Artur Mas, rodeado de regidores, el pasado día 4, en un acto de apoyo al 9-N en el Palau de la Generalitat
Mas presiona por correo electrónico a 700 alcaldes para que cuaje el 9-N
La Generalitat intenta evitar una impugnación eludiendo una orden administrativa.
La Generalitat está desplegando en los últimos días todos sus recursos para conseguir que los alcaldes de Cataluña le cedan locales municipales en los que instalar las urnas el 9 de noviembre y lograr que el sucedáneo de consulta sea un éxito. Los 700 regidores de los municipios menos poblados de Cataluña han recibido desde el viernes pasado correos electrónicos y llamadas telefónicas de diversos cargos del Gobierno catalán en los que se les reclama, de manera más o menos imperativa, que faciliten la relación de esos locales y las personas que se harán cargo de ellos.
Son, en todos los casos, correos electrónicos y llamadas telefónicas que no constituyen ningún acto administrativo y que, por tanto, no son susceptibles de ser recurridos ante los tribunales por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, según el Departamento de Gobernación de la Generalitat. Desde que el presidente Artur Mas anunciara que cambiaba la consulta inicialmente prevista por un “proceso participativo”, la Generalitat ha insistido en que todos los trámites los hará evitando en la medida de lo posible ponerlos por escrito. Con ello espera ponerle “muy difícil” al Gobierno el recurso ante el Tribunal Constitucional. La consulta original, que sí había sido convocada oficialmente con un decreto firmado por Mas, fue impugnada por el Ejecutivo de Rajoy y suspendida automáticamente por el tribunal el pasado 29 de septiembre.
El inmenso poder territorial que CiU y, en menor medida, ERC tienen en los municipios ha facilitado la labor. En la mayor parte de las localidades los alcaldes son firmes partidarios de la consulta y han apostado por colaborar, pese a las advertencias en contra que ha lanzado la Delegación del Gobierno en Cataluña. En otros municipios, especialmente los del PSC o aquellos donde el ayuntamiento tiene poca capacidad de organización por su reducido tamaño, las presiones para garantizar la colaboración han sido constantes en los últimos días.
En Cataluña hay 947 municipios y solo en 251 hay institutos públicos. Se trata de las ciudades más pobladas de Cataluña y en ellas la Generalitat, como titular de los centros, podrá habilitar las mesas electorales sin necesidad de reclamar la colaboración de los ayuntamientos. Pero quedan otros 696 pueblos de menos de 5.000 habitantes en los que, si los ayuntamientos no colaboran cediendo sus locales, no se podría celebrar la consulta.
La insistencia de la Generalitat en reclamar la colaboración de los alcaldes desde el pasado fin de semana ha surtido sus efectos, de manera que ayer solo quedaban cinco municipios que se habían negado a ceder sus instalaciones. La presión se inició el pasado viernes, cuando los siete delegados territoriales del Gobierno catalán enviaron un correo electrónico a los alcaldes de su zona con un formulario en el que tenían que detallar el nombre del equipamiento municipal que cedían a la Generalitat, la dirección y el número máximo de mesas electorales que podría acoger; también la identidad, DNI, teléfono móvil y correo electrónico de la persona designada por el ayuntamiento para realizar funciones de “coordinador local” en la consulta y al que se le exige que se inscriba como voluntario.
El formulario era idéntico en todos los casos y se detallaba que el plazo para devolverlo expiraba el pasado lunes a las dos de la tarde. Sin embargo, la carta de presentación que cada uno de los siete delegados de la Generalitat dirige a los alcaldes es distinta en cada caso y emplean un tono muy diferente, llegando a ser conminatorio en algún caso. Así, el delegado territorial de la Generalitat en Barcelona, Fernando Brea, envía el formulario a los alcaldes con este comentario: “Para que nos lo devolváis [...] al efecto de saber qué equipamientos municipales podéis poner a disposición”. La carta apremia a los alcaldes a responder en el plazo previsto, agradece la colaboración del alcalde y facilita los teléfonos móviles del responsable de la oficina del delegado y del secretario de la delegación para cualquier aclaración.
La ayuda a los ediles es básica en aquellos municipios en los que el Gobierno catalán no tiene locales propios
Más prudente es el delegado territorial de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré, quien explica a los alcaldes que envía la carta para que respondan a la vicepresidencia de la Generalitat: “Si así lo decidís de manera libre y voluntaria”, señala. En el mismo tono menos conminatorio, el delegado de la Generalitat en la Cataluña Central, Juli Gendrau, pide a los alcaldes que rellenen el formulario y lo retornen: “En el caso de que consideréis vuestra participación”, dice. La inmensa mayoría de los alcaldes han tomado la decisión de participar en la consulta a pesar de que la Delegación del Gobierno en Cataluña sigue de cerca todos sus movimientos.
Mientras tanto, los partidos favorables a la consulta ya preparan la campaña electoral, que oficialmente ha tomado el nombre de “proceso deliberativo”. Comenzará el 30 de octubre y acabará el 8 de noviembre, víspera de la votación. Convergència Democràtica decidió ayer que Artur Mas participe solo en los actos para fomentar la participación y no para defender el sí a la independencia. Lo hacen, aseguran, para “preservar” la figura del presidente de la Generalitat. ERC, en cambio, admitió que enfocará la campaña de la consulta como una “primera vuelta” de las autonómicas.
Se buscan profesores voluntarios
El departamento de Enseñanza catalán se reunió ayer con los cuatro sindicatos de maestros (CC OO, UGT, ASPECPC y USTEC) para informarles verbalmente del desarrollo del proceso participativo del 9-N. Unos 251 institutos de titularidad autonómica serán colegios electorales y es necesario habilitarlos y dotarlos de voluntarios. Los sindicatos piden que las órdenes a los docentes se den por escrito, pero el departamento se resiste.
Cualquier impreso puede ser utilizado por el Gobierno central para frenar la consulta. Algunos directores, además, temen sufrir problemas legales como funcionarios si colaboran con la logística. La Generalitat insiste en que todo se hará con voluntarios y, de hecho, desde el pasado miércoles está en marcha un registro especial para “voluntarios de equipamientos”. Hasta ayer se habían registrado 2.200 personas, entre profesores, miembros de equipos directivos y padres de alumnos. Todos ellos han de aportar el código del centro o la petición de que se asigne uno según su disponibilidad.
Varios de los asistentes a la reunión explicaron que el Gobierno catalán ya cuenta con voluntarios para el 93% de los centros, dato que la Generalitat no confirma. Los institutos que no logren voluntarios entre la comunidad educativa tendrán otro protocolo. Sus directores deberán entregar las llaves al responsable de los servicios territoriales de Enseñanza, después de certificar esa entrega, explicó Joan Puntí, de UGT.
Los institutos ya cuentan con un seguro. Sin embargo, el departamento de Gobernación aclaró que habrá una póliza de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas que participen en el dispositivo.
ESTE DESMADRE NO LO PARA NADIE EN ESPAÑA LA LEY NOS LAS CUMPLEN NADA MÁS QUE LOS POBRES.
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