Monasterio de Vilanueva de Sijena
Las monjas de Sijena ocultaron el paradero de 23 piezas.
La sanción por no informar del destino de los bienes catalogados puede sumar 138.000 euros. Una cuna apareció en una subasta.
El caso Sijena, que enfrenta a Cataluña y Aragón en un litigio por unas pinturas murales románicas y 97 bienes del monasterio oscense de Santa María de Sijena que se conservan en la comunidad vecina, tiene un nuevo capítulo. Se trata ahora de otro lote de 23 piezas catalogadas por la Generalitat cuyo paradero se desconoce desde 1993 porque las monjas que las custodiaban no dan información sobre ello. Las religiosas pueden enfrentarse a una multa de 138.000 euros por esa razón.
Con este nuevo lote son, al menos, 120 las piezas que las monjas sacaron en 1970 del monasterio de Huesca y llevaron con ellas hasta Cataluña. Al cabo de unos años, en 1983 y 1992, vendieron 97 de las obras y adornos de aquel monasterio a la Generalitat, que acabaron depositadas en el Museo de Lleida y en 1994 al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Todas, por casi 300.000 euros.
Una reciente sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca obligó a devolver a Aragón esas piezas y Cataluña ya ha entregado 53. Pero otras 44, consideradas las más destacadas, siguen expuestas en Lleida, pese a que la juez puede enviar a la policía a recogerlas y trasladarlas a Aragón a partir de este jueves, día en que se retoma la actividad judicial tras el mes de agosto.
A principios de los setenta, cuando las monjas llegaron a Cataluña, dejaron las piezas “para su custodia” en los museos de arte municipales de Barcelona con un acuerdo, firmado por la priora del monasterio, Angelita Opi, y el director de los museos, Joan Ainaud Lasarte, que permitía recuperarlas en cualquier momento. Esas 23 piezas, ahora en paradero desconocido, las reclamaron las monjas al museo en 1993 alegando razones sentimentales. La Generalitat cumplió y se las entregó, pero antes las catalogó como bienes culturales, una protección que obliga a informar del destino y situación en el que se encuentran las piezas, algo que ahora se desconoce, como aseguran en la Generalitat, a pesar de que el convento donde estaban se clausuró en 2007 y la Administración no ha intervenido desde entonces.
Una falta así puede suponer, según la Ley de Patrimonio, una sanción de hasta de 6.000 euros por cada pieza; sumadas todas, la cifra ascendería a 138.000 euros que deberían abonar las monjas si la Generalitat pone en marcha el proceso sancionador. Pero solo dicen: “Estamos estudiando el tema y la situación de las piezas y lo que ha pasado. Luego se tomará una decisión”.
No es este el único caso en el que objetos que pertenecen a patrimonio nacional o que están catalogados están en manos privadas. Entre los objetos recuperados por las monjas, según la relación a la que ha tenido EL PAÍS, había seis relicarios, uno de ellos con restos que pertenecen, según los católicos, a la cruz de Jesucristo, y otro de San Juan Bautista; dos portapaces de plata, uno con el Buen Pastor y dos ángeles y otro con un crucifijo, dos cajitas eucarísticas, tres platos de cerámica, dos cucharas, un jarro, una tapa de libro, un niño Jesús de marfil, su cuna y varios elementos de un pesebre de plata.
En la base de datos de la Generalitat consta que la entrega se hizo en marzo de 1993 a las monjas que residían en la calle Santjoanistes de Sant Cugat (Barcelona). Y desde entonces no se ha sabido nada más de ellas hasta que a comienzos de este año apareció en una subasta la ya famosa cuna de Sijena, que se vendía con un precio de salida de 10.000 a 12.000 euros. Para calibrar su importancia se aseguraba que la cuna estaba catalogada. Eso puso en alerta al Departamento de Cultura que mandó a los Mossos para que la retiraran de la venta, al no haberse notificado, tal y como establece la Ley de Patrimonio, que iba a cambiar de destino. Desde julio, la cuna está en posesión del Gobierno de Aragón (depositada en el Museo de Zaragoza) tras enviar en enero pasado un juez de Huesca a la policía judicial al domicilio barcelonés de sus dueños y llevársela, sin notificarlo a la Generalitat, algo que motivó la queja formal del consejero de Cultura, Santi Vila, al Ministerio del Interior, que aún no ha dado respuesta.
Más irregularidades
La cuna es la muestra de las irregularidades en que han incurrido las monjas de Sijena. Según las leyes de patrimonio, el poseedor de un bien catalogado debe de notificar a la Administración los actos jurídicos, los traslados y el cambio de propiedad que afecten a estos bienes. Las sanjuanistas no informaron de la salida de las piezas en 1970 desde el monasterio, ni de su venta en 1983, 1992 y 1994. Por eso, estas monjas eran parte demandada por el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Sijena en el juicio que ha acabado obligando a Cataluña a devolver las 97 piezas. Aunque, finalmente, la jueza las exculpa.
Las monjas tampoco informaron a la Generalitat de que la cuna, y posiblemente todos los bienes entregados en 1993, había pasado a manos de Pilar Alcalde Bretón (madre de la persona que intentó subastarla), como agradecimiento, dijeron, por haberlas ayudado económicamente, o sea, a cambio de dinero. Sí consta en la base de datos de la Consejería de Cultura que Alcalde Bretón comunicó en 2001 (tal y como exige la ley) que la cuna, el niño Jesús y dos candelabros viajarían a Madrid para participar en una exposición de belenes españoles que organizaba la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
“Nada que decir al respecto”
Una de las incógnitas que planean sobre este asunto es si algunas de estas 23 piezas viajaron al convento que la orden tiene en Salinas de Añana, Álava, donde reside Virginia Calatayud, la superiora o presidenta federal de la orden, ya que María Antonia Doz Eri y Josefa Avellanas Ducons, las dos últimas monjas de Sijena que vivían en Valldoreix fallecieron en 1998 y 2000, respectivamente.
La superiora Calatayud declaró en el juicio de las pinturas murales que el convento que dirige en Añana es el heredero del de Sijena y que quieren levantar el depósito que hicieron en el MNAC de las pinturas. Por eso han cedido al Gobierno de Aragón las acciones legales para su recuperación. Calatayud ayer, tras la llamada de este diario, se limitó a responder: “No tengo que decir nada al respecto”. Y colgó.
Y ESO QUE MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO.HAN PECADO.
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