Montero se salta las reglas y no reúne a las regiones en 16 meses por primera vez en décadas
La ministra incumple su promesa de convocar el Consejo de Política Fiscal en 2019, lo que ha generado malestar entre las CC.AA. El reglamento dicta que se debe convocar al menos dos veces al año.
Las comunidades autónomas llevan más de 16 meses sin reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que regiones y Gobierno dirimen cuestiones de financiación y estabilidad presupuestaria. Una situación inédita en las últimas décadas que ha creado malestar entre las regiones contactadas por ABC, que recuerdan que la ministra Montero comunicó tanto en público como por escrito a algunas de ellas su voluntad de reunir este órgano antes de que acabara el año.
La ministra anunció en agosto que su intención era reunir a los consejeros de Hacienda autonómicos «antes de final de año» para abundar, más tarde en octubre, que la reunión se produciría «cuando pasen las elecciones y el Gobierno esté, o bien constituido o en vías de constitución». El propio reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera obliga a ello, al señalar en su artículo 6 que «el Consejo habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año».
Como el plazo del Ministerio para convocar a las comunidades es de 72 horas, este venció el pasado viernes. Fuentes autonómicas señalan que no se ha recibido ninguna comunicación desde Hacienda, lo que aboca a que 2019 será un año en el que no habrá habido ninguna reunión de este órgano pese a lo prometido por la propia Montero. Según los registros, hacía tres décadas que no pasaba un año sin una reunión del Consejo, organismo que nace del Estado autonómico en 1980, básico para el modelo de financiación y que desde su creación ha mantenido 102 reuniones, a una media de 2,7 encuentros cada año.
Fuentes autonómicas achacan la decisión del Ejecutivo «al intento de acallar las críticas de algunas comunidades autónomas». Máxime cuando la propia Montero señaló que iba a convocar el Consejo de Política Fiscal para resolver el problema de las entregas a cuentas pendientes, cuestión que ha enfrentado a las regiones y al Ministerio este año.
Hacienda aprobó repartir 4.700 millones de euros en entregas a cuenta pendientes a las comunidades en octubre, después de que la Abogacía del Estado dijera primero que no podía hacerlo en funciones y que después rectificara su dictamen, ante la presión de Cataluña y las comunidades del PP. Estas entregas a cuenta actualizaban las que contenían los Presupuestos prorrogados de 2018, con las previsiones de ingresos de impuestos repartidos entre Estado y comunidades, lo que permitía a las regiones disfrutar del aumento de la recaudación en impuestos compartidos como IRPF, IVA o Especiales.
No obstante, las comunidades aún reclaman otros 2.500 millones procedentes de la liquidación del IVA de 2017, que se ha hecho en 2019 -se reparte a dos años vista-, ya que dejaba a las regiones sin un mes de recaudación del IVA de hace dos años. Ello se debió a que en 2017 el ministro Cristóbal Montoro aprobó un sistema informatizado de declaración del IVA que provocó este efecto sobre los ingresos de las comunidades. Montero incluyó un cambio legal en el proyecto de Presupuestos de 2019 para resolver este entuerto pero, al tumbarlos el Congreso de los Diputados, la solución quedó inactiva y las regiones se quedaron sin estos recursos.
Ahora las comunidades reclaman estos 2.500 millones y varias regiones como Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla y León han exigido al ministerio de Hacienda convocar el Consejo de Política Fiscal para ello. «Resulta incomprensible que, ante la situación totalmente excepcional que han tenido que afrontar las comunidades autónomas por los impagos del Gobierno central con la actualización de las entregas a cuenta y con la mensualidad del IVA de 2017, el Gobierno mantenga bloqueado este organismo de coordinación desde hace meses», protestan desde una comunidad autónoma.
Gobierno en funciones
Hacienda achaca la no convocatoria del Consejo a la parálisis política. «Ha sido un año excepcional, ojalá haya pronto gobierno y se retomen los calendarios y procesos habituales», responden desde el Ministerio. Sin embargo, un Gobierno en funciones puede convocar un Consejo de Política Fiscal: así lo hizo el exministro Cristóbal Montoro en dos ocasiones en abril de 2016, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy estuvo nueve meses sin plenos poderes. Ese año el Consejo se reunió cuatro veces.
El enfado es mayor entre las comunidades del PP. El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, acusa a Montero de «menosprecio institucional» al «incumplir el mandato de convocar obligatoriamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera a lo largo de este año». El reglamento también prevé la convocatoria si un tercio de los miembros del Consejo de Política Fiscal lo piden.
El otro punto pendiente de aprobar por parte del Consejo, como admitió la propia Montero hace meses, son los planes económico-financieros de las comunidades autónomas, ya que la Ley de Estabilidad obliga a que pase por dicho órgano, que reúne a la ministra de Hacienda con consejeros del ramo de las comunidades. La última reunión de este órgano fue telemática el 22 de agosto de 2018, mientras que de manera presencial no se ha producido desde el 31 de julio de 2018, reunión en la que Cataluña dejó su silla vacía.
La situación del Consejo, clave para encauzar la financiación autonómica y la reducción del déficit, contrasta con la andanada de llamadas telefónicas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo hace unos días con los mandatarios autonómicos para comunicarles su intención de formar Ejecutivo, entre ellos el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en plena negociación con los independentistas para asegurar la investidura.
HAN PERDIDO LA POCA DECENCIA
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