Si uno observa con atención el debate público, resulta evidente que no todas las opiniones reciben el mismo tratamiento. Cuando proceden de políticos o de "periodistas" alineados ideológicamente, suelen interpretarse como previsibles o interesadas. Sin embargo, cuando jueces, exjueces, juristas o catedráticos de Derecho Constitucional expresan dudas sobre la existencia de indicios suficientes para imputar o investigar al expresidente Zapatero, la discusión cambia de plano.
En estos casos, no se trata simplemente de cuestionar opiniones técnicas, sino que en ocasiones se llega a poner en duda la propia imparcialidad del juez o incluso a acusar de prevaricación de forma pública, antes de que exista una resolución judicial firme. Este tipo de afirmaciones traslada el debate desde el terreno jurídico al terreno de la deslegitimación personal e institucional, con consecuencias evidentes para la confianza en el sistema.
Este fenómeno no es aislado. Se ha repetido en otros asuntos de gran relevancia pública -como los casos de Ábalos, Cerdán, el hermano del presidente o la mujer de Sánchez- donde también se han cuestionado actuaciones judiciales o la solidez de determinadas investigaciones. Más allá de los nombres propios, lo relevante es el patrón: la tendencia a interpretar cada actuación judicial o política en función del posicionamiento ideológico previo.
La consecuencia es una erosión progresiva de la confianza en instituciones que deberían operar al margen de la disputa partidista. La polarización no solo afecta a la política, sino que se extiende a los medios de comunicación y, de forma preocupante, al modo en que parte de la opinión pública percibe la actuación judicial.
Conviene recordar una idea esencial en cualquier democracia: la fiscalización de quienes gestionan o han gestionado fondos públicos no es una anomalía ni una persecución, sino una obligación democrática. El control institucional no solo es legítimo, sino imprescindible. Quien administra recursos públicos debe asumir con normalidad que su gestión será examinada con rigor.
La experiencia demuestra, además, que rara vez la corrupción aflora por confesión de sus propios protagonistas. Son mecanismos externos -la labor de periodistas rigurosos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y jueces- los que permiten investigar, contrastar y, en su caso, depurar responsabilidades. Sin ese trabajo, muchos casos jamás llegarían a conocerse.
Por ello resulta especialmente delicado que el debate público derive, en demasiadas ocasiones, hacia la deslegitimación de quienes investigan o informan, en lugar de centrarse en los hechos y los indicios. El ruido partidista y el activismo ideológico terminan sustituyendo al análisis sereno, precisamente en el ámbito donde más rigor se exige.
Una democracia sana no teme la investigación: la exige. Y tampoco debería aceptar con normalidad que se cuestione la imparcialidad judicial o se acuse de prevaricación de forma pública sin base sólida, porque eso debilita uno de los pilares esenciales del Estado de derecho.
La premisa, en última instancia, sigue siendo tan simple como exigente: si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Ni por parte de quienes son investigados, ni de quienes cumplen con la obligación de investigar.
Añadido: Sin entrar en valoraciones personales y profesionales -esas no interesan a nadie-, lo que importa es el mensaje.
Es difícil abordar con humor los temas serios. Aun así, el humor es imprescindible para evadirnos, aunque sea por momentos, de tantos políticos que nos complican la vida en lugar de facilitárnosla.
Debemos ser conscientes de que fiscalizar el poder es defender nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro bienestar. El de todos, no el de los políticos, que ya se encargan de servirse a sí mismos en lugar de servir a los ciudadanos.
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