El Gobierno, bajo sospecha

Cuando un expresidente tan estrechamente ligado al actual poder comparece ante la Justicia, la sombra inevitablemente alcanza a todo el edificio político

La solidez del auto del juez José Luis Calama, que cita como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, va desgraciadamente mucho más allá de la presunta responsabilidad del expresidente y proyecta sobre el Gobierno una sombra de sospecha cada día más incómoda para la Moncloa. El magistrado atribuye a Zapatero un papel central en una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea, una operación aprobada por el Consejo de Ministros y cuya dimensión política resulta imposible ignorar. El rescate de Plus Ultra, por un importe de 53 millones de euros y rubricado por el Ejecutivo durante la pandemia, constituye el núcleo de una investigación judicial que ya no se limita al entorno empresarial del expresidente. El juez sostiene la existencia de indicios de una estructura organizada destinada a influir en decisiones públicas y obtener beneficios económicos, situando a Zapatero en una posición de liderazgo político dentro de esa presunta red. Naturalmente, corresponde a la Justicia determinar responsabilidades y preservar la presunción de inocencia de todos los investigados. Pero también es legítimo preguntarse si sin la firma del Gobierno y sin la aprobación administrativa del rescate, la influencia que hoy se investiga carecería de efectos prácticos. Sánchez aparece rodeado por una acumulación de investigaciones y episodios que dinamitan su credibilidad: por debajo, pesan los escándalos y sospechas que afectan al entorno político del PSOE y su Gobierno; por arriba, emerge ahora la figura de Zapatero, mentor político y referencia ideológica del sanchismo.

Las informaciones conocidas en las últimas horas y el contenido del auto otorgan un sentido inquietante a muchas decisiones políticas de la Moncloa que hasta ahora parecían obedecer al cálculo ideológico o estratégico. A cada episodio comienza a acompañarle una sospecha; a cada movimiento, una pregunta incómoda. Resulta inevitable preguntarse por determinadas decisiones administrativas o cambios en estructuras sensibles. La retirada de determinadas unidades policiales como la de la Policía en Barajas, los movimientos en órganos de enlace judicial con Francia o el constante enfrentamiento del Gobierno con jueces, Guardia Civil y prensa libre adquieren ahora una lectura inevitablemente distinta.