El Gobierno aprueba la parte 'light' de una reforma de pensiones que traerá un ajuste de 30.000 millones
Las jubilaciones vuelven a estar ligadas al IPC y se introducen penalizaciones a las jubilaciones anticipadas
El déficit del sistema se cubrirá con impuestos a la espera de medidas que equilibren su salud financiera
Luz verde al anteproyecto de ley que incluye la primera pata de la reforma del sistema de pensiones prometido a Bruselas. El consejo de ministros ha aprobado la nueva norma, que entrará en vigor en 2022, tras su paso por las Cortes, y que supone solo el aperitivo de una reforma global pactada con Bruselas y con la que el Gobierno se ha comprometido a ahorrar al sistema unos 30.000 millones de euros.
La parte amable de la reforma incluye la eliminación de los aspectos más polémicos de 2013, como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en casos de déficit, o el llamado factor de sostenibilidad. Este último, eso sí, deberá ser reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional aún sin definir y que Gobierno y agentes sociales deberán tener listo antes del 15 de noviembre. Además, se vuelven a ligar las pensiones al IPC, lo que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sistema.
Esta es precisamente la parte más compleja, y que se abordará en la siguiente etapa de las negociaciones. De partida, esta medida costará 2.400 millones de euros anuales, según cálculos de Fedea, cantidad que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, espera neutralizar con los ingresos que logre en la segunda parte de la reforma y que incluyen la subida de impuestos a los sueldos de más de 49.000 millones, la ampliación de los años que se toman en cuenta para calcular las pensiones, actualmente en 25 años, o los ahorros que consiga con la jubilación demorada. El ajuste global que persigue Escrivá -y al que se ha comprometido con Bruselas- es de 3 puntos del PIB, el equivalente a 30.000 millones.
Además, la garantía a los jubilados de la revalorización de sus nóminas con el IPC impone además importantes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro. En la siguiente fase se revisará también el sistema de cotización de los autónomos, que fue excluida de este acuerdo tras una fuerte polémica tras una propuesta de Escrivá que este colectivo tachó de «inaceptable».
Otras de las palancas utilizadas por Escrivá para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que ahora se anota unos número rojos de más de 20.000 millones, son los ajustes contables. Los denominados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social se trasladan con la reforma a los impuestos a razón de unos 21.000 millones al año, el equivalente al 2% del PIB. A finales de este año se habrán inyectado ya casi 14.000 millones, tal y como estaban recogidos en los Presupuestos, y cada año el dato irá aumentando hasta la cifra acordada con Hacienda. Todas estas proyecciones están, no obstante, muy cogidas con pinzas dado el dilatado escenario previsto para la aplicación de los cambios y la incertidumbre que ello comporta.
A continuación sigue una lista de las medidas con las que se busca hacer sostenible el sistema:
Poder adquisitivo garantizado
Se garantiza la revalorización con el IPC del año anterior para los jubilados. El Gobierno ha renunciado a exigir ajustes en su paga cuando los precios bajen. Se deroga así el índice de revalorización de la reforma de 2013 que obligaba a revalorizar las nóminas un 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.
ESTO NOS VA A DEJAR EN LA RUINA.
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