RECURSO URGENTE EN EUROPA CONTRA OTRA DOCTRINA PAROT.

 Recurso urgente en Europa contra otra doctrina Parot

El temor de las víctimas a una pasividad cómplice del Gobierno frente a esta sentencia europea está más que justificado y sería otra prueba de cargo de que Sánchez tiene pactado con Otegi aquello de ‘votos por presos’.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puede provocar un nuevo indulto masivo de etarras condenados -el primero lo causó la derogación de la doctrina Parot- si el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, no recurre la sentencia que amparó al etarra Javier Aristain. Este terrorista, que fue condenado a 17 años de prisión, recurrió ante el Tribunal europeo alegando que no se había respetado su derecho a designar abogado durante su detención. Los magistrados del TEDH le han dado la razón con una sentencia que aún puede ser recurrida por el Gobierno. El plazo vence el día 18 de este mes. Un plazo de tres meses, con un silencio escandaloso de la ministra, quien fue emplazada por el Tribunal Supremo para que aclarara si va a recurrir o no, aclaración que el Alto Tribunal necesita porque la defensa del etarra ya ha pedido la revisión de su condena.

Mientras no sea firme, la condena a Aristain se mantendrá en sus términos. Si el Gobierno no recurre, Aristain y otros muchos podrán salir anticipadamente de la cárcel.

Los jueces europeos parecen no conocer las exigencias de la lucha contra el terrorismo. Cuando un terrorista es detenido en España, desde 1984 puede permanecer incomunicado con autorización judicial durante cinco días y ser asistido por un letrado designado de oficio, no de su confianza. La razón es muy sencilla: cualquier fuga de información en los primeros días de detención puede arruinar la investigación. Sería de ingenuos negar la vinculación que tenían los abogados de etarras con la propia ETA. De hecho, hace pocos días, la Audiencia Nacional ha condenado a varios abogados. La incomunicación de un terrorista y la designación de un abogado de oficio son medidas previstas por la ley, autorizadas judicialmente, avaladas por el TC y muy necesarias. Tampoco son extrañas en países de nuestro entorno con el terrorismo yihadista. El temor de las víctimas a una pasividad cómplice del Gobierno frente a esta sentencia europea está más que justificado y sería otra prueba de cargo de que Sánchez tiene pactado con Otegi aquello de ‘votos por presos’.