La crisis moral y penal del socialismo español

La imputación de Zapatero sitúa al PSOE ante una crisis histórica que amenaza directamente al Gobierno de Sánchez

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el denominado caso Plus Ultra constituye uno de los acontecimientos más graves de la democracia española. Nunca antes un expresidente del Gobierno había sido investigado judicialmente por corrupción. Esta excepcionalidad obliga a medir el alcance político e institucional de una crisis que golpea directamente al PSOE y erosiona todavía más la debilitada posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la histórica derrota socialista en Andalucía. El respeto a la presunción de inocencia es una obligación esencial del Estado de derecho, pero también lo es el respeto a la independencia judicial. Ambas garantías son inseparables en una democracia madura. Resulta incompatible exigir prudencia frente a las acusaciones y, al mismo tiempo, desacreditar a jueces, fiscales o fuerzas policiales cuando las investigaciones afectan al propio poder político. Sin embargo, esa ha sido la reacción inmediata de sectores del PSOE y sus aliados, refugiados de nuevo en la teoría del 'lawfare' como mecanismo automático de defensa.

Ese argumento empieza a mostrar claros signos de agotamiento. Como ya ocurrió en otros casos que afectan a la familia del presidente o al Partido Socialista a través de figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, las denuncias iniciales fueron seguidas por diligencias judiciales, indicios e investigaciones cada vez más amplias. El recurso propagandístico a la persecución judicial puede terminar operando en sentido contrario al buscado: no como cierre del debate público, sino como señal de que las pesquisas podrían alcanzar dimensiones aún mayores. La experiencia reciente obliga, cuando menos, a la cautela política y a la contención verbal.