CATALUÑA PIDE 9.100 MILONES DE EUROS A ESPAÑA

EL GOBIERNO CATALÁN RENIEGA DE ESPAÑA PERO QUIERE SEGUIR ORDEÑÁNDOLA.
La Generalitat solicitará este año un rescate de 9.073 millones de euros.
El Gobierno catalán prevé que la cifra pueda crecer si se flexibiliza el objetivo de déficit.

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) tendrá este año mucho más protagonismo en las cuentas de la Generalitat de Cataluña. El rescate estatal inyectará 9.073 millones de euros a sus cuentas, un 68,9% más que el año pasado, y el Gobierno catalán no descarta que puedan ser más si el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asume cierta flexibilización del déficit, como demanda de forma reiterada el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

Según las asignaciones del ministerio, la Generalitat contará este año con 7.684 millones para cubrir los vencimientos de emisiones de deuda y de préstamos contratados con bancos extranjeros. Otros 1.389 millones deberán cubrir el déficit previsto para este año, de un 0,7% del PIB. La Generalitat reclama que ese porcentaje pueda crecer hasta el 1,5%, en línea con la flexibilización que Bruselas sí ha ofrecido al Estado, lo que podría conllevar un incremento considerable del rescate a percibir por la Administración autonómica.

La flexibilización del déficit es la gran esperanza del presidente autonómico, Artur Mas, para evitar otro severo tijeretazo sobre los Presupuestos de la Generalitat. Asumir ese 0,7% fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera supondría tener que asumir este año un recorte de 4.000 millones de euros, un objetivo que todavía se ha complicado más por las sentencias del Tribunal Constitucional que han suprimido la tasa del euro por receta, el copago judicial aplicado por la Generalitat y las tasas sobre los depósitos bancarios.

El Gobierno de la Generalitat es crítico con el hecho de que el Fondo de Liquidez Autonómico, que en 2012 se puso en marcha en septiembre, todavía no haya entrado en vigor este año. Ese es el argumento utilizado por el Gobierno autonómico para pagar solo el 75% de las facturas de los hospitales concertados catalanes.

CATALUÑA QUIERE PASARNOS FACTURA A LOS ESPAÑOLES DE SU LOCURA IDEPENDENTISTA Y DESVARÍOS EUROPEOS.ESTÁ ACTUANDO FUERA DE LA CONSTITUCIÓN Y RAJOY NI EL REY SE QUIEREN ESNTERAR.
Cataluña intensificará su acción exterior “diga lo que diga” el Gobierno.
Homs carga contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por gastar 330.000 euros en cubertería y manteles para las embajadas.
Exteriores tutelará la actuación de las autonomías en el extranjero.

El Gobierno catalán ha desafiado hoy de nuevo al Ejecutivo de Mariano Rajoy al anunciar que piensa intensificar su acción exterior pese al freno que pretende imponer en este ámbito el ministerio de Asuntos Exteriores con el anteproyecto de ley de Acción Exterior. El consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, ha asegurado que la Generalitat no solo continuará con su estrategia para internacionalizar el proceso soberanista, sino que piensa "intensificar" esta labor.

"Haremos más acción exterior que nunca, por la situación económica y el proceso político -soberanista- iniciado en Cataluña; en un momento como el actual pensar que esto de ir fuera es un capricho es ser de dos siglos atrás", señaló Homs en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán. El consejero ha asegurado que piensa continuar con esta labor "diga lo que diga el Gobierno".

Según Homs, Cataluña "hará más política exterior que nunca" con "herramientas modestas, sacando jugo a los recursos que tiene". Al mismo tiempo, Homs ha aprovechado para cargar contra los gastos del Gobierno central en acción exterior al sacar a relucir la adjudicación que el año pasado publicó el BOE por la que el Gobierno gastaba 330.000 euros en renovar la cubertería y otros enseres de diferentes embajadas. "Lo que no haremos es gastar 330.000 euros en cubertería y manteles, estamos lejos de este tipo de acción exterior", ha remachado el portavoz del ejecutivo catalán.

En este momento la Generalitat tiene cinco delegaciones en el exterior, situadas en Bruselas, París, Londres, Berlín y Nueva York. Además posee 35 oficinas comerciales.

El juez cita como imputado el día 23 al secretario de las infantas.
Carlos García Revenga fue miembro del patronato y tesorero del Instituto Nóos.

El juez José Castro ha citado como imputado a Carlos García Revenga, secretario de las infantas, que fue miembro del patronato y tesorero del Instituto Nóos, para interrogarle sobre su cargo y funciones en Nóos y en el entorno personal y societario del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin. Revenga, que está citado a declarar el próximo 23 a la una de la tarde, justo después de Urdangarín, debe contestar qué conocimiento tenía de las actividades y qué asesoría y consulta dio a la trama

García Revenga hizo público el 22 de enero un comunicado en el que se declaró inocente en el caso Urdangarin y anunció que solicitaría comparecer ante el juez de Palma de Mallorca, José Castro. “Declaro mi inocencia respecto de las actividades que se investigan en la citada causa”, afirmó.

La reacción de García Revenga se produjo horas después de que EL PAÍS publicara que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, había hecho llegar al juez varios correos electrónicos que le sitúan en el núcleo de Nóos. En uno de esos correos, pedía figurar como miembro “de la Casa del Rey”.

Pese a que formalmente era tesorero, diversos correos reflejan que Urdangarin tomó a García Revenga como consejero en multitud de asuntos. Un medio de comunicación solicita una entrevista con el yerno del Rey y Urdangarin pide a García Revenga consejo sobre “cómo proceder”. En la respuesta a otra entrevista, en 2005, Urdangarin indica de nuevo que es el tesorero quien tiene “la última palabra”. También le pide asesoramiento sobre una invitación para asistir, el 2 de febrero de 2005, a la inauguración de un nuevo palacio de los deportes en Madrid.

Urdangarin y García Revengan tratan incluso el patrimonio familiar. “Carlos, las transferencias que le ingresan a doña Cristina correspondientes a sus honorarios de Zarzuela, deberían ingresarse a partir de enero en esta otra cuenta”. Durante unos días de asueto en Palma junto a la familia, en el verano de 2003 —“playa, piscina, heladito en Portals...”, detalla—, el duque informa a García Revenga de que Nóos está preparado para dar un salto adelante y presentarse en sociedad.

En su comunicado, García Revenga afirmó: “Pese a mi condición de tesorero del Instituto Nóos, nunca tuve firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismas ni en su contabilidad; y, de ninguna forma, directa o indirectamente, he recibido ningún tipo de remuneración ni de beneficio”.

“Es cierto”, decía el comunicado, “que desde mi cargo de asesor de las infantas doña Elena y doña Cristina he podido mezclar, en ocasiones, gestiones propias de mi puesto con otras relacionadas con actividades privadas de los duques de Palma. La razón de este hecho viene motivada porque en los 20 años que he ejercido el cargo de asesor de las infantas doña Elena y doña Cristina se ha producido una relación más estrecha que la estrictamente profesional, no pudiéndome negar, en razón de esta circunstancia, a prestar las ayudas que me solicitaban”. Y añadió: “En ningún caso he llevado a cabo estas gestiones como representante de la Casa de su Majestad el Rey, ni por supuesto han sido contrarias a cualquier principio moral o de ética profesional”.

LOS PARTIDOS DEBEN DE LAVAR SU COLADA DE CORRUPTOS DE FORMA EJEMPLAR.

Todos corruptos.

Las invocaciones a no generalizar quedan inhabilitadas cuando les falta la sanción ejemplarizante.

Todos a la cárcel, rodada en 1993, es una colaboración inolvidable de Luis García Berlanga y Rafael Azcona que debería volver a las salas de exhibición, pero mientras llega ese momento se está imponiendo en el ambiente otra afirmación previa, la de “Todos corruptos”. Es una conclusión que deriva de hechos probados en los tribunales, con sentencias firmes, y de otros que se encuentran en fase procesal. Pero, a partir de casos de gran calibre, se aproximan otros de cualquier cuantía, merecedores de reproche social, que pasan a ser equiparables en los titulares con que aparecen y en la condena a que se hacen merecedores. Se acaba así la modulación de los tipos penales, todos corruptos, todos a la cárcel.

En la otra ribera, la del Gobierno, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al frente, la consigna es cargar contra la generalización injusta y poner de manifiesto el carácter excepcional de los abusadores y la ínfima proporción que representan respecto a quienes cumplen con sacrificio y entrega sus deberes de representación pública. Pero estas invocaciones a no generalizar quedan inhabilitadas cuando les falta el acompañamiento de la sanción ejemplarizante. Recuperar la buena fama de un colectivo es imposible cuando las ovejas negras siguen campando por sus respetos. Para que la Guardia Civil quede aliviada de connivencia con los contrabandistas es necesario que los agentes implicados sean expulsados del Cuerpo, y para que la imagen de los empresarios hubiera quedado a salvo deberían haber abominado de su expresidente Gerardo Díaz Ferrán.

Porque para salvar el honor de quienes se dedican al servicio público en cargos de representación se impone separar a quienes delinquen, en vez de brindarles amparo y cobertura, siempre y cuando sean de los nuestros. El álbum es abrumador. Pero ni un solo reproche han merecido los despilfarros del aeropuerto inservible de Castellón, coronado por la escultura de Fabra; ni tantos y tantos. Se prefiere esperar a que escampe, mientras los de a pie confían en que algún contable despechado vuelva a tomar venganza y abra un conflicto luminoso que permita conocer los excesos perpetrados con los fondos confiados a los partidos políticos y a los ayuntamientos. De modo que el tobogán de las corrupciones ofrece un espectáculo desalentador para el cumplimiento cívico.

Mientras, las informaciones, que se presentan sin un hilo conductor, tienen dos. El primero, la financiación de los ayuntamientos mediante extracciones a los promotores urbanísticos y a las empresas concesionarias de servicios. El segundo, la financiación de los partidos políticos con la exigencia de comisiones a los adjudicatarios de la obra pública y de otras gabelas. Ahí está la raíz del caso Gürtel por hablar del más jaleado estos días. Vemos que los focos se han centrado en la sospecha acerca de los sobrecogedores que en la nomenclatura del Partido Popular hayan podido beneficiarse de “ayudas a la navegación”, lo que en México llamaban también “orientaciones”. Pero todavía seguimos a falta de pruebas indubitables, mientras que la aparición de 22 millones en las cuentas suizas de Luís Bárcenas, que fuera gerente y tesorero del PP colmado de elogios y de respaldos, apenas han suscitado curiosidad. Además, contraviniendo la ley de la gravitación universal, la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, desde el primer momento, en vez de reclamar unas sumas que sin duda fueron desviadas de las finanzas del PP, se empeñó en declararlas por completo ajenas con una naturalidad desconcertante.

Escribía Javier Pradera, en La maquinaria de la democracia. Los partidos en el sistema político español, que al comienzo de la transición se argumentó a favor de la financiación pública para evitar que la debilidad económica de los partidos hiciera a sus dirigentes y cuadros más proclives a la corrupción (recepción de dinero negro a cambio de decisiones prevaricadoras). Pero los años transcurridos permiten afirmar que la financiación pública de los partidos no ha erradicado la corrupción. Y, aún más, que la instalación en el corazón del aparato estatal de unas organizaciones independizadas en gran medida de su electorado, con débil militancia y omnipotentes direcciones, favorece un ámbito de impunidad para sus extralimitaciones.

El monto de la financiación ilegal de los partidos, deducía Pradera, será la diferencia existente entre sus ingresos declarados (subvenciones, cuotas, donativos) y sus gastos reales, que saltan a la vista. Ahí queda una tarea urgente para el Tribunal de Cuentas, al que debería dotarse de medios y liberarle de dependencias políticas. Veremos.

ASÍ VE EL “THE FINANCIAL TIMES” LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA.

La corrupción en España, el saqueo de las instituciones, no solo agrieta los pilares de la democracia, sino que es un lastre más que agrava la crisis.

La corrupción política, económica e institucional es el cáncer de nuestra democracia. Lo atestiguan las encuestas de opinión y lo demuestra la realidad. Desde el año 2000, y en la quincena de casos más llamativos y que más han golpeado a nuestras instituciones, la corrupción se ha cobrado 6.839 millones de euros, el equivalente por ejemplo al valor de Twitter (6.700 millones de euros, según «The Financial Times») o mil millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013 (5.900 millones de euros).

Se trata además de un cálculo muy conservador, pues a lo largo de todos estos años desde 2000 se han producido muchos más episodios de corrupción -de alcance económico menor, es cierto- que no están incluidos en este informe de ABC. También, en algunos de los casos recogidos en estas páginas, las investigaciones judiciales aún están en marcha, por lo que la cifra defraudada podría incluso aumentar. Además, no se reflejan otro tipo de tramas delictivas en las que están implicados políticos supuestamente corruptos. La operación contra la mafia rusa del pasado viernes, con la implicación política de al menos un diputado de CiU, es el último ejemplo, e indudablemente la triste «factura de la corrupción» en España crecerá.

El caso Palau, el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía, la trama Gürtel, las supuestas estafas del Forcem, la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos... Episodios de sobra conocidos por las revelaciones que prácticamente a diario se publican en toda la prensa nacional y que demuestran que la corrupción es transversal, de modo que afecta a todos los partidos políticos -más a los más grandes porque son los que ocupan mayores parcelas de poder- y a todas las administraciones: central, autonómica y local. Y hay otra característica: siempre es utilizada como arma política contra el adversario.

Las reacciones de los partidos, sindicatos e instituciones afectados ante los casos de corrupción son también muy similares: primero se apela a la presunción de inocencia, luego se recuerda al resto de formaciones políticas sus propios casos de corrupción; se afirma que se trata de casos aislados, y se anuncian medidas más o menos llamativas para evitar nuevos casos en el futuro. Pero a menudo todo queda reducido a agua de borrajas.

Las encuestas son demoledoras. La última de ellas, publicada el pasado 20 de enero por ABC, revelaba que el 74 por ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en España, y más de la mitad que es un fenómeno que afecta más a nuestro país que al resto de Europa. Hay otro dato inquietante: el 89 por ciento de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos; es decir, consideran que el castigo para esas conductas no es suficiente, lo que abona la tesis permanente de que los miembros de instituciones, o los cargos públicos, pertenecen a una casta privilegiada sobre la que no existe una percepción real de justicia. Además, las encuestas muestran el camino a los partidos sobre cuál debe ser su respuesta ante este tipo de casos. Así, el 86 por ciento de los españoles cree que todo aquel cargo público que sea imputado debe dejar sus responsabilidades.

El hartazgo ciudadano, con casi seis millones de personas en paro en España, es cada vez más evidente. Los estudios de opinión reflejan que los españoles se fían cada día menos de sus cargos públicos, de los sindicatos o de las entidades bancarias, hasta el punto de que, según el último estudio del CIS sobre este asunto, de octubre pasado, para el 26,9 por ciento de los encuestados, los políticos, por ejemplo, son uno de los tres principales problemas. Es el mayor porcentaje de la historia de la democracia.

Tras hacerse públicas en las últimas semanas cifras tan escandalosas de la corrupción, como los 22 millones hallados al extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, los principales partidos políticos están apelando a grandilocuentes pactos contra la corrupción. Pero de momento, sin una sola firma.

Afinsa y Fórum. 4.400 millones

Albertino Figueiredo

Un agujero patrimonial de 4.400 euros y medio millón de personas afectadas es el balance de una de las mayores estafas piramidales de la historia: la que llevó a la intervención judicial de las empresas filatélicas Fórum y Afinsa. Cuando están a punto de cumplirse siete años de la apertura de sendos procedimientos contra sus responsables por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, la Audiencia Nacional sigue tramitando ambas causas, que suman más de 3.000 tomos y en las que hay un total de 38 imputados, entre ellos Albertino Figueiredo, expresidente de Afinsa. Todavía hay en marcha varias comisiones rogatorias para localizar el dinero.

Caso de los ERE. 900 millones

Francisco J. Guerrera

Las irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla fueron destapadas por una denuncia del comité de empresa. El asunto desembocó en un caso de corrupción de grandes proporciones que salpica a altos cargos de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan a 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta. Hay más de medio centenar de imputados, entre ellos el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Nueva Rumasa. 500 millones

José Mª Ruiz Mateos

Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011 pagarés por valor de 385,3 millones de euros a 4.110 inversores, a los que ofrecían un interés de hasta el 12% anual. Pero las principales empresas del grupo, como Dhul y Clesa, quebraron en febrero de 2011 con una deuda de 700 millones. En ese momento los inversores privados solo habían cobrado algo menos de cien millones de euros, por lo que aún se les deben unos 300. Además, la «caja B» de la familia tenía anotaciones por otros 200 millones.

Caso Gürtel. 201 millones

Francisco Correa

Un exconcejal del PP de Majadahonda dio las claves para desmontar una trama de pago de comisiones a políticos del PP de Madrid y Valencia a cambio de contratos. En 2009 fueron detenidos Correa, Pablo Crespo —exsecretario de Organización del PP de Galicia—, y Álvaro Pérez «El Bigotes». La investigación terminó con la carrera política del presidente valenciano Francisco Camps, tres alcaldes, dos diputados madrileños y un senador, Luis Bárcenas, entre otros. La investigación le costó la carrera al juez instuctor, Baltasar Garzón.

Palma Arena. 110 millones

Jaume Matas

El caso Palma Arena, que hoy consta ya de más de veinte piezas separadas, entre ellas la de Noos que afecta a Iñaki Urdangarín, comenzó tras analizarse las obras del velódromo Palma Arena, ordenado construir por el entonces presidente balear, el popular Jaume Matas. Solo en esa instalación hubo unos sobrecostes de 110 millones de euros, aunque la cifra de lo saqueado en el conjunto de las investigaciones supera con mucho esa cifra. El caso, aún abierto, puso al descubierto una administración corrupta al servicio de Matas, imputado en la casi todas las piezas.

Caso Forcem. 100 millones

La Fiscalía pidó el procesamiento de seis cargos de UGT por el fraude de cien millones de euros en la Fundación para la Formación Continua (Forcem), formada por sindicatos y patronal. Las ayudas procedían de fondos de la UE y eran concedidas por el Inem. Algunas de las empresas receptoras del dinero carecían de actividad, empleados y hasta de alumnos. El Tribunal de Cuentas envió un informe al Congreso en el que se afirmaba que en el caso había responsabilidades penales y civiles en al menos dos sindicalistas. Tras la denuncia, que en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una brigada policial adscrita al Ministerio de Trabajo investigó el 5 por ciento de los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el 95 por ciento de ellos.

Gescartera. 88 millones

Antonio Camacho

En junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero patrimonial de unos 100 millones. Fue el principio de un escándalo que se saldó con un total de 52 años de cárcel para ocho de los acusados (entre ellos, Antonio Camacho) y con la condena a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables subsidiarios de un perjuicio de 88 millones. La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, condenada a 3 años, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique GiménezReyna, que dimitió.

Caso Pretoria. 45 millones

Maciá Alavedra

La «operación Pretoria», contra la corrupción urbanística y el blanqueo de dinero, estalló en 2009 en Barcelona. Se detuvo a nueve personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluis Prenafeta. El presunto cerebro de la trama es Luis Andrés García Sáez, un exdiputado del PSC expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones.

Caso Millet. 35 millones

Félix Millet

Félix Millet y Jordi Montull están acusados de la desaparición de más de 35 millones de euros del Palau de la Música, el mayor expolio de una institución cultural que se habría realizado tanto para enriquecimiento propio como para financiar ilegalmente a CDC, el partido de Artur Mas. Millet y su mano derecha gobernaron el Palau durante 30 años, aunque el desfalco que se ha podido acreditar sólo se refiere a los diez últimos. Millet reformó inmuebles de su propiedad y pagó gastos de su familia con esos fondos.

Caso Bárcenas. 22 millones

Luis Bárcenas

El extesorero y exsenador del PP, imputado en el caso Gürtel, se ha convertido en una caso en sí mismo tras conocerse que amasó 22 millones de euros en cuentas suizas. Bárcenas, que trabajó para el PP casi 30 años, compatibilizó estas tareas con sus negocios privados. La Audiencia Nacional investiga el origen de estos fondos y también se le acusa de haber cobrado una comisión de al menos 1,3 millones.

Caso ITV. 10 millones

Oriol Pujol

Un grupo de empresarios ofrecía concesiones públicas de ITV a cambio de quedarse con una parte del negocio. Contaban con el apoyo del secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, al que los investigadores definen como «colaborador necesario», y tenían a sueldo al político convergente Josep Tous, al que la Generalitat le había encargado rehacer el mapa de las ITV del tripartito. Pujol proponía a los empresarios que contrataran los servicios de la consultora de su amigo Sergi Alsina.

Caso Malaya. 10 millones

Julián Muñoz

Es una de las mayores tramas de corrupción política y empresarial desarticuladas en España. Con epicentro en Marbella, cuyo ayuntamiento tuvo que ser disuelto, a José Antonio Roca, considerado cerebro de la trama, le fueron intervenidos bienes por valor de 2.600 millones de euros. En estos días se ha celebrado el segundo juicio, dirigido contra la tonadillera Isabel Pantoja y su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Durante la instrucción le fueron requeridas fianzas que alcanzan un total de 10 millones.

Caso Noos. 8,2 millones

Iñaki Urdangarín

El caso Noos implica a un miembro de la Familia Real, el Duque de Palma, quien ya ha tenido que declarar ante el juez como imputado y volverá a hacerlo el próximo 23 de febrero. Tanto Iñaki Urdangarín como su socio, Diego Torres, habrían utilizado la imagen del primero para firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas de Valencia y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos una fianza civil de 8,2 millones de euros.

Caso Cooperación. 22 millones

Rafael Blasco

El caso, instruido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la presunta implicación del portavoz parlamentario del PP en esa comunidad Rafael Blasco, investiga el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación. La investigación judicial, iniciada en mayo de 2011, se saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, entre ellas la de Blasco.

Caso Pallerols. 388.483 euros

Fidel Pallerols

Tres lustros de investigación y en unos minutos se alcanzó una conformidad. La trama de financiación irregular de Unió consistió en un desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols. Unió Democrática de Cataluña era responsable civil subsidiario. Pallerols y los otros tres imputados han evitado ir a la cárcel al aceptar la devolución de forma conjunta de 388.483 euros. Sin embargo, no es todo lo defraudado.

6.839 millones equivalen a...

121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas. La subvención anual que Cáritas y Cruz Roja disponen cada año es de 56 millones, y con ella atienden a un millón de personas. Con lo robado por los corruptos podría darse esta subvención 121 veces.

Presupuesto del Ministerio de Defensa. El Presupuesto de un Ministerio como el de Defensa se eleva a 5.900 millones, mil euros menos que los 6.821 millones que suman las cantidades que se han llevado los casos de corrupción.

El valor de la red social Twitter. 6.700 millones es el valor de la red social Twitter (9.000 millones de dólares), más o menos lo que suma el desfalco en las arcas públicas que han implicado los distintos casos de corrupción.

15 veces la plantilla del Real Madrid. Los 6.821 millones de la corrupción son 15 veces el valor de la plantilla de un club de fútbol como el Real Madrid, cuyos jugadores están valorados en 517 millones de euros.

EL PARO JUVENIL ESPAÑOL ESCANDALIZA A LOS POLÍTICOS EUROPEOS.

El paro juvenil español acapara la atención de los líderes europeos.

Rehn afirma estar "muy preocupado" por los problemas de quienes entran en el mercado laboral.
El líder de la Eurocámara pide a Báñez un compromiso de crear empleo a cambio de la rebaja.
Los jóvenes autónomos cotizarán 50 euros al mes durante medio año.

El jueves fue la canciller alemana, Angela Merkel, quien señaló al paro juvenil español como uno de los grandes problemas de Europa y este lunes ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Economía, Olli Rehn, quien ha dejado en evidencia que el tema preocupa más allá de las fronteras españolas. Durante un acto en Madrid, Rehn se ha mostrado "muy preocupado" por el aumento del desempleo, sobre todo de quienes se incorporan al mercado laboral, aunque ha dicho ser "consciente" de que se están tomando "medidas para el crecimiento y el ajuste fiscal".

En declaraciones a los medios antes de participar en la cumbre de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Rehn aseguró que hablaría más en profundidad de estas preocupaciones en las comparecencias que celebraría en la propia reunión sindical, y, más tarde, en la rueda de prensa que dio tras su reunión con el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La tasa de paro entre los menores de 25 años en España supera el 55%, un nivel desconocido desde que hay estadísticas comparables. Esto significa que una de cada dos jóvenes no tiene trabajo. En total, la última Encuesta de Población Activa refleja que hay 930.200 de ellos sin empleo. Además, en una peligrosa derivada de la falta de oportunidades para tan siquiera empezar su carrera profesional, muchos jóvenes, entre los que hay un gran número de trabajadores cualificados, están optando por abandonar el país.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que también ha participado en el 40 aniversario de la CES, ha avisado de que la rebaja de cotizaciones a emprendedores hasta 50 euros durante seis meses, anunciada este lunes por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, estará "muy bien" siempre que se acompañe de un "compromiso vinculante" de creación de puestos de trabajo para jóvenes.

"Lo que no se puede ser es por un lado dejar de pagar cotizaciones y que luego no se genere empleo", ha señalado. Su argumento es que es "absolutamente necesario que haya una combinación de disciplina presupuestaria y de estrategia de crecimiento". Más concretamente, ha apostado por desarrollar "inversiones puntuales", especialmente en el sector de las infraestructuras, para luchar contra el desempleo juvenil.

En opinión de este eurodiputado socialista, es una "vergüenza" y "totalmente inaceptable" que en países europeos, como España, una de cada dos jóvenes no encuentre trabajo y ante esta situación ha demandado más presencia de los sindicatos en la UE.

Junto a Merkel, Rehn o Schulz, el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, también ha criticado en el pasado el nivel de paro juvenil, al que calificó de "escándalo".

CUENTAS EN EL EXTRANJERO DE POLÍTICOS Y EMPRESARIOS

La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios.

Cinco excargos del PP y diez patronos, cazados por las comisiones rogatorias.

Cuatro años después, la investigación del caso Gürtel ha destapado unas prácticas generalizadas de evasión fiscal por parte de políticos y empresarios relacionados con esta trama de corrupción masiva que echó raíces en una decena de Administraciones gobernadas por el PP, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Tras más de 30 comisiones rogatorias a distintos países, el juez Pablo Ruz y sus antecesores en la causa han logrado evidencias de un supuesto blanqueo de capitales en, al menos, cinco ex altos cargos del PP (su extesorero nacional, Luis Bárcenas; los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero; y los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, también exconsejero de Deportes, y Benjamín Martín Vasco, también exconcejal en Arganda). Junto a ellos, en cuentas administradas por los mismos gestores u otros, hay una decena de empresarios, algunos de ellos vinculados directamente con la trama corrupta y otros con empresarios que trataron con la red Gürtel. Entre todos, ocultaron al fisco español más de 100 millones de euros, según los datos aportados por las distintas comisiones rogatorias. Sólo Luis Bárcenas (extesorero del PP) y Francisco Correa (cabecilla de la red Gürtel) acumularon en cuentas suizas, cada uno las suyas, casi 50 millones de euros.

Arturo Fasana, un gestor de patrimonios que conoce el castellano a la perfección, administraba en Suiza un grupo de cuentas bancarias —con cientos de millones de euros— propiedad de decenas de españoles denominada SOLEADO y en la que, además de Francisco Correa, están otros empresarios como Fernando Martín, el promotor inmobiliario, junto con dos socios más.

Martín está imputado en la causa por haber pagado supuestamente comisiones ilegales a Francisco Correa por la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey para la construcción de miles de viviendas. El promotor inmobiliario ha explicado al juez Ruz que si bien tiene dinero en las cuentas suizas junto a otros dos socios, este corresponde a una inversión inmobiliaria que pretendía llevar a cabo en los terrenos que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón, propiedad del Atlético de Madrid. Ruz ha ordenado nuevas comisiones rogatorias para averiguar si la versión de Fernando Martín es cierta.

El caso Gürtel mantiene imputados al que fue alcalde de Arganda, Ginés López, y a su concejal de Fomento y también diputado autonómico, Benjamín Martín Vasco. El juez investiga en Suiza las cuentas abiertas a nombre de una sociedad que es supuestamente propiedad de Martín Vasco.

Ramón Blanco Balín, que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los años noventa, también está imputado en la causa y aparece junto a otros cuatro empresarios españoles en una de las cuentas del grupo SOLEADO, que administraba Fasana. Blanco Balín se convirtió en el asesor jurídico y socio de Francisco Correa en la última etapa de la aventura empresarial de la red Gürtel.

Rafael Naranjo, dueño de Sufisa, una empresa que tiene múltiples contratos de limpieza con Administraciones públicas españolas, también aparece en los documentos acumulados durante la instrucción judicial relacionados con dinero en el extranjero. Naranjo ha admitido que pagó comisiones por un contrato de limpieza que le adjudicó el Ayuntamiento de Madrid en 2002, cuando el concejal del área era Alberto López Viejo, también imputado en la causa.

Naranjo pagó desde una cuenta que tenía en Suiza a otra cuenta que le dijeron y que estaba abierta en el mismo país.

López Viejo, que llegó a ser la mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales, que encargaba a dedo a las empresas de Correa mayoritariamente, también guardaba dinero en Suiza, aunque sostiene que no correspondía a comisiones de la red Gürtel sino al patrimonio de su esposa.

PEPE MÚJICA PRESIDENTE DE URUGUAY UN EJEMPLO PARA NUESTROS CORRUPTOS POLÍTICOS.

Pepe Mújica y su esposa

Pepe Mújica , Presidente de Uruguay y su esposa Lucia.


http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica

A raíz de un artículo del diario ABC de Madrid, titulado “Mújica el Presidente mas pobre” he tenido mas noticias del buen hacer de una persona que al ser elegida como Presidente de Uruguay, ha rechazado
todos los privilegios inherentes a su cargo y se ha dedicado en cuerpo y alma a servir a su pueblo, desde la sencillez y humildad con la que se ha caracterizado toda su vida.

Gratifica el ejemplo que está dando este hombre, para vergüenza de la mayoría de políticos a nivel mundial y en especial de los incapaces y corruptos que tenemos en casa.

Disfruten de esta noticia y de la respuesta que dio a la misma e imagínense las acciones que podríamos emprender para solucionar nuestra “crisis”.

Con soluciones a lo Pepe Mújica, no estaríamos en crisis.
Vive en su chacra de las afueras de Montevideo, en Rincón del Cerro,tal como había prometido. Lo rodea su esposa, la senadora Lucía Topolansky, la inseparable perra Manuela –nada de raza, nada de abolengo canino-, sus cultivos y mucho verde. Eligió para quedarse el lugar en el mundo que encontró hace años y le atrapó.

Desde allí dona a fondos de ayuda social un 90% de su salario,establecido en unos 12.500 dólares americanos. Cada mes, ‘Pepe’ Mujica recibe 250.000 pesos por su tarea como Presidente del Uruguay y
Comandante en Jefe, pero de allí sólo rescata para su manutención mensual unos 20.000 pesos.

El resto se distribuye desde el Fondo Raúl Sendic, que administra su fuerza política, el Movimiento de Participación Popular, que ayuda a emprendimientos productivos hasta simples colaboraciones, y ONG que
colaboran con viviendas. Dice a los cuatro vientos que “con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos”.

Es el mismo que propone donar las jubilaciones presidenciales –esas astronómicas cifras que permanecen cobrando los ex presidentes constitucionales del país- y el mismo que utiliza un simple “Corsa”
como vehículo de transporte oficial. A muchos años de la moto Vespa que utilizó para llegar al Parlamento a la salida de la dictadura, ya ungido como diputado, Mujica ha mantenido su perfil. Más acicalado que
en épocas de proselitismo político, igualmente el protocolo es algo bien alejado de sus intenciones habituales.

El último ejemplo lo ubicó en la ferretería del barrio Paso de la Arena, hacia donde fue para adquirir una tapa para inodoro. Compró lo que iba a comprar, y acto seguido aceptó una invitación informal de
los jóvenes de la zona, nucleados en el humilde club de fútbol Huracán.

Sin seguridad, sin eufemismos, Mujica brindó una sencilla charla de aliento a los futbolistas que participan en el torneo de la Segunda División Profesional… aferrado a la tapa del inodoro recién adquirida.

De repente un Volkswagen Fusca, celeste, muy bien conservado, llegó a estacionarse frente al gimnasio del club. De alpargatas, con equipo deportivo, el Presidente dedicó varios minutos a los jóvenes deportistas, y prometió mayor atención a la institución además de convenir en “comer un asadito si el club asciende a Primera”.

Se sacó fotos, aceptó fotos, concedió abrazos y se fue con el aplauso de todos, abrazado a su perra Manuela que a estas alturas del mandato ya entiende de absolutamente todos los temas.

Ya de regreso a su chacra –esa finca que a lo lejos es custodiada por efímeras fuerzas policiales aceptadas a regañadientes por el mandatario uruguayo- Mújica continúa con su día. Revisa la tierra,mientras declara su auto VW Fusca como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares.

De acuerdo a la última declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Mújica sólo es dueño de este coche,mientras la chacra figura a nombre de la primera dama y senadora Topolansky, la cual también dona parte de su salario.

Sin cuentas bancarias, sin deudas, el hombre dice dormir tranquilo, y asegura que espera culminar su mandato para descansar, más tranquilo aún, en su chacra de Rincón del Cerro.

Cuando el presidente Mujica fue consultado por los medios acerca de esta nota, esto fue lo que contestó:

“Yo no soy pobre, pobres son los que creen que yo soy pobre. Tengo pocas cosas, es cierto, las mínimas para poder ser rico.

Quiero tener tiempo para dedicarlo a las cosas que me motivan. Y si tuviera muchas cosas tendría que ocuparme de atenderlas y no podría hacer lo que realmente me gusta.

Esa es la verdadera libertad.

La casa, pequeña, para poder dedicar el tiempo a lo que verdaderamente disfruto. Si no, tendría que tener una empleada y ya tendría una interventora dentro de la casa. Y si tengo muchas cosas me tengo que dedicar a cuidarlas para que no me las lleven.

No, con tres piezas me alcanza. Les pasamos la escoba entre la vieja y yo y ya, se acabó.
Entonces sí tenemos tiempo para lo que realmente nos entusiasma.
No somos pobres”.