Plus Ultra, todo muy oscuro

La compañía estaba obligada a detallar información económica, presupuestaria, estadística, institucional, organizativa y de planificación

La aerolínea Plus Ultra, beneficiada por el Gobierno de Sánchez con un cuestionable rescate de más de 50 millones de euros, incumplió más del 85 por ciento de las obligaciones de información pública a las que estaba obligada en 2023 y 2024, según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en sendos informes anuales. La compañía estaba obligada a detallar información económica, presupuestaria, estadística, institucional, organizativa y de planificación. De los doce apartados que le exigía la ley, al ser receptora de más de 100.000 euros de ayudas públicas, solo daba a conocer dos de ellos, los relativos a sus funciones y las ayudas recibidas. Así lo demandó Transparencia pero la compañía prefirió dar la callada por respuesta a los sendos requerimientos del regulador. Desde el principio, sobre el rescate de Plus Ultra planea una sombra de sospecha de criminalidad (o al menos de injusta discrecionalidad) que el auto del juez Calama no hace sino confirmar los sólidos indicios de ilegalidad. Ese manto de silencio comienza a levantarse gracias a la acción judicial.