El Gobierno central estudia recurrir las 'embajadas' catalanas en Roma y Viena
Margallo sostiene que estas oficinas de la Generalitat son para "alentar el proceso secesionista
El titular de Exterior anuncia que también se está analizando la ley catalana de acción exterior.
El Gobierno central estudia recurrir por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Constitucional la apertura de 'embajadas' catalanas en Roma y en Viena y está analizando también la constitucionalidad de la ley catalana de acción exterior, según ha anunciado este miércoles en una entrevista en Antena 3 el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Margallo ha considerado que esas oficinas "van en contra de la ley (española) de acción exterior" y ha avisado de que futuras aperturas pueden correr la misma suerte. El Govern tiene previsto abrir medio centenar más en los próximos meses y años. Según ha explicado el ministro, el Ejecutivo catalán debe informar a Exteriores para ver si la apertura es "coherente con la política exterior española" y a Hacienda para que diga "si hay una solución más barata o más eficiente", como instalarse en las dependencias de la embajada de España.
El ministro ha puesto en duda que las 'embajadas' de la Generalitat sean para impulsar la lengua o la cultura catalanas, algo que podría hacerse en colaboración con las embajadas de España. Más bien, ha considerado, son para "alentar el proceso secesionista". "Es obvio que eso no lo pueden hacer desde una embajada española, yo no lo toleraría", ha remachado.
Además, ha insistido Margallo, los intereses de Catalunya ya los defienden las embajadas españolas ayudando a empresas con licitaciones o en caso de problemas, concediendo visados o impulsando la lengua mediante colaboraciones con los institutos Cervantes y Ramon Llull. Y ha añadido que el dinero que se destina a la apertura de estas oficinas deja de estar disponible para educación, sanidad y otros servicios sociales.
En el caso de la ley catalana de acción exterior, aprobada por el Parlament el pasado 26 de noviembre y publicada en el DOGC el 11 de diciembre, ha recordado que el Gobierno tiene tres meses para recurrirla al Constitucional desde su publicación.
LA AUTONMÍAS NO PUEDNE GASTAR TANRO DINERO PÚBLICO EN CAPRICHOS FUERA DE LA CONSTITUCIÓN, CUANDO SE RECORTA EN SANIDAD Y EDUCACIÓN Y SE FRIE AL CIUDADANO CON CUANTIOSOS IMPUESTOS ESTO SE TIENE QUE ACABAR DE ALGUNA FORMA ES INSOPORTABLE ESTA IMPUNIDAD.
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