Cataluña recibe 110 solicitudes de eutanasia en el primer año de vigencia de la ley
Durante los primeros seis meses de la entrada en vigor de la Ley se atendieron 68 solicitudes de ayuda para morir y el 65% obtuvo una resolución favorable
El presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña para la Ley de eutanasia, Albert Tuca, reconoce «diferencias territoriales»
A punto de cumplirse el primer año desde la entrada en vigor la Ley de Eutanasia en España, las primeras peticiones reflejan una demanda desigual por regiones e incluso por provincias, y sitúan a Cataluña como uno de los territorios con más tramitaciones de ayudas para morir con más de 110 solicitudes en el último año, una media de 2,5 cada semana. Girona es la provincia con más demanda dentro de esta comunidad autónoma, mientras que la enfermedad principal de los pacientes que la solicitan es la neurodegenerativa por delante del cáncer.
Son datos aportados por Albert Tuca, especialista del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Barcelona y presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña para la Ley de eutanasia, durante su ponencia en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que se celebra estos días en Palma.
«No son ni muchas ni pocas», zanjó Tuca en conversación con ABC, aunque reconoció que comparadas con las peticiones de otros países con tradiciones y culturas diferentes como Holanda y Bélgica «no es nada». «No nos habría sorprendido menos ni tampoco más pero sí hay diferencias territoriales, incluso dentro de una CCAA, ahora tenemos que ver el porqué, ya que estas diferencias son merecedoras de análisis», avanzó.
Desde el 25 de junio de 2021 España reconoce por ley el derecho a la muerte asistida para los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento constante e intolerable.
Según la experiencia aportada por el doctor Tuca en Cataluña, durante los seis primeros meses de vigencia, entre junio y diciembre de 2021, se registraron 68 solicitudes de prestación de ayuda para morir, de las cuales 33 obtuvieron una resolución favorable (65%), cinco desfavorable y 17 seguían en trámite a 31 de diciembre. Nueve personas fallecieron antes de que finalizara el procedimiento y otras cuatro revocaron su solicitud, es decir, se echaron atrás.
El presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña para la Ley de eutanasia, el organismo que tiene la última palabra en la validación de cada petición, defendió que la eutanasia y los cuidados paliativos «no son opciones opuestas, sino alternativas vitales de afrontamiento al final de la vida, diferenciadas y no excluyentes». Defendió que la norma aprobada en marzo del pasado año «pretende armonizar dos derechos amparados por nuestra Constitución, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, libertad y autonomía de voluntad».
En su intervención, el experto afirmó que, según datos recogidos en la literatura sanitaria, «gran parte de las personas que solicitaron eutanasia habían recibido previamente una atención paliativa especializada», lo que confirma «que ambas opciones son el fruto de decisiones vitales independientes».
Según Tuca, los cuidados paliativos integrales en un proceso de final de vida deben entenderse «como un derecho de las personas y como un imperativo ético para todos los profesionales e instituciones sanitarias». Concluyó: «No podemos admitir que el deseo de ayuda para morir de una persona se relacione con el abandono y la ausencia de soporte paliativo. La sociedad nunca ha de entender la eutanasia como una alternativa eficaz, rápida y poco costosa, sino como una decisión personal excepcional de orden diferente a las condiciones de soporte paliativo que deben asegurarse siempre a todo ciudadano».
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