UN DOCUMENTO NOTARIAL PRUEBA QUE VILLACIS FALSEÓ SU CESE EN LA SOCIEDAD.

Un documento notarial prueba que Villacís falseó su cese en la sociedad

Su marido compareció ante notario en 2016, siendo ella concejal, como «administrador solidario» de la empresa.

El relato de Begoña Villacís para desvincularse de la sociedad que compartía con su marido «desde 2011» se desmorona. La líder de Ciudadanos en Madrid dijo la pasada semana, para salir al paso de las informaciones de ABC, que permaneció como administradora solidaria de Iuriscontencia S.L. hasta marzo de 2018 «por un error con el Registro Mercantil», cargo que no reflejó en su declaración de bienes y actividades en el Ayuntamiento de la capital. Como alegó a este diario: «No sabía que estaba dada de alta».

Villacís argumentó que había dejado el cargo en septiembre de 2011, casi siete años antes, pero la sociedad no lo elevó a público. Distribuyó entre los periodistas una fotocopia del acuerdo de cese, firmada por ella y por su marido, Antonio Suárez-Valdés, para esgrimir que desde el 1 de septiembre de 2011 ella ya no era de facto administradora de Iuriscontencia. El documento predatado fue presentado en el Registro Mercantil siete años después, en marzo de 2018. La candidata de Albert Rivera para la Alcaldía de Madrid insistió, a preguntas de este diario, que desde septiembre de 2011 «mi marido lo hizo todo como administrador único de la empresa», pero los documentos oficiales la desmienten, tal y como ha podido comprobar ABC.

Compra compartida

Antonio Suárez-Valdés compareció ante notario el 1 de abril de 2016 -cuando Villacís ya era concejal- para comprar, a través de la sociedad, una oficina de dos plantas y 176 metros cuadrados en el barrio de Argüelles (Madrid) y una plaza de garaje. El abogado acudió como «administrador solidario» de Iuriscontencia S.L., para lo que tuvo que aportar al notario la correspondiente escritura pública. Seguido, la sociedad acudió al Registro de la Propiedad número 26 de Madrid para inscribir los bienes a su nombre, haciendo constar la misma información: «administrador solidario». Es decir, que la gestión de la sociedad la compartía con su esposa.

Iuriscontencia solo ha tenido dos administradores solidarios desde su creación, en febrero de 2007, Antonio Suárez-Valdés y Begoña Villacís, según acredita la base de datos del Registro Mercantil. Esto significa que la pareja sabía en 2016 que no se había producido cese alguno en la sociedad, pese a que ya habían pasado casi cinco años de la «dimisión» que ahora esgrime (el régimen de administradores solidarios habilita a cualquiera de los dos a firmar en nombre de la sociedad con plena capacidad legal).

ABC ha solicitado a Begoña Villacís ver la escritura de compraventa de estos inmuebles, en la que se evidencia que la edil seguía como administradora, pero se ha negado a mostrarla. Esgrime que no tiene acceso a esa documentación porque está «desvinculada de la sociedad». Preguntada entonces por si puede solicitarla a su marido, también se ha negado tajantemente. No obstante, este diario ha podido consultar los documentos oficiales de la operación inmobiliaria, que no dejan lugar a dudas.

Desde la Ejecutiva nacional de Ciudadanos se ha impuesto la directriz del silencio sobre el caso Villacís. La defensa de la concejal se ha dejado en sus propias manos, ya que, como explican fuentes del partido, hay malestar. «Nadie sabe por qué no resolvió sus asuntos y han tenido que estallar con la cuenta atrás para las Elecciones Generales, municipales y autonómicas».

Izquierda Unida va a ser el único partido que tome acciones judiciales contra Villacís. En el Ayuntamiento, la alcaldesa, Manuela Carmena, va a pasar página respecto al caso de la concejal de Cs. Todo pese a que cuenta con un informe interno elaborado por Asesoría Jurídica y Secretaría del Pleno que confirma el incumplimiento de la edil de sus obligaciones en el cargo público. Dicho documento recoge que la regidora podría interponerle una sanción o llevar el asunto a Fiscalía, pero lo va a dejar correr. Sobre todo teniendo en cuenta que la exjuez está pendiente de una sentencia, en segunda instancia, que puede ratificar que está obligada a dar información sobre un fondo de inversión donde tiene 341.891,39 euros. El denunciante quiere saber si se trata de una sociedad de inversión de capital variable (sicav), una forma de inversión colectiva que se suele emplear para evasión fiscal.

VAYA, SE LE HA FASTIDIADO LA CARRERA POLÍTICA.