Ceuta, entre la pachorra política y una realidad que ya nadie puede ocultar. Escuchar a Susana Díaz, senadora del PSOE, hablar de la crisis de Ceuta produce una sensación difícil de disimular: la pachorra de quien parece haber hecho de no mojarse una forma de hacer política.
Hoy dice que los ceutíes están agotados y que, ahora que los políticos regresan de vacaciones, deberían ponerse a solucionar el problema. Hay que tener desparpajo para decirlo cuando Ceuta lleva semanas soportando una situación excepcional y cuando el propio Gobierno ha tenido que convocar al Consejo de Seguridad Nacional 26 días después del estallido de la crisis.
¿De verdad era necesario esperar a que terminara el descanso estival para afrontar una emergencia de esta magnitud?
No estamos hablando de un problema menor. Hablamos de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados y unos 84.000 habitantes que se ha visto obligada a afrontar una llegada masiva de personas. Miles siguen allí, entre ellos alrededor de 2.900 menores, mientras los servicios policiales, judiciales y asistenciales están sometidos a una presión extraordinaria.
Y conviene no olvidar el contexto geopolítico. Marruecos mantiene históricamente reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Por eso España no puede permitirse abordar una crisis fronteriza de esta magnitud exclusivamente como una cuestión humanitaria. También es una cuestión de seguridad nacional, de control de fronteras y de relaciones con un país vecino.
La solidaridad no puede significar ausencia de Estado.
Nadie serio puede negar que una persona que llega huyendo de una situación terrible merece atención y protección. Pero tampoco se puede exigir a los ceutíes que acepten indefinidamente el deterioro de su seguridad, de sus calles, de sus negocios o de sus servicios públicos en nombre de una solidaridad que el Estado no acompaña con medios suficientes.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del discurso oficial: cuando los vecinos denuncian robos, inseguridad, conflictos o miedo, se corre el riesgo de acusarlos inmediatamente de insolidarios, xenófobos o inhumanos. Pero una cosa es rechazar a una persona por su origen y otra muy distinta reclamar que quien delinque responda ante la ley, sea cual sea su nacionalidad.
La realidad tampoco desaparece porque resulte incómoda.
Los juzgados de Ceuta están soportando una sobrecarga extraordinaria. Se han llegado a registrar alrededor de 200 denuncias diarias y el juez de guardia ha hablado de una media de una agresión sexual al día desde el comienzo de la crisis. El CGPJ ha reclamado refuerzos judiciales y más personal para hacer frente a la situación.
Y hay algo todavía más doloroso: entre las víctimas de violencia sexual hay menores migrantes. Al menos seis menores migrantes no acompañadas habían sido atendidas por agresiones sexuales en los primeros días de agosto, según informaciones publicadas entonces.
¿Dónde está entonces la ministra de Igualdad?
¿Dónde están los mismos dirigentes que convierten cualquier caso de violencia sexual en una bandera política cuando les interesa?
¿Dónde quedó aquella indignación institucional por el beso de Rubiales? ¿Dónde queda el discurso de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres cuando las víctimas no encajan cómodamente en el relato político?
Porque la igualdad no puede tener nacionalidad, ideología ni conveniencia electoral.
Si una mujer o una niña es víctima de una agresión sexual, la respuesta debe ser exactamente la misma. Siempre.
Y tampoco es aceptable convertir cualquier denuncia sobre delincuencia en una acusación automática de xenofobia. Precisamente porque proteger a los inmigrantes también significa protegerlos de quienes puedan agredirlos, explotarlos o utilizarlos. La ley debe aplicarse a todos por igual. Vean lo que hay dentro de esos miles que acabarán repartiendo por toda la península: lo mejor de cada casa, en vez de repatriarlos de inmediato. Si la ley no lo permite, se cambia. Europa ya habló.
Lo contrario es hipocresía.
Y en medio de todo esto aparece Susana Díaz, que pide ahora que los políticos vuelvan de vacaciones y se pongan a trabajar. Una afirmación que resulta especialmente llamativa si se recuerda su propia trayectoria política y aquel Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016, celebrado en Ferraz.
Aquella jornada terminó con Pedro Sánchez fuera de la Secretaría General del PSOE después de horas de enfrentamiento, gritos, abucheos y una batalla interna que llegó a un punto de enorme tensión. Años después, nuevas imágenes y grabaciones han vuelto a poner sobre la mesa aquel episodio y las acusaciones de un intento de "pucherazo".
Susana Díaz ha dicho que no quiere mirar atrás, que fueron años muy duros y que recordar aquellos acontecimientos le hace daño. Es comprensible que quiera pasar página. Pero también es legítimo preguntarse si quienes estuvieron en el centro de aquella batalla tienen alguna responsabilidad en explicar lo que ocurrió. ¿O acaso tiene miedo a perder el escaño de senadora? No lo merece si no habla claro.
Porque quizá el problema de fondo sea precisamente ese: demasiadas cosas se dejan sin explicar.
En Ceuta tampoco basta con dejar pasar el tiempo.
Los ceutíes no necesitan que les digan que están cansados. Lo saben. Lo están viviendo. Necesitan saber quién tomó las decisiones, qué información tenía el Gobierno, qué ocurrió en la frontera, qué papel desempeñaron las redes de tráfico de personas, qué responsabilidad corresponde a Marruecos y qué piensa hacer España para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Y necesitan algo más elemental todavía: poder vivir con normalidad.
Poder tender la ropa sin miedo a que se la roben. Poder salir a la calle sin sentirse amenazados. Poder llevar a sus hijas tranquilamente al colegio. Poder abrir un negocio y trabajar. Poder confiar en que detrás de ellos existe un Estado que no aparece únicamente cuando la emergencia ya se ha convertido en un problema imposible de ocultar.
Eso no es xenofobia.
Eso es exigir seguridad.
Y mientras algunos se esfuerzan por encajar cada problema en un relato político, la realidad continúa imponiéndose. El Gobierno tendrá que explicar esta semana en el Congreso qué ocurrió y cómo piensa resolver una crisis que ya ha provocado presión sobre la policía, los juzgados, los servicios sociales y la economía de la ciudad.
Ceuta no necesita discursos de pachorra.
Necesita respuestas.
Y, sobre todo, necesita que quienes gobiernan dejen de confundir la sensibilidad con la debilidad, la solidaridad con la ausencia de control y la prudencia con el silencio.
Porque cuando la realidad contradice demasiadas veces al relato oficial, llega un momento en que ya no basta con cambiar el relato.
Hay que cambiar la política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario