CONSEJO DE MINISTROS DA LUZ VERDE AL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

 El Consejo de Ministros da luz verde al autoconsumo eléctrico.

Puede ser individual o compartido y puede verterse a la red la energía excedente, que será remunerada.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto del autoconsumo energético, que consiste en el uso de la energía generada por una instalación renovable, normalmente paneles solares, para el consumo propio.

Entre otras medidas, habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales, reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida. El impulso del autoconsumo tendrá un «efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores», según ha declarado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre otras cuestiones, la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, por su carácter distribuido; favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.

El texto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento, solo existía una posibilidad: el autoconsumo individual conectado a una red interior. Con la nueva norma, se consagra la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización.

Además, se define el concepto de «instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas». Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda –única posibilidad contemplada hasta la fecha–, como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.

Compensación de excedentes

Otra de las novedades del real decreto es la implantación de un mecanismo simplificado de compensación de excedentes, esto es, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente.

Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con el real decreto aprobado hoy, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual.

Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW), y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable. La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.

Por otro lado, y en el caso del autoconsumo colectivo, el real decreto también abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía.

Con el objeto de impulsar el desarrollo del autoconsumo y ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías.

Simplificación administrativa

El real decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su comunidad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación.

Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su consentimiento.

De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes.

En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer el «reparto de energía» entre los consumidores participantes.

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se modifica el reglamento electrotécnico de baja tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos.

Reacciones

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) destaca que el derecho al autoconsumo compartido y la compensación económica de los excedentes de energía con facturación neta «suponen el empoderamiento del consumidor, que va a tener libre acceso a la producción y venta de energía limpia. En el nuevo escenario, que define un marco estable y de libre mercado, se prevé la instalación de alrededor de 400 MW de autoconsumo al año, lo que evitaría la emisión anual de 4.000.000 de toneladas de CO2 a la atmósfera».

«Necesitábamos un marco regulatorio que permitiera avanzar a los ciudadanos en la generación de su propia energía», ha afirmado Carlota Pi, presidenta de Holaluz. Y destaca que «se confirma la desaparición de cualquier cargo por energía autoconsumida, certificando el fin del conocido como Impuesto al sol, así como los servicios auxiliares, que hasta ahora obligaban a que el titular de consumo fuera el mismo que el de generación».

Ernesto Macías Galán, director general de Solarwatt España, cree que el decreto es, en general, «muy positivo», como la desaparición del impuesto al sol y el fin de la incertidumbre regulatoria que es uno de los frenos más mencionados al autoconsumo entre particulares, así como la simplificación administrativa. «Con el nuevo reglamento un particular que quiera instalar un sistema de autoconsumo lo tiene más sencillo y la burocracia es mucho menor».

Añade que «queda en el aire ver cómo se implementa en la práctica el balance neto, cuál va a ser el mecanismo de compensación de los excedentes de energía que los particulares vuelquen a la red, que no está claro como va a ser en la realidad».

La aprobación del decreto «es un paso de gigante en materia de autoconsumo para el futuro de nuestro país. Las principales consecuencias que tendrá será una generación directa de empleo, una reducción de la incertidumbre por parte de los consumidores, una reducción de la contaminación y un mayor ahorro por parte de aquellos ciudadanos, comunidades y empresas que opten por el autoconsumo, según Edgar Imaz, cofundador de SotySolar.«Estamos convencidos de que empezaremos a ver ya azoteas llenas de paneles solares disfrutando de las bondades del autoconsumo».

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, considera que la autoproducción de energía «supone un impulso para la competitividad de las explotaciones de regadío».

Para Del Campo, el desarrollo del autoconsumo «muestra la voluntad política de ponerse del lado de los consumidores, que se ven obligados a pagar en forma de costes fijos el agujero económico que se deriva de una estrategia errónea en materia energética prolongada durante años».

Concretamente, consumidores estacionales como los regantes han visto cómo en los últimos diez años estos costes fijos regulados por el Gobierno se han incrementado más de un 1.000% «con la excusa de cubrir el déficit de tarifa», lo que ha provocado que el aumento medio de la factura de la luz para el regadío haya sido superior al 110% en este periodo. Esto ha llevado a que buena parte de los regadíos modernizados, que ahorran agua pero demandan más energía, no resulten económicamente viables.

«Este decreto permite mitigar esta situación, sentando además las bases para conseguir otra petición histórica de los regantes como es el balance neto, cuyo objetivo es inyectar a la red nacional la energía autoproducida que no se consuma y tomarla de la red cuando no sea suficiente la energía autoproducida en la instalación», según Del Campo.

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