El juez procesa a 18 personas por la financiación ilegal del PP valenciano
El magistrado cree que constructores pagaron parte de las campañas de 2007 y 2008.
El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha procesado este lunes a 18 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, falsedad documental y delitos fiscales. Entre los procesados figuran el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el exsecretario general de la formación Ricardo Costa, la actual gerente, Cristina Ibáñez, así como el exvicesecretario de organización David Serra y la extesorera Yolanda García.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ha dejado finalmente fuera de la causa al extesorero nacional Luis Bárcenas, ha procesado igualmente a los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como a una decena de empresarios del sector de la construcción que presuntamente hicieron aportaciones irregulares.
En este último grupo se encuentran, entre otros, el constructor Enrique Ortiz, implicado también en el caso Brugal; Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, contra el que se abrió hace unos días otro juicio por delito fiscal junto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas, y Rafael Martínez Berna, exresponsable de la patronal de Alicante.
El juez Ceres ha centrado la investigación en las campañas electorales de los años 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana. En aquel momento el presidente de la Generalitat y del PP regional era Francisco Camps, que no ha llegado a estar imputado por los hechos. El magistrado aprecia también indicios de la comisión de supuestos delitos fiscales, que atribuye indiciariamente a los cabecillas de la red Gürtel.
El auto de 217 páginas avala las principales conclusiones que la policía y la Fiscalía Anticorrupción han mantenido desde hace cinco años. Según éstas, empresarios del sector de la construcción y la obra pública, que eran adjudicatarios de la Generalitat, abonaron gastos de actos electorales en las campañas de los comicios autonómicos y locales de 2007 y las generales de 2008. Unos actos que montaban empresas del grupo de Correa. Para enmascarar tales pagos, los empresarios habrían emitido facturas por conceptos falsos a las sociedades de la red.
Las pesquisas han descubierto, sin embargo, que las cuentas globales de los populares valencianos durante esos años eran aparentemente falsas. Y que el partido pagó presuntamente cerca de 3,5 millones de euros en 2007 y 2008 en dinero negro o valiéndose de donaciones prohibidas.
Los partidos han planteado ampliar el alcance del delito electoral en la reforma del Código Penal. En el momento en que supuestamente se cometieron las infracciones en este caso, sin embargo, el delito estaba limitado a la “financiación irregular” cometida “en campañas electorales”, recuerda el juez Ceres. Las “presuntas irregularidades de gastos e ingresos” detectados fuera del “estricto periodo electoral” en los ejercicios investigados (2007 y 2008), también revisten para el magistrado carácter delictivo, pero bajo la figura de la falsedad.
Estas tres piezas separadas del caso Gürtel, una por cada año investigado y otra por los supuestos delitos fiscales, queda ahora a la espera de que las partes presenten sus escritos de calificación y pidan la apertura o no de juicio contra los acusados.
VAYA PARTIDO DE CORRUPTOS Y LA CAROTA DE COSPEDAL DICE QUE LA CORRUPCIÓN ES DE TODOS.
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