¿Podría Puigdemont ser presidente desde la cárcel?.
No hay ningún impedimento para que el candidato de JpC se someta a un debate de investidura, siempre y cuando el juez le dé permiso para asistir a esa sesión parlamentaria.
El resultado de las elecciones autonómicas catalanas abre un horizonte inédito en la historia de la democracia española: la posibilidad real de que un candidato imputado por delitos de rebelión pueda ser investido presidente de la Generalitat. A día de hoy, con la ley en la mano, no hay ningún impedimento para que Carles Puigdemont se someta a un debate de investidura, siempre y cuando el juez le dé permiso para asistir a esa sesión parlamentaria. Hasta que no haya condena no puede haber inhabilitación y en este momento de la investigación (periodo de instrucción) todas las medidas que afectan a los imputados tienen un carácter cautelar.
Pero previamente tendría que darse un requisito sin el cual nada de esto es posible: que el expresidente fugado vuelva a España asumiendo que va a ser detenido (la orden de arresto sigue en vigor por su imputación por rebelión), que acepte que con toda seguridad ingresará en prisión preventiva (si su número dos está preso parece lógico que él Corra la misma suerte) y que asuma que su destino está en manos del juez.
A partir de ese momento, y partiendo de una situación de prisión preventiva (previsiblemente justificada también en la reiteración delictiva) cualquier salida de Puigdemont al Parlamento, ya sea a su propio debate de investidura como a cualquier votación (el Reglamento del Parlament solo contempla la Delegación del voto por enfermeras o incapacidad), tendrá que ser autorizada por Llarena, que no tiene por qué aceptarlas.
Aunque los derechos políticos de un ciudadano son importantes, desde el momento en que las ideas de un partido las puede defender cualquier otro candidato (este fue el argumento que utilizó el juez para negar a los candidatos presos hacer campaña electoral), Llarena podría negarle los permisos abocando así a los independentistas a la eleccion de otro candidato que pueda cumplir con sus obligaciones políticas en libertad.
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