La Infanta e Iñaki Urdangarin, en Palma
El fiscal denuncia los “dos años de pérdida de tiempo” de la imputación de la Infanta.
Horrach afirma que el 'caso Nóos' dejó de ser una investigación para convertirse en una “persecución” a Cristina de Borbón
El fiscal Pedro Horrach ha afirmado este miércoles que la acusación de delito fiscal sobre la infanta Cristina “han sido dos años de pérdida de tiempo que está en los arrabales de una sospecha desquiciada en algunos medios de comunicación”. Horrach ha denunciado, inspirándose en el célebre Yo acuso de Émile Zola, la inconsistencia de la causa contra la Infanta. “Cuánta vaciedad. Todo es crimen, Cristina de Borbón es infanta de España: crimen. Es licenciada en Ciencias Políticas: crimen. Trabaja en La Caixa: crimen. En los registros domiciliarios no se encontró ningún documento incriminatorio: crimen. Visitó el Instituto Nóos para recoger a su esposo: crimen. Tiene una sociedad junto a su cónyuge: crimen. No se turba ante las preguntas del instructor: crimen. Todo crimen. Siempre crimen”, ha ironizado. El representante del ministerio público ha recordado que según Hacienda, la hermana de Felipe VI no ha cometido ninguna infracción administrativa tributaria, por lo que no puede ser acusada en el ámbito penal.Horrach ha convertido su alegato final en el juicio del caso Nóos en un ataque frontal, durísimo y sin concesiones al juez José Castro, instructor de la causa sobre el supuesto desvío de fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarin; a la Audiencia Provincial de Baleares; y al sindicato Manos Limpias, que ejerce en solitario la acusación particular contra la infanta Cristina de Borbón, esposa de Urdangarin. Horrach ha acusado a Castro de “construir un andamiaje sobre sospechas y conjeturas, pero eso sí, de gran calado y aplauso mediático” para imputar por delito fiscal a la hermana de Felipe VI.
El fiscal, muy dolido por ser presentado ante la opinión pública como un abogado defensor más de la Infanta cuando considera que se limita a cumplir la ley, ha dedicado la primera parte de su informe final a preservar la posición de las instituciones. En especial ha salido en defensa de la Agencia Tributaria, en cuyos informes se ha basado para exculpar a la Infanta y cuya neutralidad ha sido puesta en entredicho, especialmente por Manos Limpias. “Jueces y magistrados han permitido que se introduzcan en este proceso manifestaciones realizadas con evidente abuso de derecho, denigrantes para las instituciones, cuando no directamente calumniosas y sin apoyo fáctico alguno”, ha dicho.
El problema, ha afirmado Horrach, se agrava cuando los jueces —en este caso se refería al instructor Castro— no solo admite las manifestaciones contra Hacienda, sino que las “comparten”. El fiscal ha recordado el auto del 7 de enero de 2014, en el que Castro citaba a la infanta por segunda vez después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares hubiera decidido “suspender” su imputación. En aquella resolución Castro escribió: “Se desconoce por qué se deja al margen a Cristina de Borbón”.
Castro, afirma el fiscal, “está poniendo en duda la imparcialidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria y si un magistrado plantea dudas de tal calibre, la lógica jurídica y un mínimo de sentido común implican que deba solicitar de Hacienda de forma inmediata aclaraciones al respecto o bien acudir a los mecanismos legales previstos”.
El siguiente reproche lo ha dirigido Horrach a la Sección Segunda de la Audiencia, encargada de revisar la actuación de Castro en la fase de instrucción. Según el fiscal, este tribunal creó una figura que “no existe en nuestro sistema procesal”: la “suspensión de la imputación”. “O se está imputado o no se está. O existen indicios incriminatorios que apuntan la comisión de un delito por parte de una determinada persona o no existen”, recordó. Esta novedosa “suspensión”, ha afirmado, “implica abanderar una expedición de pesca, una prospección proscrita en el derecho penal”, y la consecuencia, ha dicho, es que “la instrucción deja de ser investigación y se convierte en persecución”.
El siguiente objetivo de los dardos de Horrach ha sido Manos Limpias. Según él, el sindicato ha recurrido a “malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos” para sostener la acusación contra la Infanta. Para el fiscal, las insinuaciones del sindicato de que detrás del intento de exculpar a Cristina de Borbón están las “cloacas del Estado” son fruto de “la demagogia y desde luego del lucrativo negocio del mercado de las confabulaciones mediáticas”. Las “conjeturas” y “rumores” lanzados a la “marea mediática” desembocan en la desconfianza en las instituciones: “Se prima la apariencia de justicia sobre la Justicia”.
En lo que respecta a la actuación de Manos Limpias en el juicio, Horrach ha hablado expresamente de “fraude de ley”. Y ha puesto como ejemplo principal la decisión de la abogada del sindicato, Virginia López Negrete, de renunciar a que el perito Javier Amat ratificara su informe sobre el supuesto fraude fiscal de la Infanta. La renuncia a este perito, que se autodefinía como un “mercenario jurídico tributario”, busca, según el fiscal, evitar someter su pericia a contradicción y poder mantener la apariencia de “maquinaciones extraprocesales”.
En este punto, el fiscal ha realizado dos reproches que afectan al tribunal presidido por Samantha Romero: el primero por permitir que Manos Limpias introdujera el informe del perito Amat en la documental de la causa sin haber sido ratificado. El segundo es por haber dejado a la letrada López Negrete que formulara sus preguntas a la Infanta pese a que esta había decidido acogerse a su derecho de no contestarlas. “Le permitieron consignar no solo preguntas sino afirmaciones dirigidas a conseguir la pena de telediario”, ha afirmado.
ESTE CASO VA DEJAR A LA JUSTICIA POR EL SUELO Y SOBRE TODO LA FISCALÍA,ABOGACÍA DEL ESTADO Y HACIENDA.
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