El presidente reitera que el 1 de octubre no habrá consulta y ya mira al día siguiente para pasar página cuanto antes.
Cataluña sigue siendo el «reto más grave» que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente hizo ayer en La Moncloa un «balance de temporada» donde el único punto oscuro que apareció fue el desafío independentista, que mantendrá en alerta al Ejecutivo durante todo el mes de agosto, ante los siguientes pasos que puedan dar los independentistas, para articular una respuesta inmediata. Ayer, Rajoy anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la reforma del Reglamento del Parlamento autonómico catalán, que permitiría la tramitación exprés de las leyes de ruptura.
Rajoy empezó su comparecencia en el salón de tapices de La Moncloa, habitual tras el último Consejo de Ministros del curso político, con un recuerdo a los heridos en el accidente de Cercanías en Barcelona. El presidente confirmó que había llamado a primera hora a Carles Puigdemont para ponerse a su disposición y ofrecerle una colaboración «leal y plena» tras el accidente. El presidente explicó después que en la conversación, que Puigdemont agradeció a través de las redes sociales, hablaron exclusivamente de los heridos y el incidente, y no hubo ninguna invitación a reuniones futuras.
El diálogo al más alto nivel sobre otras cuestiones no existe en este momento. Rajoy ha comprobado por sí mismo que lo único que interesa a Puigdemont es celebrar un referéndum ilegal el 1 de octubre, y nada más. Y en ese contexto el presidente no está por malgastar energías ni tiempo. El objetivo del Gobierno es impedir esa consulta ilegal, y en ello centra sus esfuerzos, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos principalmente, como explicó el presidente.
Con el recurso acordado ayer en el Consejo de Ministros, avalado por el Consejo de Estado, el Gobierno «cumple con su obligación de velar por la legalidad», defendiendo a la vez a las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que «no pueden ser utilizados al servicio de una actuación abiertamente contraria al derecho», según explicó Rajoy. El presidente subrayó que la sociedad catalana «necesita que se les proteja de un proyecto radical y divisivo, que se intenta imponer a las bravas».
Suspensión automática
En el recurso, y en línea con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, el Gobierno considera que la reforma del Reglamento del Parlamento autonómico catalán supone «una quiebra del derecho de participación política en la medida en que está eliminando la facultad de la minoría de presentar enmiendas a los textos de las proposiciones de ley promovidas por la propia mayoría, siendo la presentación de enmiendas contenido esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española».
En este recurso se invoca de forma expresa el artículo 161.2 de la Constitución, con el fin de que se produzca la suspensión de los preceptos que se impugnan. El pleno del TC se reunirá este próximo lunes, a las 17.30 horas, para estudiar el recurso del Gobierno, por lo que la reforma del Reglamento podría quedar anulada de forma automática.
Cataluña fue el primer punto del balance de Rajoy, lo que más le preocupa en este momento, y lo único que ensombrece la fotografía actual de España que mostró el presidente ante los medios en La Moncloa, y donde se reflejó una España floreciente que crece al 3 por ciento, a la cabeza de las primeras potencias mundiales, que es capaz de llegar a los 20 millones de trabajadores antes de 2020 y que puede tener estabilidad política hasta el final de legislatura, pese a la dificultad inicial para alcanzar acuerdos.
La preocupación de Rajoy por la situación en Cataluña es compatible con su seguridad al reiterar, una vez más, que «no habrá referéndum el 1 de octubre», sobre todo porque el Tribunal Constitucional «ha dicho claramente que es inconstitucional y por tanto ilegal, y porque va directamente contra la propia arquitectura constitucional que ha dado a Cataluña el mayor nivel de autogobierno de toda su historia».
Rajoy envió un mensaje a los independentistas: en un país democrático y civilizado no cabe la «desobediencia y saltarse la ley». «Es una muestra de radicalismo y una exageración y por eso cada vez salen más voces diciendo que cumpla la legalidad». Así, resaltó el mensaje de la patronal catalana, que calificó de «golpe de Estado jurídico» la ley del referéndum que impulsan los secesionistas. En su opinión, es un «mensaje noble, honorable y valiente que debería ser atendido».
Rajoy está en contacto con los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, para informarles de la situación y de las decisiones que va tomando el Ejecutivo. En el día a día, la comunicación entre el Gobierno y los partidos constitucionalistas corresponde a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien tiene como interlocutores a Patxi López, en el PSOE, y a José Manuel Villegas e Inés Arrimadas, en Ciudadanos.
Aproximación al PSOE
En La Moncloa no hay ninguna duda de que el PSOE estará al lado del Gobierno para frenar el referéndum ilegal, aunque Sánchez intente marcar distancias con iniciativas políticas con las que trata de apaciguar a los independentistas. Rajoy aseguró que ya ha tenido alguna «aproximación» con sus interlocutores constitucionalistas sobre lo que hay que hacer después del 1 de octubre, que es la siguiente fase que preocupa al Gobierno.
Una vez frenado el referéndum, el objetivo marcado en La Moncloa es «recuperar la normalidad» en Cataluña, algo en lo que coinciden con los socialistas y con Ciudadanos. Rajoy cree que hará falta mesura y serenidad, porque la sociedad catalana no se puede permitir otros cuatro o cinco años con un Gobierno autonómico que amenaza con desobedecer la ley y con desafiar al Estado de Derecho.
El presidente evitó pronunciarse sobre la conveniencia de un adelanto de las elecciones autonómicas catalanas, como posible salida a la situación actual, cuando la organización del referéndum de autodeterminación fracase de forma definitiva. Recordó que convocar esos comicios es competencia del presidente autonómico. «Si quiere convocar elecciones, puede hacerlo; si quiere liquidar la ley, no puede hacerlo», concluyó.
RAJOY SUEÑA O PIENSA QUE HABLA PARA IGNORANTES, NUNCA SE VA RECUPERAR AL NORMALIDA POR LAS BUENAS SI NO SE APLICA LA LEY CON TODOS LOS MECANISMO QUE LA ASISTEN .
No hay comentarios:
Publicar un comentario