El 'agujero' exige limitar la financiación autonómica y 'limar' la Administración.
El déficit del 5,16 por ciento en el ejercicio 2015 complica, y mucho, el cumplimiento del objetivo de 2016, fijado en el 2,8 por ciento. Si Bruselas no cambia de opinión y mantiene ese límite, España deberá afrontar en mitad de la parálisis política un improbable ajuste de entre 23.000 y 24.000 millones de euros este año, casi 2,5 puntos del PIB.
Los expertos consultados por elEconomista advierten de que para alcanzar ese recorte sería necesario reducir el tamaño de la Administración y el número de empleados públicos, meter en cintura a las Comunidades Autónomas, reformar el sistema de pensiones y repensar y priorizar los gastos en Educación y Sanidad.
Por poner la cifra en perspectiva, se trataría de un ajuste de características similares al acometido en momentos críticos de la economía española. En el año 2010, cuando el expresidente Zapatero se vio obligado a congelar las pensiones, paralizar la inversión pública y reducir el salario de los funcionarios un 5 por ciento de media, el déficit se redujo dos puntos, desde el 11,2 de 2009 hasta el 9,2 un año después.
Vigilancia autonómica
"Hay que acometer de una vez por todas una reestructuración de la Administración", subraya el profesor de Finanzas, Juan Fernando Robles. Los analistas coinciden en la necesidad de reducir el gasto público implementando mecanismos de control estricto de los gastos de las comunidades autónomas. En esta cuestión, la dificultad radica en que la autonomía financiera de las CCAA, blindada por la Constitución, impide al Estado prefijar el gasto, por lo que el control pasaría necesariamente por "cortar rigurosamente el grifo de la financiación", explica Robles. Otro mecanismo para forzar la austeridad autonómica sería la aplicación de multas y sanciones efectivas contra el descontrol del gasto público y un consenso canalizado a través del Consejo de Política Fiscal que se antoja improbable por la previsible oposición de muchas regiones, Cataluña entre ellas.
Adelgazar la Administración
Tampoco se salva la Administración central, a pesar de que el Gobierno en funciones sacaba pecho por haber cumplido con sus objetivos de déficit. El ahorro exigido por Bruselas obligaría a reducir el número de empleados públicos, además de eliminar oficinas y servicios "que sólo son coladeros", señala el profesor de la Universidad Complutense, Fernando Méndez Ibisate. Eliminar empresas públicas, suprimir diputaciones y acabar con las duplicidades son otras de las medidas de ajuste de gasto planteadas por los expertos.
Acometer reformas pendientes
Los analistas coinciden en la necesidad de llevar a cabo las reformas pendientes, con especial hincapié en la reforma del sistema de las pensiones. Los datos de ejecución presupuestaria dados a conocer por el Ejecutivo en funciones el pasado jueves arrojaron un desvío de la Seguridad Social mayor del esperado. En concreto, las cuentas registraron una desviación del 1,26 por ciento, duplicando el objetivo previsto del 0,6 por ciento. Se trata de un déficit estructural "muy difícil de corregir en el corto plazo", tal y como avisa Robles. Por ello, y ante la imposibilidad de recortar los gastos de esta partida, la financiación de las pensiones tiene que venir necesariamente de un aumento de los ingresos. El profesor Robles apunta que ese mecanismo podría ser vía un nuevo impuesto, ya que subir las cotizaciones sociales sería contraproducente "porque va contra el empleo", señala este experto.
Gasto social
En la partida social, algunos analistas plantean la necesidad de "repensar gastos como Sanidad o Educación". Así, tal y como señala Ibisate, "no se trata de quitar prestaciones, sino de hacer más responsables a los ciudadanos de las mismas". Es decir, introducir "cambios sustanciales" que permitan priorizar gastos, gestionar mejor el dinero destinado a estas partidas e introducir más libertad en la toma de decisiones que tengan que ver con la financiación de determinadas partidas. Eso sí, "no se trata de privatizar y crear monopolios" que trasladen el foco del problema, advierte este experto.
EL PRÓXIMO GOBIERNO SI VA TENER UNA HERENCIA PARA ECHARSE A TEMBLAR.
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