El PSOE acelerará el traspaso de competencias, se compromete a acordar previamente con el PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer en las Cortes y en seis meses transferirá las competencias de tráfico para Navarra.
El acuerdo entre el PSOE y el PNV para contar con los seis votos de los nacionalistas vascos en la investidura de Pedro Sánchez incluye el compromiso de «adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales», y proceder a ello mediante «las modificaciones legales necesarias» tanto para lo tocante a Cataluña como para la negociación del nuevo Estatuto del País Vasco «atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia».
En el acuerdo, en su primer punto, el PNV consigue su pretensión de conocer de antemano «con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar». Se tratará de una colaboración «multinivel». Y se reserva un punto específico a la necesidad de acordar previamente «las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes».
El punto crucial en las negociaciones con el País Vasco siempre es la transferencia de competencias. El acuerdo contempla «proceder en 2020 a la negociación y traspaso» de las competencias estatutarias pendientes. Ortuzar no ha puesto limitación a ninguna de ellas, reiterando que la literalidad de lo pactadoa afecta a todas las que están pendientes de transferir. Lo que incluiría prisiones y la Seguridad Social.
Y en este punto de traspaso competencial entra en juego Navarra: el PNV y el PSOE han acordado que «se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra». En el documento y en la rueda de prensa que Andoni Ortuzar ha ofrecido tras la firma del acuerdo con Pedro Sánchez ha quedado claro que el traspaso tiene que hacerse en los mismos términos que rigen en la transferencia al País Vasco. Aunque Ortuzar no ha querido asegurar que con ello la Guardia Civil dejará de tener presencia en Navarra sí que es evidente que esta medida minoraría ostensiblemente sus competencias en la Comunidad Foral.
El acuerdo contempla un impulso en materia de infraestructuras del Estado en el País Vasco. El documento incluye dos puntos encaminados a potenciar la imagen exterior de la región. En primer término se comprometen a «impulsar» la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión Europea. Y en otro punto queda recogido el compromiso de «abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural».
El documento contempla modificar el contenido de los conocidos como decretos digitales «de manera que sean resueltas las discrepancias sobre los mismos manifestadas en el ámbito parlamentario». Se trata entre ellos del conocido como decreto contra la república digital catalana que Sánchez anunció en plena campaña como una de sus medidas estrella.
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