El fin de un modelo

La investigación a Rato debe acabar con una forma de hacer política y negocio.

La investigación judicial en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, apunta más lejos que los supuestos delitos fiscales que dieron lugar a una retención apresurada del propio Rato y a una torpe tramitación de los cargos por parte de las autoridades dependientes del Ministerio de Hacienda. El juez Serrano-Arnal le tomó declaración ayer durante tres horas sobre presuntos delitos de corrupción entre particulares (Rato habría cobrado una comisión de al menos 835.000 euros a cambio de la adjudicación de publicidad de Bankia a las centrales de medios Zenith y Publicis), blanqueo de dinero y fraude fiscal. Tras la declaración, Rato quedó en libertad, pero el juez le ha retirado el pasaporte y le obliga a presentarse una vez al mes en el juzgado.

Más allá de la obvia apelación a la presunción de inocencia, garantizada por el sistema judicial, y las consideraciones que puedan hacerse sobre las dificultades actuales de un personaje público de especial relevancia durante los Gobiernos de Aznar, es evidente que la credibilidad del exvicepresidente disminuye a pasos agigantados cada día que pasa, a medida que se van acumulando nuevas pruebas e investigaciones. Son inverosímiles, por ejemplo, las explicaciones ofrecidas sobre el dinero percibido por Rato procedente de las agencias de publicidad.

Es irremediable interpretar que la investigación sobre Rato tendrá consecuencias políticas para el Partido Popular. No estamos ante un caso más de presunta corrupción, en el que una serie de personas parasitan dineros públicos con la connivencia de políticos y funcionarios sobornados. Rodrigo Rato formó parte del núcleo de poder y actuó en la conformación del partido que ganó las elecciones en 1996. Aunque sus apoyos internos hayan sido escasos en los últimos tiempos, disponía del prestigio suficiente para ocupar puestos relevantes y disfrutar de relaciones políticas que no están al alcance de todos. Y así lo demuestra su entrevista reciente con el ministro del Interior, causa de un alboroto político justificado.

Lo que de verdad se ventila en el caso Rato es el final de una manera de hacer política y, sobre todo, de una manera de hacer negocios. Si se confirman las presunciones de la justicia contenidas en los expedientes de investigación estaríamos ante otro caso de caza y captura de comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares, además de intrincados procedimientos para ocultar las obligaciones fiscales. Este no es el modelo de economía que quieren los ciudadanos y, desde luego, tampoco el modelo que defendía en abstracto el exvicepresidente en sus discursos.

Como es de rigor, los hechos han de investigarse hasta el final. Pero también hay que pedir una cierta rapidez que no esté reñida con el rigor; no es lo mismo sustanciar el caso en el plazo de entre 12 y 18 meses que demorarlo hasta que se convierta, a efectos de los ciudadanos afectados y de la percepción social, en un caso eterno y, por lo tanto, olvidado. Tanto los implicados (el juez interrogará a otras 16 personas además de Rato) como los contribuyentes lo agradecerán.

ESTO DEMUESTRA QUE LAS CLASES EXTRATIVAS NO SE CONFORMABAN CON SACARNOS LOS CUANTIOSOS IMPUESTOS SINO QUE IBAN MUCHO MÁS ALLÁ, A COGER TODO LO QUE ENCONTRABAN A SU PASO SIN NINGÚN RECATO