OCASIÓN PERDIDA PARA LA JUSTICIA.

 Ocasión perdida para la Justicia.

Ni cumplimiento de su programa electoral ni pacto de Estado con el PSOE. El Partido Popular ha aprobado una reforma del Poder Judicial políticamente difícil de explicar, que mantiene sometida la designación de los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial a los pactos partidistas y complica, más de lo que ya está, la vida de este órgano, al hacer incompatibles sólo a cinco de sus veinte miembros.

En aras de un pacto con el PSOE, que los socialistas despreciaron desde el primer momento, el Gobierno ha renunciado a su compromiso de que los doce vocales judiciales fueran elegidos directamente por los propios jueces y magistrados. Con algunos matices, la reforma mantiene el sistema de elección parlamentaria de esos doce vocales. Y todo a cambio de nada, porque el PSOE votó ayer en contra de esta reforma y ha anunciado que recurrirá la ley ante el TC y que, en todo caso, la cambiará en cuanto llegue al Gobierno. El cinismo del PSOE es descarado, porque si algo caracteriza a los gobiernos socialistas es su obsesión por cercenar la independencia judicial y someter el autogobierno de los jueces a sus directrices políticas. Por eso no se entiende que la reforma promovida por el PP no haya dado un giro radical a la situación. Habría bastado con cumplir lo que anunció en su programa electoral.

Es cierto que la reforma aborda con buen criterio una reducción de competencias del CGPJ, pero el problema –la politización– se mantiene intacto. Lo que se esperaba del PP, que hizo de la despolitización de la Justicia santo y seña de su proyecto para la democracia española, era otra cosa muy distinta. Por otro lado, la división de los vocales del CGPJ según su dedicación –unos a tiempo completo y otros «por horas»– es un desmerecimiento injusto de la función que corresponde a este órgano. Por criticables que hayan sido algunos Consejos anteriores, la institución como tal no debe ser tratada con criterios coyunturales o episódicos o con argumentos de ahorro de costes. En este sentido, tampoco puede comprenderse que, si la gran crisis del CGPJ que ahora termina su mandato fue la supuesta confusión entre lo público y lo privado en el caso Dívar, ahora se opte por permitir que 14 vocales puedan seguir ejerciendo su actividad pública o privada. Por ejemplo, ¿es razonable que un abogado en ejercicio, que sea elegido vocal del CGPJ por horas, lleve casos ante jueces sobre los que, teóricamente, puede tomar decisiones disciplinarias, de promoción o de inspección? Es una reforma decepcionante, que pone al CGPJ en el riesgo innecesario de sufrir más inestabilidad y conflictos internos.