Sortu presiona al Gobierno para excarcelar a la mayoría de etarras tras un fallo de la Justicia europea
Aplicar la sentencia de Atristain supondría anular las condenas a todos los etarras que confesaron estando en régimen de incomunicación cuando fueron detenidos
Para Zigor Raizabal, el abogado de Xabier Atristain, hay pocas dudas: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo explica «de manera muy clara» que el régimen de incomunicación que se aplicaba durante las detenciones de los presos de ETA suponía una «violación» del derecho a una proceso judicial justo y a una defesa efectiva. En una rueda de prensa esta miércoles en San Sebastián ha explicado que, en su opinión, la sentencia «pone en cuestión» todo el sistema de incomunicación que se aplicaba «a la práctica totalidad» de los terroristas. Esta interpretación abriría la puerta a que muchas de las condenas que ahora cumplen los etarras sean declaradas nulas.
Hasta ahora el Gobierno había defendido, y así se lo trasladó personalmente a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) la semana pasada, que el fallo europeo se refería únicamente al caso de Xabier Atristain y que no era extrapolable al resto de presos de ETA.
El secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, se reunió el pasado jueves con la AVT para repasar el informe de la Abogacía del Estado según el cual Estrasburgo no cuestiona el régimen de incomunicación en España con carácter general, sólo interpreta que no se cumplió correctamente en el caso concreto de este etarra. Sin embargo, Sortu ha defendido esta mañana una tesis totalmente diferente.
Según Raizabal, que ha citado en varias ocasiones textualmente la sentencia de Estrasburgo, los magistrados europeos han entendido que lo que se producía durante las detenciones incomunicadas en España tenía más que ver con una «asistencia letrada» que con una defensa efectiva. Ha puesto como ejemplo que no sólo se obligara a los detenidos a defenderse con un abogado de oficio sino que, además, tampoco tenían opción de preparar su estrategia de defensa. «Es un fallo estructural de la garantía de un derecho», ha explicado.
El problema, según la lectura que hace Sortu de este fallo del TEDH, es que muchas de las condenas se basaron en declaraciones que los etarras habían prestado bajo ese régimen de incomunicación o en diligencias practicadas durante el mismo. Por lo tanto, al creer los jueces que durante la detención se menoscabaron derechos fundamentales, las pruebas obtenidas en ese proceso estarían igualmente cuestionadas. Así lo ha entendido también la Audiencia Nacional en al menos dos ocasiones, lo que para el letrado de Sortu convierte las sentencias automáticamente en nulas. «Si no hay derecho a una defensa justa, no puede haber condena», ha añadido Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu.
Excarcelaciones masivas
Esta interpretación que ha hecho esta mañana la izquierda abertzale y que contradice la versión que hasta ahora ha trasladado el Gobierno, podría abrir la puerta a una excarcelación masiva de terroristas. El letrado de Atristain ha recordado además que, según ha reconocido el Tribunal Constitucional en dos sentencias, las resoluciones de Estrasburgo tienen naturaleza de «cosa interpretada». Por lo tanto, sus decisiones son «vinculantes» y generan «efectos más allá del caso en cuestión». Se trata de un régimen de detención que se ha aplicado de forma generalizada en todas las operaciones contra ETA y por lo tanto muchos de los terroristas en prisión podrían estar en una situación similar. «Hay decenas de Atristain en las cárceles», ha defendido Rodríguez.
Desde Sortu han hecho un llamamiento directo al Gobierno, al que han pedido que actúe «de oficio», como ya hizo con la doctrina Parot. Esto supondría declarar automáticamente nulas todas las sentencias en las que se aplicó el régimen de incomunicación ahora cuestionado. En la práctica supondría revisar, y probablemente anular, la casi totalidad no sólo de las condenas de los etarras que aún siguen en la cárcel. También de aquellos que todavía tienen causas pendientes con la Justicia por atentados no resueltos al completo y que no han prescrito.
«No sería justo, ni razonable que se obligara a acudir uno a uno a Europa para que les den la razón», advertía Rodríguez. Además, ha recordado al Gobierno que podría ser una «buena ocasión» para resolver «por cauces estrictamente legales» la «cuestión de los presos». Sortu no ha querido adelantar si iniciará a la vez una ofensiva legal con el resto de presos, aunque todo indica que la presión al Gobierno irá en aumento en los próximos días. «Anunciamos que vamos a dar la batalla», ha concluido Rodríguez.
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