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viernes, 1 de febrero de 2013

ESPAÑA EN SALDO TODO SE VENDE.

ESPAÑA EN SALDO TODO SE VENDE.¿PERO QUÉ SE CREEN ESTOS POLÍTICOS? ¿QUE LO PÚBLICO, QUE ES PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA, SE PUEDE VENDER CON TODA IMPUNIDAD PARA HACER CAJA COMO SI FUERA SU HUERTO? HAY QUE DECIRLES DEFINITIVAMENTE QUE EL PUEBLO NO VA PERMITIR VENDER SU PATRIMONIO, SALIENDO TODOS A LA CALLE .”NO MÁS ROBOS NI PRIVATIZACIONES”. QUE SE PREOCUPEN DE MIRAR SUS ALFORJAS QUE ESTÁN CARGADAS DE DINERO NEGRO EN PARAÍSOS FISCALES, QUE LO DEVUELVAN, QUE SE CASTIGUEN A LOS CULPABLES. PRIMERO SE VENDIÓ PARTE DE LA SANIDAD Y LA EDUCCIÓN, LA JUSTICIA Y AHORA EL PATRIMONIO COMUNAL Y PÚBLICO. QUIEREN VOLVERNOS A LA EXCLAVITUD. TODO. VENDIDO Y TRABAJO POR UN BOCADILLO Y UN CHAMIZO MIENTRAS ELLOS Y SUS MIGOS SE APROPIAN DE TODO LO PÚBLICO.


Castilla-La Mancha planea vender montes públicos para hacer cotos de caza.
La Junta encarga a sus ingenieros informes para preparar la desamortización.
Los funcionarios recogen firmas contra la privatización y los ecologistas critican el "daño irreparable".

La Junta de Castilla-La Mancha planea vender montes de utilidad pública selectos a propietarios cinegéticos. El Gobierno que preside Dolores de Cospedal ha pedido a sus ingenieros de Montes informes sobre unos 50 montes de utilidad pública que sería interesante privatizar, según fuentes de la Junta. Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife confirman que el director general de Montes de la comunidad les confirmó el jueves que está en estudio. La desamortización, realizada en España en el siglo XIX con ruinoso rendimiento para el Estado, se ha topado con la oposición de los funcionarios, que han comenzado a recoger firmas para proteger la naturaleza. Hasta ahora, las comunidades habían vendido parcelas rústicas y agrícolas, pero no montes de utilidad pública. La Junta de Castilla-La Mancha afirmó anoche que no tiene ningún documento de trabajo y que son otras autonomías las que lo han planteado.

Hace unas dos semanas, según fuentes de la Junta, las delegaciones provinciales de Medio Ambiente recibieron el encargo de realizar un informe sobre una serie de montes selectos que suman decenas de miles de hectáreas. Aunque son montes de utilidad pública, y su venta tiene difícil encaje jurídico, la Junta pedía que se detallara si incluían alguna construcción que pudiera servir como chalé o la posibilidad de instalar un vallado cinegético.

El texto que estos días firman los funcionarios señala que “la exclusión de montes del catálogo de montes de utilidad pública solo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración [...] Ninguno de los montes que se pretenden excluir del catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos”.

Los ingenieros de Montes y agentes forestales recuerdan que “los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas. Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones”. Y concluyen:

“Los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el catálogo de montes de utilidad pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país”.

Los montes de utilidad pública no son pocos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupan 6,57 millones de hectáreas, el 13% de la superficie de España. El catálogo fue creado en 1859. Por ley, los montes del dominio público forestal son “inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad”. Venderlos requeriría un cambio legal —y ahora el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Montes—, o la desafectación al considerar que han perdido sus características.

Miguel Ángel Hernández, responsable de Conservación de Ecologistas en Acción, señala que ayer se reunió con el director general de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez: “Nos confirmó que está en estudio la venta de los montes de utilidad pública de la Junta dentro de un plan de Hacienda de obtener fondos a partir de la venta de bienes de titularidad de la Junta”. Castilla-La Mancha fue la comunidad con más déficit en 2011, un 7,3%. En septiembre, acumulaba una deuda de 394 millones, un 1,06% del PIB y la consejería de Hacienda ha pedido a todos los departamentos que vendan todo lo posible.

Según Hernández, entre los montes susceptibles de salir a la venta están los tres refugios de fauna que Castilla-La Mancha desprotegió en octubre para permitir la caza en Toledo. Se trata de Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, Nava de Don Diego y el Dehesón del Encinar, en el Valle del Tiétar, de 714 hectáreas. Toledo y Ciudad Real son dos de las provincias con mayor dependencia de la caza y con enormes fincas de millonarios, que serían los que podrían comprar.

La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes que ocupan 171.228 hectáreas. Según Ecologistas en Acción, serían susceptibles de ser vendidos entre el 20% y el 30%, por lo que “se ofertarían entre 46 y 68 montes y una superficie entre 34.000 y 51.000 hectáreas de propiedad pública”. El precio es enormemente variable según la zona y el uso del monte. Entre 1.500 y 6.000 euros por hectárea. Según Hernández, “su venta sería la destrucción sin reparación posible de una labor que lleva décadas, cuando no siglos, llevándose a cabo”, además de “un mal negocio”. La Asociación de Propietarios Rurales para la gestión cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca) afirmó desconocer el plan.

Margarita Hernández, técnico del Colegio de Ingenieros de Montes, señala que legalmente no es sencillo vender un monte de utilidad pública: “Si son montes patrimoniales de la comunidad no tiene mayor problema. Pero si están incluidos en el catálogo de utilidad pública hay un expediente que justifica su inclusión, por su interés ecológico, protector, la fauna... En ese caso, la comunidad debería hacer un expediente para desafectarlo con una justificación técnica”. En Castilla-La Mancha todos los montes de la comunidad se inscribieron como bienes demaniales, con lo que la venta es legalmente complicada.

La idea de emprender una desamortización para combatir el déficit público la lanzó en 2010 Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura con la UCD, catedrático y presidente de una asociación de constructores. Entonces el Gobierno la desestimó. Lamo afirmó en una conferencia en diciembre de 2011 que vender un tercio de las tierras públicas “supondría unos ingresos de entre 1.400 y 4.200 millones de euros para las comunidades y otros 6.000-18.000 millones para Ayuntamientos”. “Si el Estado en los años anteriores ha ido liquidando sus activos, sus propiedades industriales (siderurgias, navales, energía, aviación...), financieras (banca oficial), inmobiliarias... ¿qué sentido tiene hoy mantener propiedad agraria en manos públicas si suponen costes y no rendimientos?”, justificó.

La venta de propiedades públicas ha sido una herramienta común para combatir la crisis. La Generalitat de Cataluña (CiU) vendió en 2012 una finca de 90 hectáreas del parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Girona) y la Junta de Andalucía (PSOE) pudo en venta 20.000 hectáreas de terreno agrícola que pertenecieron al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Los montes de utilidad pública se habían mantenido, hasta ahora, al margen de la ola privatizadora.



jueves, 31 de enero de 2013

ECO MUNDIAL EN LA PRENSA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA

ECO MUNDIAL EN LA PRENSA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA, ESTO NO OCURRE NI EN GRECIA, PORTUGAL E ITALIA ETC. PAÍSES CON GRANDES DIFICULTADES ECONÓMICAS. ¿QÚIÉN VA A CONFIAR EN NOSOTROS PARA INVERTIR EN ESPAÑA O DEJARNOS DINERO CON UNA CLASE POLÍTICA CORROMPIDA. ¿QUÉ GARANTÍAS PODEMOS BRINDAR AL POSIBLE INVERSOR EXTRANJERO?. ESPAÑA ESTÁ EN CAÍDA LIBRE EN CUANTO A CREDIBILIDAD. ¡MENUDO PAIS¡ LLEGA UNO A AVERGONZARSE DE SER ESPAÑOL.


Los papeles de Bárcenas dan la vuelta al mundo.
Los medios resaltan la aportación de pruebas documentales sobre los pagos a dirigentes del partido.

Los papeles de Luis Bárcenas revelados por EL PAÍS, que reflejan los apuntes contables de los tesoreros del Partido Popular entre 1990 y 2008 ya tienen eco en las ediciones digitales de varios medios internacionales. La web del Financial Times tiene como noticia de apertura las revelaciones de EL PAÍS. "Rajoy, involucrado en un escándalo de corrupción" es el título de la información que firma Miles Johnson desde Madrid. El periódico económico británico dice que se ha puesto en contacto con una portavoz de Mariano Rajoy para preguntarle sobre este asunto, pero señala que declinó hacer ningún tipo de declaración. Tras reseñar los aspectos más destacados de la información de EL PAÍS, se señala que estas revelaciones se producen cuando la confianza en los políticos españoles atraviesa por sus peores momentos. Recoge unas declaraciones de Antonio Argandoña, profesor de Ética Económica del IESE: "El nivel de confianza es muy escaso, la corrupción es uno de los mayores problemas y los políticos deben hacerle antes de que el daño sea mucho mayor".

The Wall Street Journal dedica a esta información la parte central de su portada en la web bajo un primer plano del rostro de Mariano Rajoy. "El Partido Popular niega la información sobre los pagos" es el titular elegido por este diario económico, que dedica una pieza a glosar las revelaciones de EL PAÍS y las declaraciones de los portavoces del PP.

The Guardian publica la información bajo el titular "El presidente del Gobierno español, acusado de [percibir] pagos secretos" y está realizando un seguimiento en directo de los acontecimientos a través de las informaciones que envía su corresponsal en España, Giles Termlett y de los comentarios que se están haciendo en Twitter.

En la web de la BBC se recoge el desmentido del Partido Popular en el titular de su información sobre la exclusiva de EL PAÍS. "El PP niega las acusaciones de haber recibido fondos ilegales". La información de la BBC resalta el hecho de que EL PAÍS haya publicado pruebas documentales de los asientos contables de pagos y donaciones. Lo hace publicando una captura de pantalla de la portada de la web. La BBC pone el foco en el problema ético que representa para el PP haber recibido unas donaciones que bien podrían no ser delito, ya que hasta 2007 los partidos políticos podían recibirlas de modo anónimo.

La agencia de noticias Reuters publica en su web la noticia ilustrándola con una fotografía de María Dolores de Cospedal durante su comparecencia para responder tras la publicación de la exclusiva de EL PAÍS. "Esta información es el último giro que da un escándalo que ha erosionado la credibilidad de Rajoy, en medio de su lucha contra una profunda recesión y el nivel de desempleo más alto de toda Europa", afirma Reuters.

Euronews también destaca que EL PAÍS presenta pruebas documentales de las "cuentas secretas" del PP y califica este el asunto como "el último capítulo del escándalo de corrupción que afecta al PP".

El diario alemán Der Spiegel publica en su página web una información sobre las revelaciones de EL PAÍS y pone el foco sobre la presión que soporta Mariano Rajoy tras hacerse público un asunto que le afecta directamente.

CNN tiene una información en su web titulada "España contempla cada vez más escándalos de corrupción que afectan a instituciones clave". Y reseña la información de EL PAÍS salpìcando las revelaciones sobre los asientos contables con referencias a otros casos de corrupción presentes en España.

La edición digital del diario argentino Clarín publica en su portada una información titulada "España: la contabilidad irregular del PP registra pagos al propio Rajoy". El corresponsal del diario en Madrid, Juan Carlos Algañaraz, califica la exclusiva de EL PAÍS de "bombazo" informativo y hace un pormenorizado recuento de la información.

Por su parte, el también diario argentino La Nación titula "Rajoy, salpicado por el caso de los supuestos pagos ilegales". Se menciona de modo destacado que la información va acompañada de documentos acreditativos de la misma.

En el mexicano Excelsior, la exclusiva de EL PAÍS propicia una información titulada "Mariano Rajoy, señalado por un caso de corrupción".

El Mercurio de Chile publica en su web el desmentido del PP a las informaciones de EL PAÍS, cuyo contenido aparece resumido a lo largo de la información.

"Mariano Rajoy es señalado en caso de corrupción en España" es el titular elegido por el diario colombiano El Tiempo para la apertura de su sección de Economía en la web. Afirma que es la primera vez que el presidente del Gobierno se ve señalado personalmente en este caso de corrupción del Partido Popular.

Folha de Sao Paulo titula su información "El partido del presidente del Gobierno niega haber utilizado una caja B". El diario brasileño pone el acento en que estas revelaciones llegan "en el momento más agudo de la crisis" de España.

Le Monde publica en su página web una información ilustrada con una imagen del presidente Rajoy: "El PP niega que haya financiación ilegal". Se recogen los aspectos más relevantes de la información de EL PAÍS y se señala que el PP niega que sean ciertas las informaciones.

"Sala a relucir el nombre de Rajoy en un escándalo de corrupción" es el titular de la información con la que se informa a sus lectores en la web de Le Parisien.

En el diario portugués Público se publica una información con una gran fotografía de Mariano Rajoy y se destaca tanto la importancia de la información de EL PAÍS como el desmentido que el PP hace de tener cuentas secretas.

La agencia italiana de noticias TMNews recoge la información y resalta especialmente la implicación de Mariano Rajoy en el "escándalo de corrupción del PP".



LISTADO DE POLÍTICOS QUE COBRARON DINERO NEGRO

¿SON ÉSTOS LOS POLÍTICOS QUE NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS Y CREAR LEYES DE TRANSPARENCIA, ESTANDO COMO ESTÁN METIDOS HASTA LAS CEJAS EN LA CORRUPCIÓN? ”CADA PALO QUE AGUEANTE SU VELA” ¿QUÉ PALO AGUANTA LA SUYA SRA DE COSPEDAL? ¡VAYA VERGÜENZA DE POLÍTICOS¡ NO TENEMOS NIGÚN FUTURO CON ESTA PANDILLA DE LADRONES.
Las cuentas secretas de Bárcenas.
En los extractos figuran donaciones de constructores, entre ellos tres imputados en Gürtel.
Cospedal, Rato, Mayor Oreja, Arenas, Acebes y Álvarez Cascos niegan haber recibido los pagos.
Las anotaciones reflejan entregas a Rajoy de 25.200 euros anuales durante 11 años.
Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Los documentos a los que ha accedido EL PAÍS recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: “Saldo inicial (entrega R. N). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8”. Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por defectos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general, Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran también Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargado de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de Internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto “donativos”. Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto “donativos”. El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto “ingreso donativos Banco de Vitoria” aparece dibujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: “Banesto”. A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo periodo.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el extesorero, hizo aumentar la preocupación entre los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando El Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado “transferencia del PP”. Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.



miércoles, 30 de enero de 2013

NOÓS FUE UN NEGOCIO TURBIO CON ÁNIMO DE LUCRO


NOÓS FUE UN NEGOCIO TURBIO CON ÁNIMO DE LUCRO DESMEDIDO SEGÚN EL JUEZ.


Urdangarín y Torres tienen cinco días para depositar la fianza de 8,1 millones que les ha impuesto José Luis Castro.
El juez instructor del caso Nóos, José Luis Castro, sostiene en el auto en el que establece una fianza de responsabilidad civil contra Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, de 8,1 millones de euros, que la actividad desarrollada al frente del Instituto por ambos hasta después de 2006 fue «premeditadamente delictiva» porque se basó en decisiones administrativas «arbitrarias e injustas».

Según el auto dictado por el juez, que puede ser recurrido en reforma ante el propio instructor, o en apelación ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, y al que ha tenido acceso ABC, Torres y Urdangarín crearon el Instituto Nóos, y después otras dos sociedades de teórica promoción del deporte y las actividades comerciales, para poder acceder a concursos de financiación pública, algo que no habría podido ocurrir si hubiesen constituido una sociedad mercantil privada.

Bajo la apariencia de que perseguían fines lucrativos en Nóos, lo que ocurría realmente, según el juez Castro, era que «se rodeaban del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas» y evitar suspicacias por parte de terceras personas que pudiesen oponer reservas a los negocios al financiarse realmente con fondos públicos.

Según el criterio de Castro, los responsables de diversas administraciones públicas, de común acuerdo con los rerpesentantes de Nóos, tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas que se adoptaron al margen de cualquier expediente administrativo para evitar obstaculizar la consecución ilícita de beneficiar a personas concretas. Para Castro, Iñaki Urdangarín utilizó el Instituto Nóos como mero «paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos».

Durante las próximas semanas tanto Urdangarín como su socio volverán a declarar al Juzgado de Palma de Mallorca. Está previsto que sea la primera vez que Torres responda a las preguntas del juez ya que en la anterior ocasión se acogió a su derecho a no hacerlo. Ahora, según fuentes jurídicas, parece dispuesto a «hablar», especialmente después de que haya puesto a disposición del Juzgado numerosos correos electrónicos con nuevos testimonios. Algunos de ellos implican al asesor de las Infantas Doña Elena y Doña Cristina, Carlos García Revenga, que declrará también como imputado el día 23 de febrero. En esa misma fecha, acudirá Urdangarín para responder por un nuevo delito por el que hasta ahora no había sido imputado: un delito fiscal cometido, al parecer, en 2007, y por el que se ha personado en el procedimiento penal la Abogacía del Estado.



TENEMOS LOS POLÍTICOS QUE NOS MERECEMOS

TENEMOS LOS POLÍTICOS QUE NOS MERECEMOS AQUELLOS QUE EL PUEBLO VOTA A PESAR DE SER CORRUPTOS POR SEGUIR FIELES A CALORES NO A IDEOLOGÍAS QUE HACE MUCHO TIEMPO QUE HAN DESAPARECIDO EN ARAS DEL PODER Y EL ENRIQUECIMIENTO.


¿Nos merecemos estos políticos?
Las descalificaciones genéricas de la clase política son injustas e impiden sacar lecciones de una crisis que afecta a la sociedad entera. También la ciudadanía es responsable de lo que ocurre en la esfera pública

Cada país tiene los políticos que se merece” suena a frase del Antiguo Testamento. O, por decirlo en unos términos que podría haber suscrito el filósofo norteamericano Hilary Putnam, parece una afirmación planteada desde el punto de vista de Dios. Como si fuera posible colocarse fuera de la realidad y desde ahí, provisto de una tabla de valores indiscutible con la que dictaminar qué es merecido y qué no, sentenciar el vínculo que mantienen los políticos con su sociedad. Pero, si examinamos la frase con un poquito de atención, de inmediato podremos comprobar que la misma encierra una significativa ambivalencia. Porque, de un lado, puede ser interpretada en una clave finalmente exculpatoria de aquellos a los que se refiere. En efecto, los políticos vendrían a expresar algo así como el destino de un pueblo, la materialización de lo que el franquismo gustaba de denominarsus “demonios familiares”. Nada les podría ser reclamado en sentido fuerte en la medida en que ellos mismos, en algún caso a su pesar, no harían otra cosa que representar lo mejor y lo peor de la sociedad que los había aupado al poder.

Pero también cabe poner el acento no tanto en la indulgente desresponsabilización de la llamada clase política como en la responsabilización de otros sectores de la sociedad. Porque hay una forma de rechazar la adecuación políticos-país, que ha hecho notable fortuna entre nosotros últimamente (aunque en otros países, como Argentina, acumulaba una larga tradición), ante la que conviene estar prevenidos por lo que tiene de engañosa. Es la interpretación según la cual los políticos que tenemos vendrían a constituir en última instancia una especie de efecto perverso de la sociedad. Esta los habría colocado en el poder con el encargo de que asumieran las tareas relacionadas con la cosa pública y ahora se encontraría con la desagradable sorpresa de que sus elegidos estarían incumpliendo el encargo que les transmitió, habrían sacado los pies del tiesto e, independizados de toda tutela social, camparían por sus respetos, dedicados a su propio provecho, ejerciendo con todo descaro de élites extractivas, por utilizar la contundente terminología acuñada por Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Por qué fracasan los países.

Que nuestros políticos han cometido severos errores es cosa que no creo que nadie ponga en duda a estas alturas, pero nada ganaríamos (más bien al contrario) incorporándonos al malintencionado aquelarre de distracción consistente en convertirlos en chivos expiatorios de la situación actual. Incluso en algunos de los reproches que se les suele dirigir —tales como “no haber frenado a tiempo la burbuja inmobiliaria”, “haber tardado demasiado en detectar la gravedad de la crisis”, “no haberse opuesto con suficiente energía a la desregulación de los flujos financieros” y otros similares que tanto se repiten de un tiempo a esta parte— se deja ver el carácter en última instancia subalterno que en muchos momentos les correspondía. Con lo que el segundo sentido de la ambivalente afirmación con la que iniciábamos este artículo podría entonces quedar sustanciado en el formato de una pregunta: ¿acaso también nuestros banqueros, jueces, periodistas, profesores universitarios, etcétera, son los que nos tenemos merecidos?

Pero que nadie vaya a pensar que esta ampliación de la responsabilidad desemboca en alguna variante de difuminación de la misma. Por el contrario, sobre lo que la ampliación pretende llamar la atención es precisamente sobre el calado de la gravedad de la situación que nos está tocando padecer, que tal vez no sea solo de crisis institucional —como ya ha sido señalado, y con toda razón, por múltiples voces— sino de crisis de la sociedad por entero. Una sociedad que está resultando incapaz de pensarse a estas alturas como un todo unitario, como un cuerpo social (por utilizar una metáfora clásica), deshilachada por completo, sin instancias en las que reconocerse ni valores compartidos a los que apelar.

De ser esto cierto, conviene apresurarse a puntualizar que no habríamos emergido en este escenario por casualidad o de manera inexplicable. Acaso lo más correcto fuera decir que, en la prehistoria de la situación actual, se encuentra la demolición de los muros de contención a la que con tanto empeño se afanaron algunos en las últimas décadas y que ha propiciado que, cuando la crisis ha estallado con toda su virulencia (lo que es como decir: cuando el capitalismo financiero y especulativo ha mostrado su más despiadado rostro), nada ha podido barrar el paso a este monstruoso tsunami de codicia que amenaza con llevárselo todo por delante. Los muros demolidos lo eran de muy diversos tipos, incluidos los ideológicos. Algún día habrá que pasar cuentas, puestos a señalar un aspecto nada menor, por el eficaz papel legitimador de lo que terminó ocurriendo desempeñado por aquellos desenvueltos teóricos del individualismo posmoderno, bien considerados incluso por sectores progresistas en las épocas en las que la competitividad más feroz parecía verse recompensada con el premio del triunfo social (y no como ahora, que ha mutado en un descarnado sálvese quien pueda).

No resulta fácil en este paisaje devastado reivindicar los valores imprescindibles para que no se desgarre por completo el tejido de vínculos sociales que nos constituye como seres humanos y fuera del cual no hay otra cosa que la amenaza de la selva. No se trata ahora de entretenerse a llorar sobre la leche derramada, añorando unos presuntos buenos tiempos perdidos, más cohesionados y solidarios. Lo que procede es extraer las lecciones pertinentes de lo ocurrido y obrar en consecuencia. Porque no todo es decepción ni sentimiento de profunda derrota. Buena parte de las iniciativas que de un tiempo a esta parte han ido surgiendo para expresar no solo los rechazos concretos a las diversas operaciones que desde el poder se emprenden con el inequívoco objetivo de desmantelar los servicios públicos y de protección social existentes, sino también la decidida exigencia de auténtica democracia (de democracia real), en cierto modo están señalando la dirección que conviene seguir.

Por supuesto que semejante exhortación tiene una contrapartida insoslayable. Porque postular el abandono de la condición de meros espectadores de la política y reivindicar como propias determinadas iniciativas surgidas de manera espontánea desde la misma sociedad (llámese 15-M, movimiento antidesahucio o como se quiera) es vinculante. De obrar en consecuencia, estaríamos abandonando la antigua condición de meros reclamantes de los comportamientos de nuestros representantes para pasar a convertirnos en protagonistas, en la cuota que nos correspondiera, a los que también por tanto se les podría exigir responsabilidad. Esta nueva condición adquirida nos obligaría a dar cuenta ante todos de nuestras acciones en la esfera pública, y esto incluye no solo lo que hacemos sino también con quién lo hacemos, o lo que, pudiendo, dejamos de hacer.

Si, para concluir, tuviera que resumir en forma de propuesta todo lo planteado hasta aquí lo haría como sigue. Olvidémonos de predestinaciones (del tipo “cada país tiene...”) y apoyemos a los políticos que realmente se lo merezcan y solo a ellos. Parece haber quedado atrás de forma irreversible el tiempo de la laxitud, el posibilismo y el mal menor como criterios a la hora de seleccionar a nuestros representantes. Llevamos acumuladas demasiadas experiencias de frustración desde aquel ya lejano desencanto de la primera hora de nuestra democracia como para conceder más cheques en blanco a quienes parecen haberse convertido en auténticos profesionales de solicitar en periodo electoral una última oportunidad. Pero, sobre todo, hagámonos nosotros merecedores, si se quiere seguir utilizando tales términos, de otros políticos y especialmente de otras formas de hacer política.

Apenas con diferentes palabras: apliquémonos los mismos estándares de conducta que les reclamamos. Solo eso nos concederá la mínima autoridad moral para no rebajar nuestro nivel de exigencia y de control sobre ellos. (Por poner un ejemplo bien concreto —y dicho sea con tanta franqueza como humildad— yo no creo merecerme el president de la Generalitat que me está tocando la desgracia política de padecer. No dudo que se lo merezcan quienes lo han votado y, sobre todo, quienes tanto han jaleado sus erráticas propuestas, pero en modo alguno, desde luego, quienes desde bien temprano nos manifestamos en contra de las mismas. Hasta aquí podíamos llegar).



martes, 29 de enero de 2013

CARTA DE LUCÍA ECHEVARRIA AL SR. RAJOY PRESIDENTE DLE GOBIERNO

Señor Rajoy:

Usted es tonto.
Si le birlan 22 millones (suponemos que bastante más porque esto es la punta del iceberg) y usted ni se entera, es tonto.
Si en su partido corren los sobres de dinero negro como la cocaína en un afterauers y usted ni se entera, usted es tonto.
Si usted ve normal que el marido de Andrea Fabra, elegido A DEDO, eligiera para gestionar los análisis clínicos de la Comunidad la empresa de la que es consejero, y resulta que cuando, ocupando aún el cargo en la Comunidad, decidió privatizar esos análisis, si usted ve normal lo del ático en Marbella del señor González, usted es tonto.

Y si usted es tonto, me pregunto cómo va a sacarnos de la crisis.
Ah… que no nos ha sacado.
Ah… que estamos peor que antes. Ah, que están ustedes cerrando urgencias, privatizando sanidad, denegando becas escolares y echando a gente de su casa.
Ah, que en comparación con usted, Zapatero empieza a caernos hasta bien.
Señor Rajoy, los del partido rival de usted tampoco son muy listos que digamos. Que en Andalucía también van perdiendo dinero como locos. Que sí, que lo sabemos.

Lo que yo no puedo entender es que una señora que hasta ahora ha estado casada con un ministro al que ha elegido usted, una señora que trabaja para una televisión controlada por usted, una señora, pues, afín a su partido (a Edurne Iriarte me refiero) me venga poco menos que a soltar ayer que lo que pasa en su partido no es para tanto porque al fin y al cabo el PSOE ha hecho lo mismo con los ERES. Y que, a su lado, otro tertuliano también afín a su partido tuviera la desfachatez de venir a decir que aquí en España quien más quien menos casi todo el mundo es corrupto y que eso es una cosa de la idiosincrasia del país.

Señor Rajoy: cada vez que alguien de su partido me viene a hablar de los ERES de Andalucía para justificar lo que pasa en su partido lo que me viene a decir es que aquí en España la corrupción es la norma, no la excepción, y que entonces nos tenemos que apoquinar con lo que hay. Que no podemos tener sanidad, becas escolares de comedor, urgencias rurales etc… porque aquí robar dinero es lo normal.
Señor Rajoy: A mí no me vale que la señora Cospedal me diga que en el PP “quien la hace la paga” .
No me lo creo.
Repito: No me lo creo.
Mentira podrida.

Le recuerdo que en el PP se indulta a los corruptos.
Han indultado ustedes a Tomas Gómez Arrabal, exalcalde de la localidad malagueña de Valle de Abdalajis, condenado por corrupción y a tres concejales condenados por delitos continuados de prevaricación. Los cuatro eran militantes del Partido Popular.-Salvaron de la cárcel a :Josep Maria Servitje (ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat) y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña (empresario) que Desviaron fondos mediante el encargo de informes inútiles. Indultaron a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, José Manuel Sánchez Donoso y Luis Calle Fernández que habían sido condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes. Las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros. Indultaron a Miguel Escudero Arias-Dávila, indultado tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa. Han indultado ustedes a políticos, banqueros y empresarios… Y a cuatro mossos de escuadra condenados por torturas, en una decisión que ha soliviantado de tal forma a los jueces que casi 200 han firmado esta semana un documento en el que acusan al Ejecutivo de dinamitar la división de poderes ( ahí es ná) con una decisión “abusiva” y “éticamente in asumible”.

En el PP el que la hace no la paga
Cobra.
Y en negro
Por si esto no fuera prueba de que en el PP el que la hace no es que la pague, sino que cobre le recuerdo a usted el escandaloso nombramiento de un hombre de La Caixa para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (la misma que acabará juzgando las preferentes, las cláusulas suelo y otros abusos bancarios)
Un autoblindaje del establishment sencillamente intolerable.

Señor Rajoy: De nada sirve legislar si los mismos que legislan garantizan la impunidad de los corruptos.
Pero para rizar el rizo, pretende usted llevar adelante una reforma penal según la cual
Despojarían al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de Fiscalía todas las diligencias de los sumarios.

¿Qué significa esto?,
Pues que el sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es independiente, a uno que está regido por el principio de Obediencia Jerárquica, y cuyo jefe supremo es, ¡oh, sorpresa!, el Ministro de Justicia.
-Sustituirían el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por el de Oportunidad.

¿Qué significa esto?
La diferencia radica en que el primero, de manera sencilla, obliga a perseguir de oficio todo hecho que revista indicios de criminalidad, mientras que el segundo se basa en la economía de medios, o sea:
Se persigue…si compensa, o si interesa.
Viene a decir que, dependiendo de quien sea el posible imputado y posteriormente procesado y condenado, se investiga, o se deja pasar, me debes un favor de los grandes, y ya te lo cobraré.

Todo esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa propia, no…
Porque estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase política, porque suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales.
Es decir, esta reforma penal les viene bien a todos los corruptos: Los del Psoe, los suyos, los de CiU y los que vayan por libre

Señor Rajoy:
Si usted no se ha enterado de que su partido está corrupto hasta la médula, usted es tonto y analfabeto.
Y sí, me creo lo que dicen ustedes de que en el PSOE tampoco están mucho mejor. Y sí, de verdad, me creo que Pujol tenga cuentas en Suiza, porque si no, no se explica de dónde saca para tanto como destaca su hijo, Porque Oriol y sus hermanos son Oriol y sus hermanos son miembros de al menos 73 empresas y todas ellas están relacionadas de una forma u otra con encargos de la Generalitat. Me lo creo, de verdad que me lo creo.
Pero que el partido de al lado también sea corrupto no hace que el suyo deje de serlo.
Y lo que a mí me queda claro es que usted no está haciendo nada, pero nada, para luchar contra la corrupción, y sí mucho por afianzarla.

Por lo tanto señor Rajoy, usted miente.
Usted no tiene ninguna intención de luchar contra la corrupción.
Le recuerdo a usted que la organización no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, le preguntó a usted, sí, a usted , señor Rajoy, cuales eran las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción. En realidad se lo pregunto a su antecesor, pero resulta que la pelota le rebotó a usted. Usted la rebotó a su vez al Ministerio de Justicia. Allí, El Supremo sostuvo que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí. Y Access Info fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción

Señor Rajoy: España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.

Y ahora ya no me dirijo al señor Rajoy sino a vosotros que me estáis leyendo. Esto se puede y se debe acabar. La crisis en España no es una crisis financiera, es una crisis moral. Y hemos llegado a un punto en el que esto se debe parar. Y se puede parar. Se puede exigir al gobierno del Señor Rajoy o al que venga después que tome medidas para que esto pare.

Medidas simples como:
- Que el indulto, tal y como está concebido, desaparezca. Que el gobierno tenga que dar explicaciones claras sobre a quien indulta y por qué. Para que deje de ser la puerta por la que se escapan los corruptos
- Que no se lleve a puerto la Reforma Penal proyectada por Gallardón.
- Transparencia informativa: se deberían facilitar datos de todas las obras públicas que cada ayuntamiento acomete.
- Conservación de documentos.
- Prohibición de aceptar regalos.
- Cualquier compra que realicen las Administraciones públicas debería estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, al menos tres ofertas de proveedores diferentes, para poder elegir la más baja.
- Transparencia total de las Administraciones públicas: cualquier decisión tomada por un funcionario dentro del cumplimiento de su profesión podría ser conocida por el resto de ciudadanos, excepto por cuestiones relacionadas con la seguridad. Ningún miembro de la administración podría negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas, sino de los votantes.
- Ausencia de cargos de designación política: actualmente en todo el territorio nacional existe un elevado número de cargos cuya designación ha sido realizada sin ningún criterio de méritos. La hermana de Esperanza, el marido de la Fabra (sí, ese que siendo consejero de sanidad nombrado a dedo privatiza los análisis clínicos y luego consigue que sea su empresa la que se lleve la millonaria concesión de esos análisis), etc, etc. La guinda del pastel la pone una alcaldesa que no ha sido votada.
- Para cubrir el lugar de los altos cargos de las Administraciones públicas deberían realizarse pruebas objetivas, en lugar de ser por designación partitocrática. Estos cargos deberían designarse por méritos.
Propios, nunca por “soy pariente de, novia de, amante de, prima de la hermana de…”
- La remuneración de los sueldos públicos debería ser homogénea. No es lógico que un concejal en Alcalá de Henares pueda cobrar diez veces más que uno en Pontevedra, por ejemplo. Y debería ligarse a factores económicos medibles con el índice de precios de consumo (IPC).
- Los políticos no deberían jamás poder decidir sus propios sueldos.
- Incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades privadas relacionadas directamente con los asuntos en que tenga que intervenir por razón de su cargo.

Es decir,
Un político no debería, por ley:
- pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas cuya actividad esté relacionada con las que gestione el ayuntamiento;
- desempeñar cargo representativo o ejecutivo en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público local;
- tener participación superior al 10 por ciento en el capital de dichas empresas.

Tan simple como esto
Se puede y se debe exigir.
¿ Y cómo puede exigirse?
Acabando con la ignorancia.
«No es una crisis, es una estafa», oímos decir desde hace meses.
Es una historia de robo, de complicidad, de sumisión, de ignorancia generalizada y de maniobras de distracción.

Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo, el solipsismo, el egoísmo, el ni-lo-sé-ni-me importa, el no-leo-periódicos-porque-me-aburro-y-yo-sólo-leo-el-cuore, porque la frivolidad-es muy-moderna; cuando cada uno barre para casa y únicamente mira por lo suyo y le interesa menos que cero el bien común; cuando a los corruptos no sólo no se les condena sino que se les premia y se les admira, y se les vuelve a votar; cuando las palabras ética y moral se pasan de moda, antes o después el sistema cae, como ha quedado demostrado. Y se polariza: los ricos se hacen mucho más ricos; y los pobres, más pobres.

Pero hemos llegado a un punto en el que la única manera de salir adelante es desde la información, y la exigencia.
Información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder.
Todos podemos salir a la calle a exigir una Ley de Transparencia y una Ley Anticorrupción serias. Y ha llegado el momento de hacerlo.

PD.-Yo personalmente me identifico con el contenido de esta carta.