Carles Puigdemont comunica el día y la pregunta del referéndum de independencia de Cataluña
La triple ruptura.
Puigdemont desafía la ley democrática con un referéndum secesionista y republicano.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer (flanqueado por su vicepresidente, Oriol Junqueras) la fecha del referéndum ilegal (1 de octubre) y la pregunta, que inquiere a los catalanes si desean “un Estado independiente en forma de República”.
La fecha llega con cinco meses de retraso inexplicado sobre lo prometido, que no se debe a la atención prestada por el Govern a otras tareas: está desde hace tiempo dedicado casi al 100% a salvar el tambaleante procés soberanista. Y la pregunta implica una ruptura triple: la del Estado constitucional, la de la forma de ese Estado y la de la Generalitat estatutaria. Puigdemont se negó a rectificar in extremis y asume así, en comandita con Junqueras, la responsabilidad clave de esa falsa, grave y disruptiva salida a la cuestión catalana.
Conviene que nadie se engañe sobre neutralidades y equidistancias. Aunque el PP demostró su hostilidad oponiéndose al Estatut de 2006, la superior gravedad de los últimos pasos es enteramente atribuible al Gobierno catalán y sus epígonos. No es lo mismo atenerse a la ley democrática (aunque sea sin iniciativas políticas adicionales) que vulnerarla.
El preanuncio del anuncio de la convocatoria se hizo con esa solemnidad —algo fatua y desacorde con la tradicional sobriedad catalana— que se intenta imprimir a todos los eventos del procés. Pero no asistió nadie más allá de los alicaídos diputados de Junts pel Sí y la CUP. Y tres manifestantes en la colindante plaza de Sant Jaume.
Fue así una celebración asténica e inocua, de efectos de momento inanes, salvo las imágenes propagandísticas: lo buscado. La sorprendente inclinación de la Generalitat a no dejar traza escrita de sus actos más polémicos, por incalificable astucia o reprobable fraude de ley, impidió que el Govern hiciera lo que debe: gobernar, administrar, gestionar. Así que los líderes secesionistas desnaturalizan a la principal instancia ejecutiva de Cataluña, en beneficio exclusivo del agit-prop. Algo de lo que algún día deberían responder ante los catalanes.
La retórica propagandística resultó huera, como es costumbre en estos fastos. Puigdemont lamentó con alguna razón los siete años de pasividad gubernamental transcurridos desde la sentencia que restringió el Estatut; pero no entonó autocríticas por la esterilidad de su Gobierno y el precedente, que no han cosechado (a diferencia del PNV y el Ejecutivo vasco en financiación y AVE) ningún resultado en un lustro de movilización. Debeló las negativas a sus ofertas de diálogo, pero obviando que estas no son genuinas, al ir generalmente acompañadas de ultimatos, cartas marcadas y callejones sin salida posible.
La apelación a que se está llegando al final de la legislatura (catalana) y el lamento de Junqueras por las ocasiones (aludió a 18) en que Cataluña ha obtenido la callada por respuesta pespuntean quizá un acto fallido. Conformado por la soledad de los protagonistas, su decreciente apoyo social y la insinuación de una demanda de alivio —el que fuera— al Gobierno, como excusa para cambiar de estrategia. Pero si eso fuese así, de nuevo iría flanqueado por la política de hechos (o de perversos anuncios) consumados, del todo inaceptable.
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