El sector residencial se planta hoy ante Belarra por su propuesta unilateral para eliminar 72.500 plazas
El impacto inmediato será el encarecimiento de 60 euros al día en cada centro a 90 euros, calculan los empresarios. El Gobierno planteará a las autonomías en el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales cambiar el sistema de cuidados
El pasado otoño y superada la resaca letal del Covid en los centros residenciales del país, el Ministerio de Derechos Sociales planteó a las patronales del sector (que suponen más del 75% de las 290.000 plazas disponibles para ancianos y dependientes) reformular el sistema de cuidados. Los empresarios no lo vieron con malos ojos, en principio, porque la propuesta era un cambio de mínimos; pero esto ha dado un giro de 180 grados a pocas horas de que se celebre, hoy, el Consejo Territorial del ramo, en el que la ministra Ione Belarra instigará a los 17 consejeros autonómicos a dar un vuelco radical al modelo actual. Entre las medidas del plan del Ejecutivo, se limita la capacidad máxima de los centros a 75 plazas en residencias del entorno rural, 90 en municipios de intensidad media y 120 en núcleos urbanos.
Los centros de día no ofertarán más de 50 plazas. El sector va a plantar hoy al Gobierno y protestar por un modelo que considera inviable.
La propuesta inicial pasaba por unificar la disparidad de normativas regionales que rigen para el modelo residencial, recuerda a ABC Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y ahí hubo consenso. Pero enseguida conocieron «otra segunda propuesta del todo inasumible»: limitación a 50 plazas en residencias y 100 en los centros de día. Se opusieron y siguieron negociando, a la espera de llegar a un acuerdo on el departamento que en plena pandemia dirigía Pablo Iglesias.
«La ministra ni siquiera va a plantear ante los consejeros una memoria económica del impacto de las medidas, que supondrá mermar el 25%de las plazas existentes en el país, 72.500, en un momento de envejecimiento de la población en el que se necesitan unas 75.000 plazas más», lamenta Fernández-Cid. De acuerdo con los cálculos que ha elaborado el sector, ello conllevará el inmediato encarecimiento de la plaza, «que pasará de 60 euros el día a 90. Eso supone que de 1.800-2.000 euros al mes por plaza se elevará a 3.000 euros y eso no hay familia que lo aguante», se adelanta el presidente de la FED.
Siete años de plazo
Además, no esconde el coste para los empresarios de transformar todos los centros en un plazo de siete años, como les demanda la Administración, y eso cuando hay otras 38.5000 plazas en promoción y construcción. «Nos van a cambiar las reglas de juego en mitad de o tener ya los centros activos o estar construyendo los proyectos. No nos lo podemos permitir. Es un sinsentido y un salto al vacío», objeta.
Para el empresario, lo que busca el Gobierno es que «todo el mundo envejezca en su domicilio, pero hay un 4,2% de mayores de 65 años que ocupan una plaza residencial porque o no pueden estar en sus domicilios o son grandes dependientes. ¿Qué va a pasar con ellos?», se pregunta.
Entre las medidas del Gobierno está la de elevar las ratios de profesionales como enfermeros y auxiliares por centro. «Estamos de acuerdo, pero ahora mismo ya existe un problema para cubrir esos perfiles», acaba Fernández-Cid. De aprobarse hoy, el plan se implantará antes de que termine el año 2029.
No hay comentarios:
Publicar un comentario