El Gobierno rinde cuentas a la carta

Las fronteras de España no pueden quedar sometidas a la improvisación ni sus ciudadanos abandonados a la espera de que una crisis desaparezca de los titulares

Casi un mes después de que decenas de miles de marroquíes cruzaran ilegalmente la frontera de Ceuta y asaltaran el territorio español, creando un problema que aún no se ha resuelto, la ministra de Defensa comparecerá hoy en el Congreso para dar explicaciones. Lo hará dentro de un esquema de protección partidista que revela hasta qué punto el Gobierno se esconde y menosprecia las instituciones que no controla. Robles y otros tres miembros del Gobierno –el de Interior, el de Exteriores y el de Justicia– fueron requeridos por la Cámara Alta para explicar una de las crisis más graves y urgentes que ha vivido España en los últimos tiempos. El Ejecutivo se negó a que comparecieran en el Senado y decidió concentrar sus explicaciones en el Congreso. Salvo en el caso de Robles, que alegó problemas de agenda, tanto Bolaños como Marlaska y Albares no acudieron a la Cámara Alta.

La explicación oficial fue que no tenía sentido duplicar las comparecencias en las dos cámaras. Es difícil, sin embargo, no pensar que detrás de esa decisión existe también un evidente deseo de proteger a sus ministros de un clima parlamentario más incómodo. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, es un escenario más adverso para el Ejecutivo que el Congreso, donde Sánchez a duras penas conserva una mayoría parlamentaria gracias al apoyo de sus socios. En segundo lugar, estamos ante un inaceptable menosprecio de una institución fundamental del Estado. Han sido continuas las declaraciones de miembros del Ejecutivo destinadas a restar importancia al Senado y a cuestionar su papel en el sistema constitucional. Conviene recordar principios tan elementales del Estado de derecho como que la soberanía nacional reside en el pueblo español y se ejerce a través de las Cortes, integradas por el Congreso y el Senado. Ninguna mayoría parlamentaria puede convertir a una de las Cámaras en una institución de segunda categoría porque su composición resulte incómoda para el Gobierno.

Lo sucedido con Ceuta es mucho más que un episodio de política migratoria. La entrada masiva por la frontera del Tarajal ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante concepción del poder según la cual las instituciones son respetables cuando sirven al Gobierno y prescindibles cuando lo controlan. Cuesta no pensar que Moncloa ha querido ganar tiempo, esperando que la crisis se diluyera por sí sola y que las explicaciones pudieran llegar cuando la marea hubiera bajado. La respuesta institucional llega tarde, cuando el problema que pretendía contenerse ya se ha enquistado. La desaparición de los ministros durante estas semanas no ha hecho desaparecer el problema. Al contrario: la situación en Ceuta se ha deteriorado y se han cronificado. Cada vez resultan más insostenibles las teorías de la pretendida normalidad que intentaron difundir miembros del Gobierno y sus terminales mediáticas. Los problemas de seguridad, convivencia y salud pública pesan cada día más sobre las calles de Ceuta. Sus habitantes tienen cada vez más dificultades para salir adelante y tienen más motivos para sentirse legítimamente desprotegidos por su propia nación. El Gobierno ha tratado de minimizar la dimensión política y diplomática de la crisis, sin que se alcance a comprender qué razones justifican esa cautela. El siguiente paso a dar por el sanchismo, tras negar la crisis, puede ser la transferencia de toda responsabilidad o negligencia en la invasión a otros agentes (oposición, CGPJ, sindicatos médicos, los ceutíes, etc.). Se trata de salvar la imagen del Ejecutivo sanchista... y de Marruecos, naturalmente.

Las fronteras de España no pueden quedar sometidas a la improvisación ni sus ciudadanos abandonados a la espera de que una crisis desaparezca de los titulares. Un Gobierno democrático tiene la obligación de explicar qué ocurrió, qué falló, quién tomó las decisiones y qué piensa hacer para arreglarlo y evitar que vuelva a ocurrir. Veinticinco días, el Gobierno empieza a rendir cuentas. Pero lo hace a su manera, en el lugar que considera menos incómodo y cuando considera que el desgaste puede ser menor.