con el objetivo común de avanzar en la transformación para abordar los grandes retos y oportunidades que nos depara esta nueva era. El proyecto de país que necesitamos requiere que todos vayamos juntos y en la misma dirección», señala Helena Herrero, presidenta de la Fundación I+E.
El objetivo es poder formar Gobierno, pero... ¿y si terminamos en nuevas elecciones? La CEOE, voz de las empresas de este país, lo tiene claro: «Puede ser que unas nuevas elecciones puedan contribuir a avanzar en una mayor estabilidad política, pero no deja de ser un fracaso el que no se hayan podido alcanzar puntos de encuentro dentro de la voluntad de la moderación reflejada por nuestros electores», asegura Íñigo Fernández de Mesa. Para Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, todo pasa por evitar dar entrada al Ejecutivo a quienes pueden bloquear las reformas; se refiere a partidos «separatistas, extremistas y populistas», al tiempo que aboga por un pacto constitucionalista entre PSOE, PP y Ciudadanos, algo impensable hoy día según se desprende de las declaraciones de unos y otros. Mañana empieza la sesión de investidura y, como ha ocurrido estos últimos años, lo único seguro es que nada está muy claro.
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