EL PSOE CUELA EN LA LEY CONCURSAL UN ASCENSO A DOLORES DELEGADO CUANDO CESE

 El PSOE cuela en la ley concursal un ascenso a Dolores Delgado cuando cese

PP, Vox y Ciudadanos denuncian la maniobra de los socialistas, incluida en una enmienda a la nueva Ley Concursal

La fiscal general, Dolores Delgado, no volverá a ser fiscal rasa de la Audiencia Nacional cuando cese en su puesto sino que se convertirá en fiscal de Sala del Tribunal Supremo, si el Congreso aprueba la reforma que los socialistas están intentando colar en la nueva Ley Concursal. La enmienda 603 de este proyecto lleva el sello del PSOE y establece lo que es una retirada dorada para los fiscales generales. No en vano, la Fiscalía de Sala es la máxima categoría de la carrera y cuenta, por tanto, con el máximo sueldo.

Todos los partidos conservadores criticaron este miércoles la medida porque, hasta ahora, el fiscal general nombrado desempeñaba su puesto en comisión de servicios y al cesar, volvía a la plaza de la que procedía.

Si no era fiscal de Sala, como fue el caso de Maria José Segarra, una vez en ese destino podía progresar, pero pasando el concurso de méritos y capacidad y el filtro del aval del Consejo Fiscal. El cambio que pretenden los socialistas supone una promoción directa y la primera Fiscal General en beneficiarse sería Delgado, cuestionada dentro y fuera de la carrera.

El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, fue el primero en denunciar la maniobra asegurando que se trata de «un ascenso encubierto» y «hecho a la medida» de la exministra. «Se retirará con una retribución muy superior a la que le corresponde ahora», criticó. Además, denunció que los socialistas hayan introducido esta «recompensa» en una «ley eminentemente económica» que no tiene nada que ver con la Fiscalía ya que traspone una directiva europea para regular los concursos de acreedores. El momento elegido también es objeto de crítica por parte de los populares ya que Delgado está siendo criticada por la Fiscalía Europea por mantener la investigación sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso en Anticorrupción. «Favor con favor se paga», concluyó Santamaría.

Desde Vox, su portavoz adjunta, Macarena Olona, aseguró que los socialistas «no tienen vergüenza» y crítico que pretenden ascender «por Ley» a la exministra. «Cuando cese en la Fiscalía General adquirirá la máxima categoría», denunció en línea con Santamaría. Y en sentido similar se pronunció su homólogo en Ciudadanos, Edmundo Bal. «Es indignante. En una reforma de la Ley Concursal se blinda el regreso de Dolores Delgado cuando deje de ser fiscal general. Se la asciende porque antes no era fiscal de Sala. Pagando sus servicios. Es intolerable», atacó. «Habrá otros muchos fiscales que por edad, experiencia, mérito y capacidad se lo merezcan más que ella», censuró.

Llop se aferra al Greco

Lejos de dar marcha atrás, la ministra de Justicia, Pilar Llop, desacreditó estos reproches y acusó a PP, Vox y Cs de criticar la medida por «desconocimiento». «Estoy segura de que cuando lo lean tranquilamente estarán de acuerdo», señaló. En esta línea, aseguró que la medida busca reforzar la independencia de la Fiscalía y que la aplaude «toda la carrera fiscal». Continuó sosteniendo que no se trata de una medida «ad hoc» para Delgado, aunque ella vaya a ser su primera beneficiaria, porque «podrá acogerse cualquier persona que sea fiscal general». Y remató argumentando que el cambio responde a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en cuanto a que España debe adoptar medidas «que garanticen que quien sea fiscal general no va a actuar con arreglo a presiones de cualquier tipo de grupo». En su opinión, garantizar «una salida correspondiente a la dignidad» del cargo de fiscal feneral del Estado es una apuesta por la libertad de actuación de quien dirige la Fiscalía.

Cabe recordar que Delgado fue ministra de Justicia con Pedro Sánchez y diputada del PSOE, lo que convirtió su designación como fiscal general del Estado en una de las decisiones más cuestionadas del Gobierno dentro y fuera de la carrera fiscal. El Greco viene efectivamente recomendando a España que promueve la independencia de la Fiscalía, como del resto de los órganos de la Administración de Justicia, pero ninguno de sus informes ha entrado en el pormenor de qué categoría debe tener el fiscal general del Estado cuando abandone el puesto.

«Es un disparate»

Es por eso que las explicaciones de Llop no convencieron a los grupos de la derecha. En declaraciones a ABC, PP, Vox y Ciudadanos recordaron que las recomendaciones del Greco solo incluyen un punto general sobre la independencia de la Fiscalía. «Fortalecer la autonomía e independencia del fiscal general», es la recomendación textual de la institución. «Si aún estamos en que el Gobierno defiende la apariencia de independencia, neutralidad e imparcialidad de Dolores Delgado es que deben pensar que somos lactantes», criticó Santamaría. «Ya nos explicarán cómo se fortalece la independencia ascendiéndola», cargó Olona. «¡Cómo va a ser una recomendación del Greco este disparate!», atizó Bal, recordando que hasta la fecha, el Gobierno no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones que le ha hecho este órgano.

Lo recordaban también la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente, críticas con esta maniobra que ven prescindible e interpretan como la búsqueda de una «salida de urgencia» para Delgado. En la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que ella está adscrita, no ven problema. Conforme señalaban, las recomendaciones del Greco para la Fiscalía se centran en otras cuestiones, como reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general o establecer procedimientos jurídicos para la transparencia en sus comunicaciones con el Gobierno. La enmienda del PSOE sólo recoge un cambio en este sentido:que cuando la Fiscalía General adopte una decisión sobre un asunto que ha puesto en su conocimiento el órgano de gobierno de una comunidad autónoma, la comunique a Moncloa si lo considera oportuno y no sólo al denunciante.

Llueve sobre mojado

No es la primera vez que el Gobierno utiliza leyes y decretos para introducir de tapadillo reformas que nada tienen que ver con esa norma. De hecho es una práctica muy común para este gobierno. ABC destapó recientemente que la parte final de los Presupuestos de 2022 incluyó 25 reformas que cambiaron las leyes de asilo, víctimas del terrorismo o la jurisdicción social. Además, el Ejecutivo coló las subidas de los impuestos de Sucesiones, ITP y Patrimonio en la Ley Antifraude, utilizó el último decreto de las mascarillas para aprobar una paga extra a los pensionistas, o introdujo exenciones fiscales a la UEFA en el decreto del teletrabajo.