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jueves, 19 de noviembre de 2026

¿NO SE ESTÁ UTILIZANDO LA COMISIÓN PERMANENTE COMO PROPAGANDA ELECTORAL ?

 Los anuncios de subidas, compromisos y decisiones de gran trascendencia social en periodo electoral obligan a reflexionar sobre el uso de las instituciones públicas y la igualdad de oportunidades entre partidos.

Hay motivos más que suficientes para planteárselo. En pleno periodo electoral, Pedro continúa anunciando subidas, compromisos y medidas desde la Diputación Permanente, utilizando la actividad de un órgano institucional como plataforma para dar visibilidad a decisiones que pueden tener un importante rendimiento electoral.

Conviene aclarar algo desde el principio: no se trata de cuestionar si determinadas subidas son justas, necesarias o merecidas, ni de negar que deban llevarse a cabo. Si son compromisos necesarios, deberán materializarse con independencia de quién gane las elecciones.

La cuestión es otra: ¿por qué se utiliza precisamente este periodo electoral y la Diputación Permanente para anunciar y proyectar estas decisiones? ¿Es ese el cometido de un órgano concebido para garantizar la continuidad parlamentaria y atender asuntos que no pueden esperar?

Pero la reflexión debe ir más allá. También preocupa la utilización electoral de decisiones de enorme trascendencia para el futuro del país, como las políticas de nacionalidad y los compromisos relacionados con la inmigración.

Conceder la nacionalidad no es un simple trámite administrativo ni una decisión sin consecuencias. Supone reconocer derechos, incorporar nuevos ciudadanos a la comunidad política y, cuando se cumplen los requisitos electorales, reconocerles también el derecho a participar en las decisiones democráticas habiendo nacido fuera, viviendo fuera, trabajando fuera y pagando sus impuestos fuera, no aquí, ¿con qué legitimidad pretenden decidir quién debe gestionar nuestros impuestos?

Elegir a quienes administran el dinero público debe corresponder a quienes contribuimos a las arcas públicas. A quienes pagamos impuestos aquí, no a quienes no han aportado ni un solo euro ni tienen intención de hacerlo.

Quien no contribuye, no debería decidir por quienes sí lo hacen.

Por eso, resulta legítimo exigir explicaciones sobre los criterios, el alcance y las consecuencias de estas políticas. No se puede convertir una cuestión tan importante en un instrumento de oportunidad electoral, ni ignorar el debate sobre la representación democrática, la integración y la sostenibilidad de los servicios públicos.

La igualdad de oportunidades entre partidos también exige que las instituciones públicas no se conviertan en plataformas de promoción partidista. No es lo mismo ejercer responsabilidades de gobierno que aprovechar los recursos y la visibilidad institucional para construir un discurso electoral.

Las instituciones son de todos. Las decisiones que comprometen nuestro futuro también deberían tomarse pensando en todos, y no en el calendario electoral de quienes gobiernan.

Lo que es justo y necesario no debería depender de unas elecciones. Y lo que afecta al futuro de un país merece algo más que anuncios de campaña: merece debate, responsabilidad y transparencia.

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