EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SUFRIÓ OTRA ESTAFA MILLONARIA EN LA COMPRA DE MASCARILLAS

 El Ayuntamiento de Madrid sufrió otra estafa millonaria en la compra de mascarillas en la primera ola de la pandemia

La Policía Municipal señala a un supuesto consultor neoyorkino que envió material inservible

La venta a precios inflados de materiales sanitarios de dudosa calidad al Ayuntamiento de Madrid con intermediación de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina no es la única estafa que habría padecido el consistorio durante la primera fase de la pandemia. La Policía Municipal presentó en los juzgados un atestado alertando de un fraude de 1,25 millones de euros en la compra de medio millón de mascarillas inservibles a un supuesto empresario de Nueva York, Philippe Haim Solomon, que está ilocalizable.

El atestado, fechado el 5 de marzo de 2021 y presentado en los juzgados de Instrucción de Madrid, forma parte de la documentación que el ayuntamiento remitió a la Fiscalía Anticorrupción en el contexto de su investigación sobre las comisiones millonarias de Luceño y Medina a partir de compras de material que ascendieron a 12 millones de dólares entre guantes, mascarillas y test de autodiagnóstico.

 

En este caso, la compra se aprobó el 23 de marzo de 2020, iban a ser 2,5 millones de euros por un millón de mascarillas FFP2 marca EKO que se adquirirían a través de la consultora Sinclair and Wilde, residenciada en Nueva York. La primera transferencia de dinero público se realizó el 23 de marzo de 2020, el mismo día que el ayuntamiento aprobó la adquisición de material, y se extendió factura por la mitad, 1,25 millones de euros.

Cuando para el 7 de abril las mascarillas ya estaban camino de Madrid, los servicios jurídicos del ayuntamiento detectaron «determinadas irregularididades» que podían llevar al consistorio a romper el contratro. Según la documentación que aporta el atestado de la Policía Municipal, faltaban las certificaciones de calidad y pese a los reiterados emails al responsable de la consultora, no acababan de llegar. Por eso, se dio orden de reintegro de la cantidad transferida al proveedor.

Sin embargo, la mercancía, como los documentos, acabaron llegando a la aduana del aeropuerto de Barajas, donde el 23 de abril la recogió el director general de Emergencias y Protección Civil. El problema fue cuando terminó de abrir las cajas con aquel primer medio millón de mascarillas. Este alto cargo presentó personalmente una denuncia ante la Policía Municipal comunicando que en los tapabocas, «si bien con apariencia de veracidad, existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técicos de la normativa española ni europea, por lo que resulta imposible dotar al personal de Servicios de Emergencia» con ellas.

La Policía realizó un estudio sobre las mascarillas. Llegó a la conclusión de que ni los productos en sí, por su propia configuración, ni la documentación que viajaba adjunta se ajustaban a los requisitos legales para los equipos de protección individual. Trató de localizar al empresario supuestamente neoyorkino e incluso pidió colaboración a la policía metropolitana de Nueva York para que comprobasen si al menos el domicilio de la consultora era real y su titular se encontraba allí.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC, los agentes se personaron en la dirección indicada pero no hallaron a Solomon, sino a un tal Fong que decía utilizar ese piso como sede fiscal de su propia compañía, sin relación alguna con la consultora Sinclair and Wilde. Reconoció que permitía a Solomon utilizar aquella misma dirección como si lo fuera de su empresa, aunque no tenía relación con él y nunca le había visto en persona. Indicó asimismo que al supuesto consultor le estaban llegando requerimientos judiciales de distintas instancias, como el Tribunal de Florida. De su paradero, ni una pista.

Para la Policía Municipal, hay indicios suficientes como para presumir un delito de estafa «debido a que se ha utilizado suficientemente el engaño al Ayuntamiento de Madrid para realizar una compra de un total de un millón de mascarillas por un valor de 2,5 millones de euros en la situación de pandemia mundial, abusando de la posible credibilidad que da un importador para realizar la compra».

En este sentido, detalla que la documentación facilitada con las mascarillas ni se corresponde con la que exige la UE o España, »incluyendo documentos que se indican para otros productos, como pueden ser cosméticos», pero además, llevaban «indebidamente el marcado CE» para simular que el producto se ajustaba a la normativa «con fines comerciales y sin consentimiento de la UE». Habla igualmente por ello de un posible delito contra los consumidores.