UN MATERIALISMO DE ESTA ÉPOCA.
El 25 de junio 2021 entró en vigor la LORE (Ley Orgánica reguladora de la eutanasia), en ella los profesionales sanitarios (medicina y enfermería) están obligados a realizar el acto eutanásico salvo que se acojan a la objeción de conciencia, es decir solo aquellos profesionales que se inscriban en un registro establecido al efecto no podrán ser llamados para acabar con la vida de aquellas personas que quieran hacer uso de este nuevo derecho y que obliga a estos profesionales a poner punto final a la vida del otro, así pues la LORE usa la formación y capacitación de estos con una determinada finalidad: dar muerte.
Existe una preocupación en gran parte de estos profesionales ante la posibilidad de verse inmersos en una nueva realidad ajena a su actividad asistencial: la demanda de eutanasia que realiza una persona que padece “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”. El acto eutanásico atenta contra el juramento hipocrático, el código deontológico médico y la moral, y valores que guían a una inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que trabajan con la intención de recuperar o preservar la funcionalidad y/o bienestar de aquellas personas que atienden, o que tratan aquella sintomatología que menoscaba la salud e integridad de los enfermos en la recta final de su vida.
La LORE obliga a todas las personas solicitantes de eutanasia a un acceso previo a unos “cuidados paliativos integrales”, lo que supone que se cuente con aquellos equipos de cuidados paliativos que trabajan actualmente en este campo de la medicina y cuya actividad asistencial es de por sí ajeno a la prestación de la ayuda a morir; la mayor parte de estos profesionales no desean verse inmiscuidos en esta prestación ya que se corre el riesgo de asociar la atención de un equipo de cuidados paliativos con el acto eutanásico entre otros motivos ya mencionados.
En Cuidados Paliativos acabar con la vida no es lo mismo que acortarla en aquellas personas en una situación de terminalidad avanzada que previamente han seguido diferentes tratamientos tanto curativos como paliativos y que presentan una sintomatología no controlada con los fármacos habituales que en ocasiones obliga a “llevar al sueño” a una persona para facilitar su control, son conceptos muy diferentes... y las intenciones también lo son.
Finalmente unas reflexiones en contra de la actual LORE: la eutanasia no es un acto médico ya que supone acabar con la vida de una persona (las justificaciones se han mencionado antes); los profesionales de la sanidad que no deseen participar en el acto eutanásico están obligados a inscribirse en un registro como objetores y cualquier registro supone dejar constancia de un hecho para un tercero o para que la autoridad competente esté informada del mismo y ¿por qué los profesionales de la medicina tienen la obligación de exponer ante terceros su ideología, sus creencias y valores, simplemente por el hecho de no querer participar en un acto eutanásico al que se ve obligado por ley (lexusus)? La Constitución Española no obliga a este registro al ser este un derecho fundamental recogido en ella, por tanto no declarable, y además ¿quién puede asegurar que ese registro no pueda ser utilizado de forma inadecuada en un futuro?
Aportación a la gestión de la actual LORE: crear un grupo de profesionales voluntarios concienciados de la necesidad de aplicar esta ley y que se responsabilicen de la ejecución de la ayuda para morir; aquellas personas que soliciten el acto eutanásico no serán tratadas con antibióticos, sondas u otros procedimientos tanto curativos como paliativos que pudieran alargarles la vida, pero sí en cambio se les ofrecerá un solo y exclusivo soporte sintomático para controlar aquella sintomatología que sea motivo de incomodidad o malestar..., estas son solo algunas propuestas desde este lugar de opinión.
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